Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Como al pasar, Nicolás Dujovne dijo en el programa de Alejandro Fantino: «Mucha gente sentada en sillas comentando la política económica nos pide que demos de baja las jubilaciones que fueron otorgadas por el régimen de moratoria». Mientras, en La Nación (13.08.18) Carlos Pagni se pregunta: «¿Es posible alcanzar las metas (fiscales) que se establecieron sin tocar el sistema previsional? Y, si se deja a salvo ese sistema, ¿qué dimensión debería tener el recorte en el resto del gasto?».
Pareciera que intentan construir un discurso que indica la inevitabilidad del ajuste en el sistema previsional. Los dichos de Dujovne dan idea de por dónde comenzaría tal ajuste: los jubilados que cobran la moratoria, un gran logro social alcanzado en el anterior gobierno, que incluyó a más de 3 millones de personas. Se comenta erróneamente que fue un «regalo», pero muchos de quienes accedieron a la moratoria tenían aportes parciales, y fueron integrando la diferencia para completarlos, en cuotas que se descuentan de su jubilación. Resulta apropiado preguntarse quién es esa gente sentada que cita Dujovne, seguramente en sillas de los muchos seminarios en los que participan los integrantes del «círculo rojo».
La reflexión de Pagni ratifica un concepto que hace tiempo vengo sosteniendo: el fuerte ajuste fiscal programado sólo se puede lograr si se afectan las prestaciones sociales. Este último ítem representa el 60% del gasto primario total. Sólo que recién ahora comienzan a verbalizarlo, intentando generar consenso vía la demonización de las jubilaciones obtenidas con la moratoria.
Ante las tensiones cambiarias de esta semana, el gobierno comenzó a adelantar parte del ajuste propuesto para el próximo año con tres medidas, vía DNU y resoluciones. Una de ellas fue la suspensión por seis meses de las reducciones programadas a las retenciones de los subproductos de la soja, con un ahorro fiscal de $ 1500 millones en 2018 y 12 mil millones en 2019. El poroto seguirá recibiendo rebajas en sus retenciones: se fomenta así la primarización del proceso sojero.
Otra medida consistió en la eliminación del Fondo Federal Solidario, creado para financiar la inversión en infraestructura de provincias y municipios: unos $ 8500 millones para este año y $ 26.500 en 2019 que no recibirán las provincias. Algún gobernador del opo-oficialismo se quejó porque el gobierno desconoció un acuerdo no divulgado, y adelantó la medida al 2018. Pero una gran cantidad de mandatarios provinciales han criticado el decreto y evalúan no apoyar el Presupuesto 2019 que propondrá el gobierno.
La tercera medida de estos días constituyó una fuerte reducción (66%) de los reintegros a las exportaciones. Según el Ministerio de Hacienda, esta medida reportará ahorros al fisco por $ 5000 millones en 2018 y $ 29 mil millones en 2019. Pero el impacto negativo sobre muchas empresas exportadoras pertenecientes a las economías regionales será importante.
Las medidas fueron una señal para los inversores externos de que el gobierno hará lo necesario para reducir el déficit fiscal y cumplir con el FMI. Una idea que refuerza Bonelli (Clarín, 17.08.18): «En el exterior quieren una decisión política para dejar de especular con un derrape argentino. Se lo dijeron en la cara a Quintana: Wall Street pretende saber si Macri podrá ahora acordar un Presupuesto que asegure cumplir la meta fiscal».
Mientras tanto, la recesión se profundiza.
Ajuste para apaciguar la inflación
El índice de precios al consumidor nacional para el mes de julio indicó un aumento del 3,1% y acumula en el año un 19,6%, dato que si lo anualizamos (es decir, lo proyectamos a todo 2018) daría un 36 por ciento.
Entre las alzas más preocupantes está el aumento de alimentos y bebidas no alcohólicas del 4,0% a nivel nacional, subiendo más que el Nivel General (NG). Si tomamos los últimos tres meses, mayo a julio, mientras que el NG aumentó un 9,2%, alimentos y bebidas lo hizo en un 12,9 por ciento.
Por tercer mes consecutivo, la inflación núcleo (que excluye bienes estacionales y regulados) fue mayor que el Nivel General. En los últimos tres meses, la medición núcleo subió un 10,2%, dando idea de que el proceso inflacionario alcanza a la gran mayoría de los bienes. Los precios mayoristas continuaron evidenciando la aceleración que comenzó en mayo, arrojando una variación del 4,7% en julio. En el trimestre, los precios mayoristas aumentaron un 19,9 por ciento. Si anualizamos este valor llegamos a una inflación levemente superior al 100 por ciento. Más que inquietante.
Un tema a destacar es que la inflación mayorista no se ha trasladado a los minoristas en su totalidad. Si bien puede haber varios motivos para este comportamiento, uno de ellos tiene que ver con la recesión existente, que impide que los minoristas trasladen la totalidad de los aumentos de sus compras a los consumidores, que tienen un poder adquisitivo debilitado. De esa forma, el margen de los comercios se achica, principalmente el de los de menor escala, que en algunos casos pueden llegar al cierre, arrastrando a la desocupación a sus empleados.
Así, la recesión, a través de menor poder de compra de la población (derivado en gran parte de que los salarios aumentan bastante menos que la inflación), y la limitación que dicha recesión impone a los aumentos en los bienes finales, evitan que la inflación sea más elevada. Sin duda, con un altísimo esfuerzo.
Reduciendo las Lebac a costa de divisas
El BCRA comenzó a ejecutar el plan para reducir las Lebac. El resultado de la licitación del martes derivó en una baja del stock de letras de $ 327 mil millones (restan unos 650 mil millones). Los bancos, que por una nueva comunicación de la autoridad monetaria no podrán renovar las tenencias de Lebac, compraron las otras letras que ofrece el menú del BCRA (Leliq, a 7 días), por 102 mil millones. El plan quedó refrendado con varias medidas del BCRA, empenzando por la suba de la tasa de interés de referencia. También se determinó una importante suba de encajes a los depósitos en pesos de los bancos, unos tres puntos porcentuales, que se suman a los ocho puntos que ya habían aumentado en lo que va del año. La medida apunta a restringir la capacidad prestable: menos créditos y más caros.
Para suavizar las oscilaciones del tipo de cambio y previa autorización del FMI, el BCRA vendió entre martes y jueves U$S 1035 millones de sus reservas. Según sus autoridades, el tipo de cambio seguirá la evolución de la inflación, una afirmación que muestra que la idea no es ponerle un techo a la cotización del dólar.
Analizando los números de reservas, desde que llegaron los U$S 15 mil millones del FMI hasta ahora, ya se evidenció una baja de U$S 7000, casi la mitad. Por eso, esta semana se anunció un nuevo swap con China, por unos U$S 4000 millones, que se suma al que ya estaba vigente (U$S 10.758 millones). Esta ampliación se contradice con la frase que profesaban los actuales funcionarios sobre el swap cuando eran oposición: son «papelitos de colores». Incluso, el actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, llegó a decir que para que el convenio surtiera efecto habría que esperar «al menos una década y media».
Mientras el programa de ajuste hace indisimulables sus consecuencias en el plano social, la desregulación de los capitales hace su aporte y entrega lo único que tiene para dar: desfinanciamiento de la economía real, un aumento cada vez mayor de la deuda y de la fuga de capitales al exterior, y mayor volatilidad cambiaria.