Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
La mayoría de las esperanzas gestadas en el seno del Gobierno para la finalización de la actual etapa recesiva están puestas en la campaña agrícola. Pero acaba de conocerse un dato que preocupa. En el tercer trimestre de este año se derrumbaron las ventas de maquinaria agrícola: una caída del 65% en cosechadoras, del 54% en tractores, y del 19% en sembradoras, siempre en comparación con igual trimestre del año anterior. Si bien no necesariamente afectarán la producción en marcha, indican el poco entusiasmo inversor, y las dificultades en obtener nuevas maquinarias y equipos para una actividad que debería estar preparándose para seguir creciendo. Como siempre, si el clima acompaña.
Este no es un dato aislado: la inversión bruta fija cayó un 19,5% interanual en septiembre, según datos del estudio Ferreres, una reducción amortiguada por la Construcción que sólo bajó 3,8%, mientras que el equipo durable de producción cayó un 33%, afectando tanto a componentes nacionales (-24,6%) como importados (-39,4%).
La recesión está impactando a toda la actividad manufacturera. La caída del 11,4% interanual en la actividad industrial de septiembre es la más profunda desde la crisis de 2002. Salvo metálicas básicas (acero y aluminio) el resto de los bloques cayeron, desde un 3% los minerales no metálicos (principalmente cemento) hasta la merma del 24,6% en textiles.
El sector automotriz, que supo tener una evolución relativamente favorable durante el año, está cayendo en forma significativa en los últimos meses, ya sea en demanda como en producción. Tanto las ventas totales de concesionarios como las de autos nacionales han caído un 50% interanual en octubre, según ADEFA. La producción ha caído menos, un 11,8%, gracias al aumento de las exportaciones.
En la mayoría de los bloques, la menor demanda es la principal razón de la caída en la producción industrial, mientras que los costos de los servicios de gas y electricidad, así como también del financiamiento, y los embargos de la AFIP, llevan a muchas empresas (principalmente -) al cierre, aumentando la ola de despidos.
Cada mes que pasa los salarios continúan acumulando mayores pérdidas del poder adquisitivo. El último dato conocido del RIPTE indica que el promedio de los salarios de los trabajadores estables aumentó en septiembre un 19,9% respecto al cierre del año anterior, cuando el IPC para dicho período marca un incremento del 32,4%. Para colmo, la devaluación impacta fuertemente en los alimentos que están subiendo más que la inflación general y pega más en los salarios más bajos, que son, además, los que menos aumentan, principalmente en el caso de los trabajadores no registrados que no están sujetos a convenio alguno. Un combo injusto. No por nada el FMI dice que intenta «protegerlos» de los efectos de sus políticas, aunque con escasísimos fondos que permite utilizar al Gobierno.
El Ejecutivo salió a ofrecer un bono de $5.000 por única vez (quizá en dos cuotas) y con medidas sobre el desempleo que se conocerán con certeza cuando se publique el decreto. Pero queda claro que lo previsto no resuelve la situación. Primero porque el atraso es muy grande, y segundo porque no es un incremento salarial. Será una suma percibida por única vez y, en el mejor de los casos, si se otorgara totalmente en diciembre, en enero del próximo año los trabajadores volverán a estar con mayores necesidades que en noviembre actual. Y más allá de algún aumento paritario en algún sector, que seguramente los habrá, se descarta una masiva actualización salarial. La idea del bono es intentar descomprimir una situación que se agrava mes a mes y, por lo tanto, difícilmente sea algo más que un parche. En cierta forma, se está aplicando la doctrina Prat-Gay, enunciada por el ex ministro de Hacienda y Finanzas a poco de su asunción: «cada sindicato sabrá hasta dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleo». Son las consecuencias de la política de ajustes elegida por este Gobierno y acentuada en el marco del acuerdo con el FMI.