Ambito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
En una reciente publicación en un blog del FMI, Alejandro Werner, director del área que se ocupa de nuestra región, se refirió a los procesos eleccionarios de América Latina, con los que “aumentó la incertidumbre en la implementación de las políticas económicas en algunas de las economías más grandes de la región, lo que afecta a las perspectivas (de crecimiento)”. Este tipo de comentarios es cada vez más habitual, tanto como lo es la mayor intromisión en las políticas internas. Detrás de esto hay un objetivo claro: que se encaren sin dilaciones las reformas que reclaman los denominados mercados, que parecen tener voto calificado.
Respecto de nuestro país, el Fondo enfatiza la incertidumbre “relacionada con las elecciones”. Las instituciones de la democracia se encuentran bajo amenaza constante, y más todavía en aquellos países que reciben préstamos del organismo, a cambio de programas que no hacen otra cosa que asfixiar la economía real y el presupuesto de las familias.
Según el FMI, en Argentina “la importante depreciación del peso registrada a mediados de 2018 impulsó la inflación, lo que afectó el ingreso disponible y la confianza de los inversionistas”. Como era de esperar, no hay crítica alguna a las políticas públicas de desregulación y tipo de cambio flexible, que se aplicaban incluso antes del desembarco del organismo, aunque luego se profundizaron.
En las últimas semanas estuvo muy instalada en los medios la discusión acerca de la evolución y las perspectivas del tipo de cambio, pero no se ha dicho mucho sobre un hecho más que evidente: que la “zona de no intervención” no es más que una variante de los regímenes cambiarios flexibles que el Fondo pide en todas partes.
De hecho, como ha estado ocurriendo en estos días, al atravesar el piso de la zona, el Banco Central estuvo interviniendo con compras diarias de hasta 50 millones de dólares (y un máximo de 75 millones a partir de febrero), montos insuficientes cuando hay presión hacia la revalorización del tipo de cambio; en última instancia no es un escenario tan malo para el Gobierno, que busca así evitar que se acelere la inflación con la mira puesta en la próxima elección. La compresión monetaria y las altas tasas también van en esta dirección. Claro que por el otro lado están la industria, en particular las pymes, y el empleo, que se ven cada vez más afectados.
La prácticamente libre flotación también es riesgosa si se analiza en el sentido contrario, es decir, cuando sube el tipo de cambio. Basta con que las finanzas mundiales retomen nuevamente la fase de aversión al riesgo -algo bien típico-, o que comience a ganar más fuerza la idea de un cambio político, para que la volatilidad cambiaria se vuelva a exacerbar. Ante una potencial depreciación (hasta el máximo de la zona, el dólar podría subir hasta casi un 30%) el impacto en el poder adquisitivo volvería a ser contundente. Se daría a través de la suba de los bienes transables, pero también por lo que ocurre con las tarifas de los servicios públicos, ya que, por ejemplo, el precio de la energía está atado a los valores en dólares de mercado. Esta última es una decisión más del Gobierno, que redunda en altas ganancias para las prestadoras, y hace la vista gorda con la falta de las inversiones necesarias, tal como acaba de quedar en evidencia con los recientes cortes de luz en el GBA.
Es preciso dar vuelta la página de las actuales políticas de libre mercado. Recuperar la capacidad para tomar decisiones soberanas, de forma tal de poder, entre otras cosas, reducir el costo del crédito y minimizar las fluctuaciones del dólar, dos componentes que impactan en el mercado interno. De lo contrario, se seguirá imponiendo la lógica de la estabilización (ajuste) permanente y el país continuará expuesto a los humores y la extorsión del mercado global.