Tiempo Argentino | Opinión
La semana transcurrió con una relativa tranquilidad financiera. En gran medida ello fue una consecuencia de la postura de priorizar el objetivo de la estabilidad cambiaria, algo en lo que coincidieron, tanto el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el presidente del BCRA, Guido Sandleris, como varios economistas de la oposición.
Despejado algo del nubarrón cambiario pudo verse con claridad cómo el establishment comenzó a trabajar intensamente para tender puentes y marcarle la cancha al próximo gobierno, teniendo en cuenta que los números de las PASO parecen casi imposibles de remontar.
En su habitual columna, Marcelo Bonelli sostuvo (Clarín, 22/08/19): «Por eso precisamente el FMI quiere involucrar a Alberto Fernández (en las negociaciones). En Washington trabajan con esta hipótesis: el Frente de Todos tiene asegurada la elección y sería el futuro gobierno (…). Esa opinión es la que también escribe Wall Street en sus informes secretos». En la nota, además, se habla de opiniones «auspiciosas» sobre Fernández y que el escenario, si bien no es el «deseado», tampoco es «apocalíptico». Faltaría agregar: siempre y cuando no se vaya en contra de sus intereses, en cuyo caso no dudarán en retomar el discurso del miedo.
En el plano interno también se está tratando de marcar la cancha. Después de un largo silencio, volvió a aparecer en escena el Foro de Convergencia Empresarial (FCE). Tras su reunión plenaria del martes, emitió un documento expresando su preocupación por la situación y haciendo un llamado al diálogo. Según el FCE, «es necesario fortalecer las instituciones a fin de proteger los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución Nacional. Instituciones sólidas evitarán los permanentes cambios pendulares que nuestro país viene sufriendo desde hace décadas y garantizarán la plena vigencia de la Constitución Nacional, gobierne quien gobierne. Son condición indispensable para generar confianza y posibilitar un crecimiento sostenible». Un calco de los documentos de varios años atrás, durante la presidencia de Cristina Fernández. Lo llamativo es que no reconoce que la situación actual es fruto de las políticas vigentes y del marco institucional que le fue funcional a estos sectores en estos casi cuatro años, y que con mucho fervor el FCE apoyó. Luego de la reunión, el titular del Foro, Miguel Blanco, afirmó en una entrevista: «La disparidad de modelos es el principal problema que tenemos para llegar a un acuerdo». A confesión de parte, relevo de pruebas.
Es el modelo
Luego de referirse en una entrevista al «palazo» de las elecciones y al resultado «contundente», el presidente señaló: «quiero que a los argentinos les vaya mejor y tengan la heladera llena». No hace falta aclarar que sigue con el traje de candidato puesto, a pesar del rechazo de la mayor parte de la ciudadanía y del escaso apoyo de los grandes empresarios (a estos últimos, según Bonelli, el presidente los consideró «panqueques»). El Macri candidato afirmó que, de llegar a un segundo mandato, tiene un «foco distinto». Difícil de creer si acto seguido dijo: «Lo importante es analizar si la transformación que estamos haciendo merece que sigamos trabajando en problemas estructurales que son de 70 años». Mientras el modelo no se cambie, no podrán esperarse otros resultados.
Los datos que se conocieron esta semana no hacen más que ratificar la difícil situación en la que ya se encontraba la economía argentina antes de las PASO. Luego de un leve repunte en mayo, tras 12 meses de caídas, la actividad económica volvió a paralizarse en junio, mostrando un crecimiento nulo. Un dato que sería aun más desalentador si no fuera por el buen desempeño del sector agropecuario, que se recuperó luego de la importante sequía del año pasado. El resto de los sectores económicos continúa en franco retroceso: la industria, la construcción, el comercio y la intermediación financiera. Va en línea con una nota de The Economist, publicada por La Nación el pasado 22 de agosto. Allí se describe al intento de un segundo mandato como «quijotesco», dado que «los argentinos están peor que hace cuatro años». Pronostica que la gestión de gobierno actual culminará con una caída del 4% del producto con respecto al inicio en 2015 y una inflación de más del 250% en el mismo período.
La población argentina necesita imperiosamente un cambio de modelo económico. Las políticas aplicadas en los últimos cuatro años dieron prioridad a los intereses del capital financiero, privilegiando la especulación como la principal fuente de ingresos de unos pocos y dejando de lado a los sectores del trabajo y la producción, con lo que se dejó a la inmensa mayoría de los argentinos por fuera del sistema. Un modelo económico que, como señaló la Organización de las Naciones Unidas hace unas semanas, aumentó en un 71% la cantidad de personas con insuficiencia alimentaria grave, pasando de 8,4 a 14,2 millones.
En este contexto, los desbalances adicionales ocurridos luego de las elecciones primarias no fueron más que una muestra de la realidad vigente. Una realidad que se intenta disimular «en un esfuerzo desesperado por aplacar a los argentinos», según describió The Economist a las medidas de «alivio» post PASO. Todas ellas superficiales y que, además, van en contra de las acciones que tomaron el presidente y sus funcionarios luego de asumir en 2015. Están mal diseñadas y son insuficientes. Insuficientes porque están supeditadas al objetivo fiscal. Y mal diseñadas porque es un gobierno reticente a implementarlas. Es, por ejemplo, lo que ocurrió con la amenaza de aplicar la Ley de Abastecimiento, que finalmente no se aplicó, y que en su momento (2014) Macri había tildado de «mamarracho absoluto». El rasgo común a todas ellas es su vigencia hasta después de las elecciones de octubre. Constituyen un mínimo «respiro» hasta fin de año para que no se note tanto el daño real del modelo actual.
Las políticas que determinen un cambio de rumbo en el devenir de la economía argentina deben ser aplicadas por un gobierno que crea en ellas. Un gobierno que tenga la convicción de que la solución pasa por devolverles a los trabajadores el poder adquisitivo que perdieron en estos años, y a los jubilados un ingreso digno y la garantía de que, entre otras cosas, podrán acceder a los medicamentos que necesitan para vivir. Un proceso virtuoso que reactive el mercado interno y genere mayor consumo, que permita que las pymes tengan a quién venderle y no se vean obligadas a funcionar con un 40% de su capacidad instalada ociosa, o a cerrar y despedir a sus trabajadores.
Las buenas políticas son aquellas que mejoran el bienestar de la ciudadanía. Claro que este cambio de rumbo no está exento de desafíos para quien gobierne a partir de diciembre. Los términos en los que se negoció el fuerte endeudamiento con el FMI fueron diseñados para que inexorablemente condicionen a la próxima gestión y por lo tanto deberán ser revisados para poder afrontarlos. Debería, además, reorganizarse la provisión de servicios públicos para que estos sean accesibles para todos y todas, y no un negocio para unos pocos. Pensar un país en el que los servicios de salud y educación no estén a merced del ajuste fiscal y un país en el que se fomente el desarrollo industrial y no la reprimarización de la economía.
Son desafíos cuya consecución le devolverá a la población argentina la expectativa de que se puede vivir mejor. Las PASO mostraron que es una necesidad y un deseo de la sociedad. Hay que seguir bregando porque se transforme en una realidad.