Tiempo Argentino | Opinión
La aparición de un suceso editorial y político tan importante como lo es el libro de Cristina Fernández de Kirchner, Sinceramente, y el discurso de presentación que la autora realizó en la Feria del Libro, permiten realizar interesantes reflexiones sobre importantes temas, entre ellos la cuestión económica.
En su exposición, Cristina resaltó la necesidad de «un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas», y quiero destacar lo que agregó a continuación: «Con metas verificables, cuantificables, exigibles». Fue más allá y lo definió como «un contrato de ciudadanía responsable», puesto que indicó que involucra a todos los ciudadanos, sean empresarios, dirigentes sindicales, intelectuales, operarios, y pidió «que el compromiso sea de todos». Además aclaró que «no hay mayor compromiso, primero, que el del Estado de generar las políticas y, segundo, de los empresarios para generar ese empleo con la convicción de que no hay posibilidades en este mundo tan difícil que hoy tenemos de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte». Toda una definición.
Me gusta la utilización de la palabra «contrato», ya que la misma implica un conjunto de derechos y obligaciones de las partes, refleja la asociación a una idea común, a un objetivo compartido, de partes diferentes que asumen esa postura.
Creo que esta mención fue una forma indirecta de contestar a los 10 puntos del gobierno. Y para reforzar su idea, trajo a colación el Pacto Social de 1973 durante la presidencia de Juan Domingo Perón y su ministro de Economía José Ber Gelbard. Me interesa la referencia a este acuerdo porque otorgaba facilidades impositivas para proyectos industriales y establecía un acuerdo de precios y salarios a partir de un fuerte aumento de estos últimos. Se legisló promover la producción nacional y protegerla de la competencia externa, y se instrumentaron facilidades impositivas para la promoción de nuevos proyectos industriales de interés nacional, que contribuyeran al desarrollo regional. Dentro de estos acuerdos se firmó una nueva Ley de Inversiones Extranjeras, que vedaba a cualquier extranjero la adquisición de más del 50% de una empresa que operara en el país, y prohibía toda inversión en las áreas consideradas vitales para la seguridad nacional, entre otras cuestiones. Se sancionó también una ley de abastecimiento que apuntaba a impedir el atesoramiento y la especulación, con supervisión del Estado en las diversas etapas del proceso económico.
Ese pacto, además de ser «bombardeado en un momento de violencia política», como comentó Cristina, se enfrentó a situaciones tensionantes, entre ellas la crisis del petróleo, que multiplicó por cuatro los precios del oro negro.
En su discurso, Cristina Fernández reivindicó a Gelbard: «Discúlpenme, pero no hubo de allí hasta aquí otro empresario que tuviera la visión y que entendiera toda su complejidad y además, cómo había que encarar las cosas en la Argentina». Gelbard fue cofundador y primer presidente de la Confederación General Económica (GCE).
Compartiendo esa visión, siendo diputado de la Nación presenté un proyecto que se convirtió en ley, declarando como «Día del Empresario Nacional» al 16 de agosto de cada año. Ese día de 1953 se formó la CGE, transformándose en una organización empresarial de gran densidad histórica. Bajo sus muros, hombres y organizaciones abrieron las puertas de la revolución industrial, potenciaron el progreso y crearon riqueza trayendo el desarrollo del campo, de la industria propia, el comercio y los servicios, llegando con sus productos a todos los rincones del mundo.
Los tiempos que hoy corren son muy distintos a aquellos, la globalización ha avanzado notablemente, montada en una financiarización de la economía mundial, las guaridas fiscales han tomado un papel relevante, y los paradigmas productivos han cambiado significativamente. Pero la orientación de ese plan es una guía importante y valedera para cualquier acuerdo o contrato social que se desee crear.
La importancia de la industria
En la presentación, Cristina hizo una comparación: «Miren los Estados Unidos: la economía vuela, tienen el índice de desempleo más bajo desde hace 50 años, teóricamente debería la Reserva Federal subir la tasa de interés para que precisamente la economía baje (pero) no, algunos se dieron cuenta de que tenían que volver a generar trabajo industrial dentro del país para volver a generar riqueza. Sería bueno que aquellos que viajan tanto y escuchan tanto lo que dicen allá también imiten lo que hacen allá».
Algunos analistas asociaron esta frase como un apoyo a las políticas comerciales de Trump. Desde mi visión, considero que en el planteo de base de Cristina, el problema que subyace tiene que ver con la necesidad de aplicar políticas de protección de la producción y el empleo doméstico, algo que no puede circunscribirse al apoyo o no a Donald Trump. No hay que perder de vista que la problemática del empleo y la preocupación por el declive industrial norteamericano son demandas de la población que tomó el actual presidente de Estados Unidos.
Para poner en perspectiva la discusión, en una nota reciente, Joseph Stiglitz afirma que «a pesar de que registramos las cifras de desempleo más bajas desde finales de la década de los sesenta, la economía estadounidense le está fallando a sus ciudadanos. El salario de alrededor del 90% de la población se ha estancado o reducido en los últimos 30 años. Quizá esto no nos sorprenda, ya que en Estados Unidos impera el mayor nivel de desigualdad del mundo desarrollado y uno de los niveles más bajos de oportunidad». Más allá de la cuestión del empleo, la distribución del ingreso (y menos aun la de la riqueza) no parece estar siendo cuestionada por la gestión de Donald Trump, lo que marca una diferencia de modelos sustancial. Es más, según el Premio Nobel, «el auge producido por la generosidad con que el presidente Trump trató a las empresas en la legislación fiscal de 2017 no resolvió ninguno de estos problemas que se han arrastrado por años, y ya comienza a desvanecerse». El statu quo de la desregulación interna tampoco se aborda en el proyecto Trump.
Entonces, lo que la expresidenta reivindica es la necesidad de utilizar herramientas para no exponerse sin defensa alguna a los coletazos de un mundo complejo que, en esta etapa del capitalismo denominado «salvaje», casi totalmente desregulado, termina incluso afectando las economías de los Estados centrales. Por eso dentro del propio Estados Unidos se esbozan alternativas. Entre ellas las del senador demócrata Bernie Sanders, que propone otro tipo de rol del Estado, con cambios sustanciales de impuestos o con un fuerte incremento del gasto público destinado a incrementar el empleo, la inversión en infraestructura y capital humano. Su objetivo: reducir la brecha entre ricos y pobres drásticamente, bajando el coeficiente entre el ingreso promedio del 5% más rico y el 20% más pobre del 27,5% al 10,1%. Como vemos, una fuerte impronta redistributiva hacia la equidad.
Pensando en nuestro país, todas estas discusiones indican que el debate sobre los temas importantes está lejos de haber sido saldado y el camino no es uno solo, como intentan hacer creer, con el fabuloso apoyo de un sector dominante de los medios de comunicación. Siempre hay alternativas, si la gente así lo desea y lucha para conseguirlo.