Tiempo Argentino | Opinión
Ya van más de tres años de gestión y las hipotecas no paran de crecer. Una de ellas es la hipoteca externa, con una deuda que sigue un curso preocupante y que, tras el acuerdo con el FMI, pretende condicionar a futuros gobiernos. La otra es la interna, con un constante agravamiento del frente social y laboral. No podía esperarse otra cosa: la devaluación, la inflación y el ajuste presupuestario son consecuencias de las políticas actuales y no hacen más que castigar al conjunto de la ciudadanía.
A mediados de mes el presidente Macri había dicho: «No prometí pobreza cero, es una tendencia hacia la que trabajo». La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, una de las encargadas de presentar los últimos datos de pobreza, señaló que es un «objetivo, un horizonte, una forma de trabajar». Pero la tendencia y el horizonte del que hablan no asoman por ningún lado. Tampoco lo van a hacer mientras se persista con el modelo.
Los datos recientes del Indec para el segundo semestre de 2018 reflejan que una de cada tres personas es pobre en Argentina (32,2% de la población). En 2018 el indicador pegó un salto de 6,3 puntos porcentuales, es decir, 2,9 millones de pobres más. En GBA, por caso, el aglomerado más nutrido del país, la pobreza llega al 35,9% de las personas (6,4 puntos de aumento), mientras que en Corrientes llega al 49,3 por ciento.
En cuanto a la indigencia, el 6,7% de las personas no llega a cubrir las necesidades de alimentos, contra el 4,8% de un año atrás. A nivel de aglomerados, al igual que ocurre con la pobreza, la tendencia es generalizada, pero hay situaciones aún más graves. En Corrientes pasó del 7,1% al 13,8% de las personas, casi el doble.
La pobreza no es un simple número. Son familias a las que sus ingresos no les alcanzan para cubrir una canasta básica de bienes y servicios, situada hoy en $ 27.570, o de alimentos, la llamada canasta de indigencia ($ 11.117 mensuales por familia). Dado el ritmo de aumento del precio de los alimentos se espera que la situación se agrave aún más. Sólo en el primer bimestre del año la inflación de este rubro de bienes fue del 9,3%, por encima del nivel general (6,8%), lo que indica quiénes son los que más sufren con la inflación y con el plan económico.
La pobreza también compromete seriamente el futuro de una sociedad. Es imposible no considerarlo así cuando el 46,8% de los chicos menores de 14 años es pobres, y el 10,9% es indigente. Pensándolo en clave económica, sólo un proyecto basado en la producción primaria, desigual y dependiente puede darse el lujo de no cuidar a sus niños, niñas y adolescentes.
El gobierno no está haciendo nada por revertir la tendencia instalada, más allá de ciertos espasmos, que están en realidad vinculados a la intención de continuar un mandato más. El anuncio del desdoblamiento del aumento de la tarifa de gas va en esta línea. Exiguo como para compensar los aumentos de precios y los que vendrán, atendiendo la reciente escalada del tipo de cambio, que termina trasladándose a las facturas debido a la dolarización de las tarifas. Es decir que las políticas de fondo siguen siendo las mismas, y continuarán presionando sobre las familias y las pymes.
La misma postura tiene el FMI, que sólo permite incrementar el gasto social un 0,1% del PBI), en medio de un recorte proyectado del gasto primario de unos 3 puntos para este año, para tratar de llegar al déficit cero. El permiso no mueve el amperímetro de la emergencia social. Pensemos que sólo un hogar indigente, que tiene en promedio 4,21 personas, percibe ingresos totales promedio de $ 6116 al mes (incluyendo AUH, por ejemplo). Casi la mitad de lo que vale una canasta alimentaria.
Además de la inflación, el otro factor de peso es el empleo. Según los datos del Sistema Previsional Integrado Argentino (SIPA), a enero de 2019 se llevaban perdidos 262 mil puestos registrados, comparando contra un año atrás. Aquellos que lo mantuvieron de todas formas acusaron una caída del 8,5% del salario real en un año. La pérdida del empleo es, en las condiciones actuales, un pasaje directo a formar parte de las estadísticas de pobreza.
Todo esto contrasta con la idea del gobierno de que lo peor ya pasó, que el piso se encontró a fin de año. Los indicadores de pobreza y de trabajo no parecen estar diciendo eso. Tampoco los datos de actividad. El jueves se publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica, con el cálculo preliminar para enero de 2019, que mostró una caída del -5,7%, comparado con enero de 2018. De esta forma se alcanzan nueve meses consecutivos de caída interanual. Desglosando el promedio, la realidad es aún más dura para ciertos sectores, como Comercio (-12,3%), Industria manufacturera (-10,1%), y, dentro de éste, el sector Textil cayó un 27,9%. Todo esto explica por qué luego se pierden empleos. Son números que van encadenados, y que nada tienen que ver con una tormenta: es el resultado lógico y esperable de las políticas que se están aplicando. Lo verdaderamente raro sería que estas políticas entregaran otro tipo de resultados.
Desde Córdoba, Macri intentó tranquilizar y dijo que «nadie la tiene fácil en el mundo» y que el dólar «sube prácticamente lo mismo» en todas partes. Sin embargo, el miércoles el tipo de cambio en Argentina subió 2,93%, mientras que en Chile 0,51%; en Rusia 0,76%; en Sudáfrica 1,22%; en Brasil 1,81% y en Turquía 2,06 por ciento. En 2018 la comparación da aún peor: en Argentina subió 102%, y la moneda que le sigue, la lira turca, lo hizo en un 39%, menos de la mitad. Ante esto, el economista Ricardo Arriazu dijo que en el Banco Central «entienden perfectamente lo que hay que hacer (…), pero el FMI no los deja».
En esta línea, la OCDE presentó un informe sobre lo que hay que hacer en nuestro país. Primero afirmó que la situación está bajo control y que la economía argentina se va a empezar a recuperar un poco más tarde, pero ahora sería desde el segundo semestre. Lo más trascendente vino del lado de las recomendaciones. Según el organismo, hay que ampliar la competencia y abrirse al mundo. Hay que hacer más ajuste fiscal, algo difícil, pero para la OCDE «no hacerlo traerá resultados peores». El economista jefe para Argentina y Brasil, Jens Arnold, señaló: «lo que le falta hacer a la Argentina llevará entre cinco y diez años».
El problema es que todo esto ya se está haciendo pero nunca alcanza. Es parte de la típica insatisfacción de los denominados «mercados», que así presionan para expandir sus ganancias y poder revalorizarse. Por eso hablan de llevar a cabo una reforma previsional como en Brasil.
El director de estudios económicos de la OCDE dijo: «Es una cuestión importante (…). Ahora la Argentina gasta 11% del PBI en términos de gasto de pensiones. Pero en 40 años va a gastar 21, parece lejos, pero año a año se va incrementando y se agrava al problema. Es importante lanzar el debate». Seguramente no incluyan en el temario de discusiones las medidas que se han venido tomando y que debilitan la propia sustentabilidad del sistema previsional; que el empleo informal y el desempleo crecen a pasos acelerados y que con ello se reduce la recaudación. El funcionario también recomendó «seguir ampliando la educación de la primera infancia». Seguramente no alcanzó a ver los últimos números de Stanley: difícilmente los más chicos puedan sacarle provecho si casi el 50% son pobres y si no poseen una alimentación adecuada.
Continuando con sus declaraciones en Córdoba, Macri cerró diciendo: «tenemos que confirmarle al mundo que no vamos a volver atrás». Pero con este modelo, lo único que está por delante es el deterioro económico y social.