Perfil | Opinión
Tras finalizar su misión técnica en la Argentina esta semana, el FMI aseguró que la deuda pública del país “no es sostenible” e instó a los acreedores privados a avanzar en una “operación de deuda definitiva”, es decir, un llamado a la reestructuración y a una quita de lo adeudado. De este modo, el organismo internacional avaló la posición argentina reconociendo la gravedad de la situación y coincidiendo con la caracterización gubernamental.
Ante ello, el presidente Alberto Fernández celebró que “el FMI reconozca la posición argentina respecto de los procesos de endeudamiento. Si todas las partes demuestran voluntad de acordar, podremos volver a crecer, honraremos nuestros compromisos y volveremos a tener una Argentina de pie”.
Fue un hito importante en una historia que recomenzó el 8 de mayo de 2018. En esa fecha, Mauricio Macri anunció que la Argentina volvía a solicitar ayuda financiera al FMI. Unos días después, el 13 de mayo de 2018, yo escribía una nota en un matutino de la Ciudad de Buenos Aires donde afirmaba: “Todavía no se conocen los avances de la negociación, pero el sendero a recorrer es bastante claro, se pedirán metas fiscales casi imposibles de cumplir, que además, impactarán negativamente en la actividad y en la recaudación. Esto implica daños en el tejido productivo, en el empleo y en la distribución del ingreso, en tanto el nuevo financiamiento dejará un mayor tendal de deuda, una hipoteca intergeneracional que algún día costará levantar”.
Lo dijimos: allí comenzaba a acelerarse el proceso de ajuste en la Argentina y a profundizarse el escenario de crisis aguda que finalmente recibió el actual gobierno en diciembre. Fue la crónica de una crisis anunciada. Pero, el gobierno de Cambiemos no actuaba solo: tal como recientemente lo han afirmado el Presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía, hubo una corresponsabilidad del FMI en la profundización de esa crisis.
El comunicado emitido este último miércoles por el equipo del Fondo lo reconoce implícitamente cuando señala que “esos riesgos a la sostenibilidad de la deuda se han materializado. De hecho, desde julio de 2019, el peso se ha depreciado en más del 40 por ciento, el riesgo soberano ha aumentado cerca de 1.100 puntos básicos, las reservas internacionales han disminuido alrededor de 20 mil millones de dólares y el PIB real se ha contraído más de lo que había sido proyectado. Como resultado, la deuda pública bruta aumentó a cerca del 90 por ciento del PIB a fines de 2019, 13 puntos porcentuales más que la proyección en el momento de la Cuarta Revisión”.
Luego agrega: “A la luz de estos desarrollos, y sobre la base del análisis de la sostenibilidad de la deuda de julio de 2019, el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible. Específicamente, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible. En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad”. Finalmente, el comunicado del FMI señala que el organismo “tuvo reuniones muy productivas con las autoridades argentinas sobre sus planes y políticas macroeconómicas (…) y están actuando para resolver la difícil situación económica y social que enfrenta el país”. Es decir: a diferencia de lo que dice la oposición, el FMI reconoce que la Argentina tiene un plan. El Gobierno trabaja para salir de la crisis, pero también para recuperar una senda de crecimiento con inclusión social; a ello se refiere cuando asegura que volveremos a tener una Argentina de pie.