Página/12 | Opinión
Una de las hipótesis que circulan en los últimos días afirma que el gobierno ha perdido el control de la política económica. Sin embargo, llama la atención que los resultados que produce ese supuesto “descontrol” son los mismos que se habían propuesto alcanzar el oficialismo y los organismos internacionales de crédito. Por ejemplo, la reducción drástica del costo salarial en dólares se está logrando de manera precipitada bajo esta situación de acelerada devaluación. Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina descendió de la primera a la octava posición en el ranking regional de salarios mínimos en dólares tras la devaluación de esta semana. En noviembre del 2015 el salario mínimo en dólares era de 589 -ocupando el primer lugar en la región- mientras que en la actualidad pasó a ser de 250.
Es raro: según esa hipótesis, al gobierno se le va de las manos la política económica pero lo que obtiene con ese supuesto “fuera de control” son los resultados que él mismo perseguía. Curiosamente, allí donde se queda sin política es donde tiene éxito.
Podemos, entonces, proponer otra hipótesis: que hay una decisión de dejar que ocurran estas tensiones cambiarias porque aceleran y generalizan el ajuste. El “descontrol” no sería la ausencia ni el límite de la política gubernamental. Por el contrario, sería parte de la fase actual de su estrategia de shock o de aceleración del ajuste. Como decía el Chavo del 8: “fue sin querer queriendo”.
En esta perspectiva, Carlos Rodríguez, fundador del CEMA y habitual vocero del establishment afirma: “Hay que dejar que el dólar suba, cuanto más suba más se licúa”. Y agrega la idea de entregar activos estratégicos como garantía de pago: “propuse que usemos Vaca Muerta como respaldo de un fideicomiso para reestructurar la deuda.”
En el diario Clarín del jueves pasado, en una nota de Paula Lugones titulada “Bancos de Wall Street piden una ajuste fiscal de «shock»”, se cita a voceros del Morgan Stanley, quienes afirman: “Es probable que la depreciación del peso continúe”. Y agregan: “Dado que las pasadas intervenciones del Banco Central argentino han demostrado ser costosas y relativamente inefectivas, creemos que una mejor manera de afrontar los desafíos es una carga frontal al ajuste en el tipo de cambio.”
En la misma nota, Goldman Sachs advierte que se necesita una política de shock y agrega: “La estrategia de ajuste fiscal gradual parece que ya no sirve. En nuestra evaluación, en lugar de un enfoque gradual las autoridades deberían ahora considerar un ajuste fiscal de shock”. En el mismo informe se habla de la necesidad de llevar la reducción del déficit pautado de 1,3% en 2019 a 0 para ese mismo año. Y concluye: “reconocemos que ello requerirá recortes políticamente sensibles pero la alternativa de no hacerlo va a costar más económica, política y socialmente.”
También Marcelo Bonelli afirma que el nuevo acuerdo con el FMI se va a producir pero el organismo internacional exigirá un ajuste mayor. “La meta de déficit fiscal -para el año próximo- será de sólo 0,5% del PBI.”(Otros hablan de 0%). “Se trata de un recorte adicional de 192.000 millones” (que se agregan a los 300.000 millones de pesos que ya se habían establecido).
Por supuesto, no estamos en el campo de las matemáticas: la implementación del ajuste vía corrección cambiaria inquieta, produce inestabilidades, contiene imprecisiones, errores de aplicación, y está siempre sujeta a un imponderable que es la subjetividad y la reacción de los ajustados. Hay algo que se escapa a todas las previsiones y es el modo en que las protestas se extienden, se profundizan y terminan confluyendo en una política común.
El retroceso de los proyectos neoliberales no se produce porque sus líderes no sepan qué hacer. Porque lo saben: están absolutamente convencidos de avanzar con los ajustes. Si fracasan es porque la mayoría de los perjudicados por sus políticas se organizan y les ponen límites.
Desde hace años, en la Argentina las devaluaciones, al mismo tiempo que producen ajuste contribuyen a generar los escenarios para profundizarlo.
Pero no hay gestión económica sin gestión política. Al ajuste, además de decidirlo, hay que implementarlo. Y, para ello, el gobierno necesita construir una alianza política que se exprese, además, en acuerdos parlamentarios para intentar imponer los recortes.
Todo ajuste es un acto de fuerza en contra de otra fuerza que lo resiste. En el escenario actual se observa el despliegue de esas fuerzas en el campo de batalla político y comunicacional: por un lado, el gobierno buscando acuerdos con los gobernadores y líderes del peronismo “racional” para darle sustentabilidad y fortaleza política a la aprobación del Presupuesto y los recortes a acordar con el FMI; por el otro lado, sectores sociales, sindicales y políticos movilizándose y confluyendo en acciones comunes para tratar de impedir esos ajustes.
Docentes, no docentes y alumnos defendiendo las Universidades públicas; trabajadores del Conicet, del Astillero Río Santiago, de Fabricaciones Militares, de la agencia de noticias Télam, del Ministerio de Agroindustria, y del Estado en general, oponiéndose a recortes y despidos; gremios docentes movilizados en defensa de sus derechos y de la enseñanza pública; organizaciones que nuclean a empresarios pymes y profesionales cuestionando la actual política económica; las centrales sindicales convocando a medidas de fuerza; el movimiento feminista integrado al conjunto de estas luchas; y los jubilados defendiendo sus ingresos, entre muchos otros sectores, integran ese mapa de fuerzas que se despliegan en todo el país y se oponen a un modelo que los empobrece y los excluye.
Todos ellos saben que lo central de este gobierno no son los errores que, por supuesto, también tiene. Lo central es el rumbo. Sabemos que hay que cambiar el modelo. No hay modo de arreglarlo con retoques. Es necesario que las fuerzas que se oponen al ajuste confluyan en una política común a través de la construcción de un espacio amplio, plural y diverso que represente a los distintos sectores afectados por el ajuste. Se trata de proponer otro modelo de país.
Pensamos, entre muchas otras cuestiones, en un país que vuelva a impulsar un Estado presente en oposición al “Estado canchero”, que sólo interviene para que las corporaciones desarrollen sus negocios con máximos beneficios.
Un país con paritarias libres en las que los salarios le ganen a los precios.
Un país donde los servicios públicos sean accesibles para todos.
Un país que impulse la integración nuestroamericana y la alianza con otras naciones para, desde allí, intervenir en el contexto global.
Un país con inclusión social y distribución de los ingresos y la riqueza.
Un país que aporte recursos crecientes a la educación y a la ciencia y a la tecnología.
Un país que defienda la producción nacional, las pymes, las empresas de la economía social y solidaria, las economías regionales y el trabajo argentino.
En síntesis, un país soberano y dueño de su destino.