Ámbito Financiero | Opinión
En el acto por el aniversario del Ejército Argentino, el presidente Macri señaló el horizonte que se persigue con el actual modelo: “Una Argentina cada vez más segura, integrada y comprometida con los problemas del mundo”. Una frase que da cuenta del orden de las prioridades.
En esta clave hay que interpretar la reciente Resolución 93/2019 del Gobierno, que redujo el Arancel Externo Común del Mercosur para un conjunto de 39 autopartes, que podrán ser importadas de ahora en más pagando un 2% de impuesto, muy por debajo de los valores actuales (de entre el 14% y el 18%). Según los funcionarios, con la medida se “beneficiará a la productividad y competitividad de todo el complejo automotor del país”.
Si bien el Gobierno se “preocupó” por elegir aquellos bienes que no se producen localmente, la medida entra en contradicción con cualquier intento de desarrollar la estructura productiva local y hacer crecer el empleo. Se aseguró que la norma tendría carácter “transitorio” y que apenas alguna empresa manifieste su intención de producir estos bienes el arancel será inmediatamente incrementado.
Resta preguntar, ¿cómo podría ocurrir tal estímulo para la producción? Según un informe reciente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), “Dificultades que enfrenta el sector autopartista”, en el 39% de los casos la mayor preocupación en 2019 la constituyó el nivel de actividad.
Queda claro que la principal amenaza tiene que ver con el modelo, con su interminable ajuste del mercado interno.
Basta con ver el dato de la producción de autopartes (INDEC), que en marzo de este año era un 15% inferior a la de un año atrás.
Va en línea con lo ocurrido con el uso de la capacidad instalada de todo el segmento automotor (35%), que muestra los menores niveles de uso de toda la industria.
Un cuadro de situación que se deteriora de manera acelerada.
En tanto, la idea de la eventual reimplantación de las alícuotas previas que plantea la resolución parece inverosímil: de existir consideración alguna por el cuidado de la producción local, no estaría mal entonces revisar la política de apertura comercial prácticamente indiscriminada que se ha seguido en estos tres años y medio.
La medida encaja con el estilo de las políticas que lleva adelante el Gobierno en materia económica, con resultados que están a la vista. No es producto del azar, sino que calza a la perfección con las directivas que emanan de los países centrales.
La visión excede al sector de las autopartes. Se nutre de la idea de que lo importado es de mejor precio y calidad y que así el consumidor se va a beneficiar.
Pero son políticas destinadas a fracasar. Al crecer las importaciones, tiende a caer el empleo en las fábricas locales, deja de haber consumo, luego otra tanda de empresas cierra sus puertas, por lo que se vuelven a perder puestos de trabajo, cae de nuevo el consumo y así sucesivamente.
Según la OCDE, nuestro país crecerá de nuevo gracias a las ventas externas, pero al mismo tiempo “el lento crecimiento del comercio internacional limitará considerablemente la expansión de las exportaciones”. El crecimiento no se avizora por ningún lado, ya que ni el mercado externo ni el interno parecen estar en condiciones de traccionar a la producción y al empleo local.
En este marco vuelve asomar la pregunta de si son errores de implementación o de diseño. Sin lugar a dudas, el actual Gobierno responde evidentemente a un proyecto de país que ha conseguido reducir cerca de un 20% el salario mínimo vital y Móvil (SMVM) en términos reales, y más de un 50% si lo medimos en dólares; que ha comprometido por años la distribución del Presupuesto, privilegiando los intereses de la deuda y la especulación financiera sobre la ciencia y el desarrollo económico y social.
Es de esperar que a través de los procedimientos democráticos quede plasmado que este proyecto es rechazado por la mayoría de la ciudadanía.