Página/12 | Opinión
El apoyo político del FMI al gobierno de Mauricio Macri es cada vez más evidente, y se reconoce en la aprobación de mayores limitaciones a políticas históricas fomentadas desde el organismo, como lo es la libre flotación cambiaria, o la utilización de los préstamos del Fondo para avalar la fuga de capitales, una conducta que no suele ser aceptada por los principales países miembros del FMI. Este sostén político pareciera incluso alcanzado por la larga mano del gobierno de Donald Trump, que incide sobre su representante en el Fondo, el Primer Subdirector Gerente, David Lipton, e impone su peso en las decisiones del Directorio.
Uno de los primeros pasos en este apartamiento de los usos y costumbres fue la decisión de permitir al gobierno argentino liquidar por día unos 60 millones de dólares, hasta un total de 9600 millones de dólares, cantidad que llega hasta fines de noviembre, es decir, luego de una eventual segunda vuelta electoral.
El otro gran paso es la reciente aceptación para que el BCRA pueda intervenir “con montos y frecuencia que dependerán de la dinámica del mercado”, según reza el comunicado del Banco Central, vendiendo dólares dentro de la “zona de no intervención”. Esto plantea la utilización de los fondos prestados por el FMI para convalidar la fuga de capitales, una operación desaprobada por el artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI, que establece que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital” y va más allá aún al expresar “y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”. Poco de esto se cumple en este último acuerdo entre el gobierno argentino y el FMI.
Cabe aclarar que la comentada “disparada” del dólar en la semana es relativa, ya que en el año apenas igualó a la inflación y está muy cerca del mayor valor de 2018. No obstante, el solo anuncio del nuevo sistema de intervención bastó para que el dólar bajara a 45,40 pesos (BNA) este viernes. Pero no es la única herramienta que el gobierno utiliza. El BCRA planifica su régimen monetario–cambiario (así lo define) endureciendo su meta de Base Monetaria, y además sobrecumpliéndola (que significa que esté por debajo de la meta). Este comportamiento se dio conjuntamente con el incremento en la tasa de interés de referencia, que está rozando el 74 por ciento, evidenciando un aumento de 7,1 puntos desde inicios de abril, y de 30 puntos respecto a las tasas vigentes en febrero de este año.
Estos datos que pueden parecer demasiado técnicos evidencian un impacto más que preocupante sobre la economía. Las altas tasas que se trasladan a los costos de los préstamos para las empresas y para el consumo, y la escasez de medios de pago, impactan negativamente sobre la producción y el consumo, pronunciando aún más el ambiente recesivo que se consolidó desde mediados de 2018.
Todas estas medidas, algunas de manual, otras muy distanciadas de las prácticas habituales que “sugiere” el FMI, se están tomando porque no se quiere desarmar una de las principales causas de la volatilidad cambiaria y la fuga de capitales: la extrema liberalización de los flujos financieros hacia y desde el exterior. Estrategia que termina impactando negativamente en la producción y en la economía en general.
Una eventual solución es aplicar medidas restrictivas de estos flujos de capitales. No es imposible. Incluso el FMI, en el mismo artículo VI que mencionamos, abre la puerta a la imposición de medidas limitativas a los ingresos de capitales. Si en la actualidad se está utilizando un extremo pragmatismo para encarar el tema cambiario ¿por qué no utilizar también buenas dosis de pragmatismo, pero orientado a mejorar los equilibrios económicos, para ofrecer una mejor vida a la ciudadanía?
Claro, ése es otro modelo de país, que habrá que disputar a través del voto en las próximas elecciones.