Página/12 | Opinión
Hay noticias que son recurrentes. La crisis se profundiza y, mes a mes, produce nuevos datos que reflejan el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los argentinos y las argentinas. Lo peor no pasó: continúa.
En junio de este año, según el INDEC, la industria cayó 6,9 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior. La caída ya suma catorce meses consecutivos. En paralelo, la construcción descendió 11,8 por ciento con relación a junio del año pasado.
Pero los datos de la crisis no terminan ahí. En cuatro años, según un informe privado, cerraron en nuestro país casi 20.000 empresas. En junio de 2015 había 564.324 empresas registradas. En junio de 2019 quedaban 545.193. Además, el cierre de la mayoría de ellas se produjo en el último año: de las 560.214 que funcionaban en junio de 2018 se pasó a las ya mencionadas 545.193 en junio de 2019. Es decir: de las casi 20 mil empresas que cerraron, 15 mil lo hicieron en el último año. Desagregadas por actividad, bajaron sus persianas 5.405 comercios, 5.290 empresas de transporte y almacenamiento, 4.074 industrias, y 3.568 establecimientos del agro, entre otras. También, en el mismo período, hubo un incremento de 1.422 empresas en rubros como salud, seguridad social y servicios personales.
Los cierres de los establecimientos referidos trajeron aparejados las pérdidas de miles de puestos de trabajo, lo cual significa miles de nuevos desocupados y nuevos pobres. A esto hay que agregar que, en la Argentina actual, no solo es pobre una parte significativa de los desocupados o de los trabajadores informales. También lo son de manera creciente muchos asalariados formales que reciben ingresos que los ubican por debajo de la línea de la pobreza.
En relación con estos datos, la pobreza infantil volvió a aumentar y en la actualidad afecta a la mitad de los menores de 14 años que viven en zonas urbanas. Según una nota de Ismael Bermúdez en el diario Clarín “en los últimos 12 meses la indigencia infantil subió del 7,8 al 11,3 por ciento y la pobreza infantil subió del 38,2 al 49,6 por ciento, de acuerdo a los datos procesados de la encuesta permanente de hogares del Indec del primer trimestre de este año”.
Según la nota citada, “la pobreza infantil aumentó 11,4 puntos porcentuales, equivalente a 1.030.000 nuevos chicos pobres, de los cuales 315.000 son nuevos indigentes. De aquí se desprende que 1 de cada 2, o 5 de cada 10 chicos vive en hogares pobres. En total son 5 millones de chicos pobres, de los cuales casi un millón son indigentes”, concluye la nota.
Por otro lado, la agencia Bloomberg produjo recientemente un ranking de países vulnerables y puso a la Argentina a la cabeza, seguida de Turquía y Sudáfrica. La agencia tomó una serie de indicadores tales como el aumento de la deuda de corto plazo con relación al PBI, los desfasajes entre la estimación de inflación y la inflación real, las reservas netas del Banco Central para afrontar las deudas de corto plazo, entre otros. Es a partir de este análisis que Bloomberg ha concluido que nuestro país es especialmente vulnerable ante cualquier shock externo. En la crisis 2008-2009, Argentina también fue sacudida por la onda expansiva de lo que sucedía a escala global, pero sufrió menos que otros países porque tenía menos vulnerabilidades, no estaba endeudada, tenía una buena política de administración de las divisas y contaba con una cantidad de instrumentos que la hacían más fuerte ante estos acontecimientos externos. Por el contrario, cuando todo ello está en manos de los mercados, las defensas son insuficientes y las convulsiones mucho mayores.
Por ello, es posible agregar una nueva metáfora meteorológica a la saga presidencial: estamos en medio de un fuerte terremoto con una altísima caída de la actividad productiva, reducción del PBI, cierre récord de empresas, récord de deuda, profundización de la desigualdad, incremento de la pobreza infantil, entre muchos otros indicadores de crisis. A ello se suma la extrema vulnerabilidad externa de nuestro país, que hace que las convulsiones globales tengan un impacto mucho mayor a nivel local.
En simultáneo hay que considerar la serie de reformas impulsadas por el FMI en la región. En una publicación reciente en un blog del organismo internacional, éste sostiene: “se necesita vigorosamente perseguir reformas jubilatorias e impositivas, apertura comercial, inversión en infraestructura y reformas financieras clave”.
Si bien la frase hace referencia a Brasil, es válida para casi todos los países de la región. Se trata de reformas y ajustes de tipo “llave en mano” que integran la avanzada neoliberal a nivel global. El argumento es siempre el mismo: esas políticas son imprescindibles para “acelerar el crecimiento y crear más empleo”.
En julio de 2017, Brasil implementó una reforma laboral durante el gobierno de Michel Temer. A través de ella, flexibilizaron los contratos de trabajo, acomodaron la jornada de trabajo para que se adapte a las necesidades de las empresas; debilitaron financieramente a las organizaciones sindicales y llevaron la negociación hacia una relación directa entre empresas y trabajadores. Además redujeron el papel de la Justicia del Trabajo, entre otros aspectos.
Posteriormente, el mes pasado el gobierno de Jair Bolsonaro impulsó otros cambios en las regulaciones laborales. Entre otras cuestiones, redujeron exigencias a las empresas en materia de seguridad, salud laboral y prevención de accidentes con el uso de maquinaria y equipos, y de normas para evitar riesgos medioambientales. El gobierno presentó las medidas como “una simplificación y desburocratización de las leyes del trabajo”, ya que para el ministro de Economía, Paulo Guedes, las regulaciones laborales constituyen “armas de destrucción masiva de empleos”.
No es la única medida de este tipo ni el único país donde se la intenta implementar. Se trata de una política global para toda la región. Lo ocurrido en Brasil es un anticipo de lo que proyectan para la Argentina. Es la continuidad de lo peor.