Ámbito Financiero | Opinión
«Estimados ministros: entreguen en dos semanas un ranking de las áreas donde puede avanzar el recorte de gastos públicos». Éste es, palabras más, palabras menos, el férreo requisito del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Así lo reseñó la mayoría de los medios, como resumen de su primera reunión como coordinador del equipo económico. Esto no es nuevo, ya lo hemos escuchado otras veces en boca del presidente Mauricio Macri.
En este caso, la solicitud viene acompañada de la necesidad de ser funcionales a los requerimientos del FMI. Lo han dicho varios funcionarios, como el ministro Luis Caputo: «Lo que pedirá el Fondo es lo mismo que implementaríamos desde el Gobierno nacional».
Este enfoque del déficit fiscal es totalmente parcial, pues desestima otra variable fundamental de esta ecuación: los ingresos fiscales. También se puede incrementar el déficit (como se ha hecho) con la reducción de tasas impositivas y tributos, desde la eliminación de las retenciones a las exportaciones a la reducción de la tasa de Impuesto a las Ganancias de las empresas, la cuasi eliminación de un impuesto progresivo como el de Bienes Personales, o la reducción de los aportes previsionales de empresas y trabajadores (solicitada insistentemente por el Fondo), entre otros tantos recortes de impuestos.
De allí que la reducción del déficit fiscal es doblemente costosa para la mayoría de la población: se adelgaza el gasto público para achicar el déficit actual y el que sobrevendrá por la menor presión tributaria. De esa forma, con el ajuste del gasto disminuyen la inversión pública, las prestaciones de los servicios de salud y educación, la actualización de jubilaciones y otras asignaciones, los salarios públicos y varias prestaciones más, a la par de beneficiar a sectores con buena capacidad contributiva vía reducciones tributarias.
Esta acometida contra el déficit fiscal (y el abandono del llamado gradualismo) se intenta justificar en que resulta cada vez más difícil financiarlo. Sin embargo, no hay registros de que el flamante ministro «coordinador» haya mencionado alguna medida para achicar el fortísimo déficit en cuenta corriente, que llegó al 5% del PIB en 2017, igualando los mayores rojos de los noventa. Este déficit también demanda financiamiento, y en este caso solo se puede resolver con fondos externos, pues es un déficit en divisas. El FMI tiene el ojo puesto en esta debilidad, pero los funcionarios macristas callan sobre este tema.
Otro de los relatos que se intenta instalar es que el aumento de tarifas de los servicios públicos se realiza para reducir los subsidios. También otra observación parcial: los aumentos tarifarios tienen dicho objetivo, más un importante plus para incrementar la rentabilidad de las empresas prestadoras. Además, al Gobierno no le interesa controlar los costos de las prestadoras, mucho menos lograr una optimización de estos, ni exigir el más mínimo plan de inversiones. En idéntico sentido va la decisión de dolarizar las tarifas. ¿Es que acaso todos sus costos están dolarizados? Seguramente, los salarios y otros pagos a pymes nacionales no lo están.
Los valores bursátiles de las empresas de energía confirman esta aseveración. Entre septiembre de 2015 y la actualidad, las acciones de Metrogas crecieron un 1.300%, las de Transener 680%, Transportadora Gas del Sur 600% y Gas Ban 500%, cuando el promedio de las mayores empresas, el Merval, aumentó el 210%. Datos incontrastables.
De allí que los habitantes tienen que llevar, en este caso también, una doble mochila: pagar altísimas tarifas para reducir los subsidios y a la vez incrementar la ganancia empresaria.
Desde el inicio del Gobierno macrista, los principales costos de las políticas económicas y sociales recayeron sobre la mayoría de la población, situación que se intensificará con la nueva etapa de «Fondodependencia». Por esto resulta esencial ir desarmando los distintos relatos forjados para sustentar la postura de Cambiemos.