Tiempo Argentino | Opinión
Una de las promesas que realizó Mauricio Macri en la campaña electoral de 2015, y que hasta hace poco aún quedaba incólume, fue la de la liberalización total de los mercados, en especial el cambiario. Un enfoque ya presente en la citada campaña, y expresado luego por el Presidente durante su mandato en varias oportunidades: «El gobierno tiene que ser como un canchero de fútbol, tenés que cortar el pasto, marcar la cancha y es la gente la que tiene que jugar» (La Nación, 7/8/15). Pero siempre dijimos que esas políticas eran insostenibles.
Por eso, a partir de la volatilidad cambiaria que se expresó durante agosto, y utilizando la jerga futbolística a la cual es tan afecto Macri, no tuvo otra opción que aplicar el VAR. Es así que cambió de ministro de Hacienda, salió con el reperfilamiento de deuda y luego instaló regulaciones en el mercado de cambios. Algunas de ellas para favorecer la entrada de divisas, obligando a los exportadores a liquidar en cinco días los dólares que aún tenían retenidos en el exterior (gracias a que el gobierno había levantado toda obligación de liquidarlos). Las medidas también regularon varias operatorias, con un límite a las compras de dólares billete a las personas humanas (U$S 10 mil) y la prohibición de estas adquisiciones para las personas jurídicas, entre otras.
En la semana se popularizó el «rulo». Esta es una operatoria legal pero altamente especulativa que permite obtener elevadas ganancias en dólares a partir de cambiar dólares billete por títulos públicos, volver al dólar billete con la ganancia incrementada, y así volver a realizar la misma operación. Ante esta situación, tanto el BCRA como la Comisión Nacional de Valores (CNV) plantearon limitaciones.
La reflexión que surge de estas cuestiones es que este gobierno sabe cómo hacer para frenar distintas conductas especulativas, y si no lo ha hecho antes es porque este tipo de medidas son contrarias a sus ideales, a su enfoque de cómo debe funcionar la economía. Tal es así que tanto Macri como sus funcionarios dijeron que son «medidas de emergencia», «no nos gustan» y son «transitorias», originadas en una situación excepcional luego de las PASO. De hecho, aún resuenan las palabras del presidente a Mario Vargas Llosa: «Si ganamos, iremos en la misma dirección, pero lo más rápido posible».
Aquí aparece otro tema, negar toda responsabilidad de la crisis por la que está atravesando el país, e intentar asignarla al resultado de las PASO y a quienes eligieron una opción distinta a la que representa Macri.
El Presidente afirmó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas: «Hemos avanzado mucho, pero tenemos pendiente terminar de resolver la estabilidad económica». Estas palabras no hacen más que ocultar una verdad irrefutable: la inestabilidad es consecuencia de las políticas de desregulación a las que adscribe este gobierno y que afectan directamente la vida cotidiana de la población.
Lo dijimos y demostramos en varias oportunidades: la volatilidad que está atravesando la economía en estos meses es el resultado del modelo aplicado por el gobierno. Pero también se puede encontrar similar información en diversas fuentes. Por ejemplo, en una nota muy difundida del diario El País, de España (9/9/19), se sostiene: «Los bonos, antes de las primarias, llegaron a pagarse casi al 60%, pese a ofrecer unos intereses superiores al 10%. ¿Qué significaba ese descuento? Que se daba por supuesto un serio riesgo de impago».
Estas observaciones dejan en claro que los problemas de la deuda ya existían antes de las Primarias, derivados del elevado endeudamiento en dólares y a corto plazo, entre otras razones.
No obstante, aún persiste la idea de asignar toda la responsabilidad a la «herencia» recibida. Un ejemplo interesante es un pasaje de la nota de Carlos Pagni en La Nación (12/9/19): «La inflación que (Alberto Fernández) debe doblegar fue la consecuencia inevitable de la destrucción de aquellos equilibrios heredados, que terminaron provocando el colapso fiscal, energético y cambiario con que se encontró Macri». Una opinión que no posee un correlato en los hechos. Más aun, puede contraponerse con otra apreciación reciente de un exfuncionario de Macri, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que «si bien la herencia macroeconómica recibida no fue ideal, no se la puede culpar por los resultados». Entre «no ideal» y «colapso» hay una gran diferencia.
La dura realidad
Los datos de la economía hablan por sí solos. En estos días el Indec terminó de confirmar la aceleración de los precios. En agosto, la inflación minorista fue del 4%, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implica un crecimiento interanual del 54,5%. Para septiembre se espera una evolución superior, como parte del traslado a precios de la devaluación posterior a las PASO. En el desagregado del mes sobresale el comportamiento de rubros prioritarios para el consumidor, como Alimentos y Bebidas (+4,5%) y Salud (5,2%), que incluso estuvieron por encima del promedio. En tanto, Vivienda, Agua, Electricidad, Gas, así como otros precios regulados, subieron por debajo del promedio (+2,1%), un resabio de la estrategia electoralista del gobierno de congelar las tarifas hasta después de las elecciones.
Esta evolución forma parte de una tendencia más general que acompañó toda la gestión del gobierno, que apostó a la idea de la confianza de los mercados y le dio la espalda a la ciudadanía. En todo momento, se decidió sobreactuar los objetivos de inflación, y declamar una tendencia a la baja que nunca se consolidó, pero con el objetivo de bajar el poder de compra de los salarios a costa del empleo y la producción. De hecho, el salario real de los trabajadores no registrados acusó una pérdida anual del 14% en los seis primeros meses de este año comparado con igual período de 2018, mientras que la remuneración de los registrados, los formales, cayó un 11%. Una reducción de los salarios reales que es consistente con una fuerte disminución de la demanda de empleo por parte de las empresas.
Los últimos datos de la economía real siguen reflejando la tendencia recesiva. Es el caso de la Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria (UCII), que en el marco de la caída de la producción se ubicó en julio de 2019 en el 58,7%, un valor inferior al 60,1% de igual mes del año anterior. También ocurre con la construcción, que según el índice privado Construya, que toma la demanda de los insumos utilizados por este sector, refleja una caída interanual del 13,6% promedio en los ocho primeros meses del año.
La herencia que deja la administración macrista es una Argentina donde se vive una simultánea contradicción entre un récord de fuga de capitales y un récord de pobreza, con una urgente necesidad de ampliar la Emergencia Alimentaria. Se necesitan acciones concretas que reviertan el deterioro de los ingresos y de la producción local, una condición que debe darse en el marco de un Acuerdo Social en el que esté representada la mayoría de los sectores del trabajo, la producción, los usuarios y el Estado, bajo un modelo económico totalmente distinto al actual.