Nuestras Voces | Opinión
Las políticas implementadas por el gobierno de Macri han redundado en un perjuicio notorio para la economía nacional. Hoy el producto se encuentra estancado, la última medición del PBI acusó una caída de 5,8% interanual en el primer trimestre del año. La inflación interanual en junio registró un 55,8% (los alimentos subieron el 60,8%). La deuda pública llegó al 86% del PIB en el primer trimestre del año respecto al mismo trimestre del año anterior. El déficit de cuenta corriente del balance de pagos fue de 3.849 millones de dólares en el mismo período. Todo esto en un escenario de creciente formación neta de activos externos privados (usualmente llamada fuga de divisas) que no está siendo atendida por las autoridades.
En materia social, la desocupación alcanzó los dos dígitos, y ya está en el 10,1%. La pobreza supera el tercio de la población y alcanza a la mitad de niñas y niños. El poder adquisitivo del salario y las jubilaciones se ve cada vez más reducido por la inflación de alimentos, medicamentos, tarifas de los servicios públicos y los limitados ajustes de los haberes. Esta disminución en el nivel de vida de la población no es obra de errores del gobierno ni de imponderables, más bien es el resultado del modelo implementado.
La inserción al mundo de los grandes países desarrollados, al que desea “pertenecer” Mauricio Macri, fue en contra de los intereses nacionales. La Argentina se endeudó para pagarle a fondos buitre y tras dos años de elevadísimo endeudamiento –incluyendo la “deuda a 100 años”– el sector externo privado le cerró las puertas al gobierno. Con la excusa de la emergencia, el gobierno se alió con el FMI a través de un préstamo por 57.500 millones de dólares.
A pesar de que el gobierno no pudo cumplir con las metas macroeconómicas estipuladas en el primer acuerdo, fue premiado por el Fondo con el adelantamiento y aumento de los montos acordados en principio. De esta forma, el FMI colabora intensamente para intentar sostener la campaña presidencial de Macri y permite financiar la fuga de capitales para mantener el tipo de cambio, algo que el propio FMI tiene prohibido validar por su Convenio Constitutivo. A tal punto llegó este apoyo que se le permitió al gobierno ir vendiendo de forma diaria los dólares del préstamo, cuando en principio había excluido esa posibilidad. Esta deuda, cabe aclarar, debe ser cancelada en los años venideros.
El gobierno actual empezó a echar mano a políticas que intentan fomentar la demanda, estrategias que anteriormente criticaba, como los aumentos en la AUH, los créditos para jubilados (a tasas altísimas), el Ahora12, planes con subsidio para autos 0km (nacionales o importados, les da lo mismo), el diferimiento de los aumentos en las tarifas de servicios públicos y la versión macrista de Precios Cuidados. En rigor, si miráramos con más detalle el diseño de estas políticas pensadas para desaparecer luego de las elecciones, se harían evidentes sus falencias y limitaciones para cumplir los objetivos que dicen atender. Pero lo que no puede negarse es el impacto que buscan generar en la alicaída demanda interna, sólo con fines electoralistas.
Si tras el resultado del proceso electoral hay un cambio de gobierno, la nueva administración debería elevar el rango y calidad de dichas políticas. Sería deseable que estas medidas pasen a formar parte de un shock distributivo que saque a la economía del letargo en el que la han sumido. Para revertir esta situación habría que actuar priorizando la recuperación de la producción, el empleo y la sustentabilidad externa. Esta es mi visión de las políticas que promete implementar la oposición que tiene altas posibilidades de llegar al gobierno, el Frente que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, deseo hacer algunas reflexiones propias, y que toman como ejemplo varias de las propuestas de dicho Frente.
Como objetivo principal, ya resaltado en esta nota, se requiere un shock distributivo, tal la propuesta del Frente de recomponer las jubilaciones con un 20% de aumento, así como también recomponer los salarios, resolviendo este tema y el de las condiciones de trabajo, un punto esencial en estos días, en el marco de las paritarias. Y con un “acuerdo de empleo para los primeros cien días entre empresarios, sindicatos y Estado que fije nuevas reglas”, tal como señala el Frente. Un abordaje esencial y potente.
La política monetaria y crediticia deberá estar acorde a la expansión de la demanda y la producción. La restricción del crédito es contraria al desarrollo productivo. Para que no se pierdan recursos en la especulación financiera, serían necesarias medidas que orienten el crédito a las industrias productivas, en especial a las pymes, donde reside la mayor capacidad de generación de empleo en la Argentina.
Un tema ineludible será la inflación, que se muestra persistente. Para afrontarla con éxito, se requeriría por lo pronto actuar sobre aquellos resortes que este gobierno ha liberado. La experiencia reciente ha demostrado que un régimen cambiario con flotación amplia solo ha conducido a devaluaciones bruscas y fuga de capitales. Será necesaria una gestión que atienda a los equilibrios externos sectoriales, definiendo prioridades. Por ejemplo, la liquidación de divisas por parte de los exportadores debería volver a un plazo razonable. En igual sentido, el Estado está en facultad de evitar los efectos nocivos de los capitales golondrina, por ejemplo con exigencias de permanencia mínima a su ingreso. Las finanzas deben estar en función de la producción y el empleo argentino. Los lemas de campaña en este sentido son claros: “Ni cepo, ni especulación: una regulación que ponga límites a los capitales especulativos”, así como “tendremos un dólar competitivo para producir y exportar”.
Siempre sostengo una premisa: analizar una variable sola de la economía generalmente dificulta entender o a veces sirve más para confundir. Una estrategia es tener un tipo de cambio alto en una economía que tiene regulaciones, donde las tarifas de los servicios públicos no estén dolarizadas o donde el precio de los alimentos para el mercado interno no esté afectado por el precio del dólar; también para favorecer el ingreso de divisas y para ser, de alguna manera, una barrera a las importaciones, ya que se encarecen. Similar a lo que sucedió entre 2003 a 2008, antes de la crisis financiera internacional. De no existir estas condiciones, el dólar alto lo único que hace es influir en el resto de los precios, encareciendo el nivel de vida y mejorando las ganancias de un pequeño sector de la población.
Otro elemento para actuar sobre la inflación tiene que ver con las tarifas de los servicios públicos. Sin duda ameritan una adecuación a las posibilidades de los usuarios. La importancia de servicios como la electricidad, el gas y el agua para mejorar la vida de la población y las empresas está por encima del lucro de una empresa privada particular. Por tanto, debería buscarse un arreglo institucional acorde con tales objetivos.
Pero sin duda, como cuestión también prioritaria, las circunstancias exigen que la Argentina vuelva a discutir con el FMI sin las condicionalidades que atentan contra el crecimiento y nivel de vida de la población argentina. Lo mismo puede decirse del apresurado pre-acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: tal lo avanzado hasta el momento, sería lesivo para el desarrollo nacional. “Negociar con firmeza con el Fondo Monetario: para pagar, primero hay que crecer”, otro de los lemas de campaña.
Si somos capaces de proponer un plan a la población que le demuestre que la salida de la crisis está en sus manos en octubre, habremos dado un paso fundamental para ir en busca de un proyecto que muestre la otra cara de la moneda, recuperando el rumbo del crecimiento con equidad y con una activa participación del Estado y también de la ciudadanía.