Ámbito Financiero | Opinión
A esta altura de los acontecimientos, no caben dudas de que, a excepción de un muy reducido grupo de personas y empresas que se privilegiaron, estamos padeciendo la acumulación de cuatro años de políticas que redundaron en un profundo empeoramiento en la calidad de vida de todos y todas.
Fue particularmente brusca la caída de los ingresos reales de los segmentos más desprotegidos, como consecuencia de los sucesivos aumentos de precios de los alimentos, de los servicios públicos y de los medicamentos, entre otros. La gestión anterior también recortó importantes prestaciones públicas, agravando la de por sí delicada situación social.
El panorama a encarar por el Gobierno no es para nada fácil. La actividad económica ya lleva un año y medio de retroceso, la tasa de desocupación es la más alta desde 2006 y los niveles de pobreza e indigencia se encuentran en los valores más altos desde 2008. Se registran 17 meses de caída de la actividad industrial y la deuda externa con respecto al PIB se encuentra en su peor momento desde el año 2004. Esto torna al ajuste del gasto público como un elemento inviable, como lo expresaron el propio presidente Alberto Fernández y sus ministros.
Es por ello que dentro de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva ya aprobada por ambas cámaras se declara la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social”.
El eje central para hacer frente a esta situación lo constituye un conjunto de Acuerdos Básicos de Solidaridad en la Emergencia para lo cual se convocará a representantes de distintos sectores de la sociedad argentina.
Adicionalmente, para poder financiar las políticas que tiendan a revertir la cruda realidad se requerirá de la renegociación de la deuda pública y la obtención de recursos a través de impuestos sobre aquellos sectores de mayores ingresos.
Un ejemplo de ello es el Impuesto por una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), incluido en la Ley mencionada. El mismo establece un gravamen del 30% para las compras con tarjeta de crédito y débito, ya sea en el exterior o a través de plataformas digitales.
Esta iniciativa tiene el objetivo de disminuir la salida de divisas (una dinámica muy presente en los últimos años, cuyas consecuencias están presentes), fomentar el turismo y obtener una mayor recaudación.
Asimismo, se permite el establecimiento de derechos de exportación con retenciones máximas para varios productos. Este escalonamiento deja en claro la capacidad de contribución de cada sector y, como lo expresó el ministro Matías Kulfas, se intenta promocionar a quienes agregan valor en origen. Adicionalmente, “el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de segmentación y estímulo tendientes a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación”, considerando además la distancia entre los centros de producción y comercialización.
Las modificaciones en el tributo a los bienes personales también merecen un párrafo aparte. Partiendo de la base de que éste constituye uno de los gravámenes más progresivos de la estructura tributaria, se incrementa la incidencia del mismo a través de una adecuación de las alícuotas. Pero además se faculta a duplicar las tarifas aplicadas a los bienes situados en el exterior, con la salvedad de que en caso de repatriación de los activos financieros el incremento se podrá disminuir. Cabe recordar que como consecuencia de la Ley de Sinceramiento Fiscal de 2016, la mayoría de los activos declarados permanecieron en el exterior por la no obligatoriedad de ser repatriados.
En definitiva, los aspectos de la nueva ley mencionados en esta columna son parte constitutiva de un plan general que da comienzo a un importante giro en las prioridades de Gobierno. Un cambio de rumbo que pone en marcha las herramientas de política económica que permitirán encarar distintos frentes de emergencia que deben resolverse con premura y privilegiando a los que más padecieron las medidas de la anterior gestión.