Contraeditorial | Opinión
Por Carlos Heller
Un resultado electoral marca un momento, un estado de ánimo. No se puede subestimar, hay que tomarlo con toda la seriedad del caso.
El de Cambiemos es un gobierno ajustador y los resultados de las recientes elecciones de medio término le dan una base de consenso para profundizar el ajuste. Ya aumentaron las naftas y se afirma que el valor futuro del combustible irá de la mano de los valores internacionales. Una pequeña señal de lo que va a venir. También el día siguiente a las elecciones el gobierno anunció que va a seguir tomando deuda mientras haya déficit fiscal, pidió consenso político para reformar el sistema previsional y, de paso, el Presidente reivindicó la legalidad del blanqueo realizado por su hermano. Un sendero que ya habíamos previsto si se consolidaba el voto a Cambiemos.
En la conferencia de prensa del lunes 23 de octubre, Mauricio Macri desplegó su afán transformador. Con sus propias palabras: “Reformarse es crecer, y la Argentina entró en una etapa de reformismo permanente, y no hay que tener miedo a las reformas”.
Los medios afines al actual gobierno hablaron de la convocatoria presidencial a un gran acuerdo nacional, palabras que recuerdan otras épocas. El propio Presidente anticipó que podrá hacer reformas todas las semanas: políticas, institucionales, educativas, impositivas, previsionales. Es decir, un amplio abanico de cambios. Ese paquete de reformas se va a presentar a distintos sectores: trabajadores, empresarios, gobernadores, parlamentarios, y miembros de la Corte Suprema.
La idea de un acuerdo social no debería generar un rechazo per se, puesto que tal acuerdo podría mejorar los intereses de los diversos sectores, y proteger a los más débiles. Sin embargo, no es ese el objetivo del llamado de Macri.
La verdadera discusión sobre los pasos a seguir ya la dio el establishment en las distintas reuniones empresariales que se han llevado a cabo durante el año. Destaca el reciente Coloquio de IDEA, donde estuvo presente la discusión de la mayoría de las reformas económicas, principalmente la relativa a la flexibilización laboral.
Es dable esperar que las reuniones convocadas por la Presidencia de la Nación tengan por objeto aplicar los cambios impulsados por el poder económico concentrado, tanto las asociaciones de las grandes empresas como los representantes de los inversores externos y de los organismos internacionales. Lo transcribí en esta columna de ContraEditorial el 13 de octubre: el CEO local del JP Morgan sostuvo que “el Gobierno tiene que encarar estas reformas ya mismo, porque si no el mercado se lo va a facturar a más tardar en un año”. Una advertencia para incrementar el ritmo del ajuste.
Es el modelo del Estado “canchero”, el que acondiciona la cancha para que los deportistas puedan jugar. En la convocatoria presidencial, seguramente se confeccionarán las leyes según las necesidades de los empresarios. En el caso de la reforma laboral, ya han salido varios opinólogos a decir que los acuerdos sectoriales, al estilo del de Vaca Muerta, no son suficientes: se requiere un cambio en la legislación.
Los medios afines ratifican este rumbo: “analistas (de Wall Street) que siguen con atención los vaivenes económicos y políticos de la Argentina señalaron que (…) el presidente tiene «el camino más libre» para cambios que ellos consideran necesarios. Señalan que la expectativa de los inversores es que se reduzca el gradualismo fiscal y que se avance en proyectos como la reforma laboral, política e impositiva y la reducción del gasto público”. Para generar un “entorno más favorable” para inversiones extranjeras (Clarín, 23.10.17).
El panorama está claro: las reformas responderán a los intereses de los grandes grupos económicos y los inversores extranjeros. Y el ajuste se esparcirá sobre la sociedad. Ya lo hemos vivido en los noventa.
Los ajustes ya se agolpan en la primera semana
“Poco después de cerrados los comicios, aumentaron las naftas entre 10 y 12%” y “La próxima fecha se acaba el fútbol gratis”. Dos titulares aparecidos en los medios, que no sólo indican un ajuste al bolsillo de los consumidores, sino que, principalmente, indican el apoyo que los empresarios le dieron a la campaña de Cambiemos. Sucede que ambos aumentos estaban dispuestos para principios de octubre, pero los hombres de negocios (con la anuencia del Gobierno) los demoraron especialmente para que no incidieran negativamente en el resultado electoral del oficialismo. Una estrategia que los propios empresarios reconocieron.
Junto con estos aumentos, que sólo son el prolegómeno de muchos más que llegarán antes de fin de año y en el primer cuatrimestre de 2018, el Banco Central acaba de aumentar significativamente la tasa de política monetaria al 27,75% desde el 26,25% que venía sosteniendo desde hace varios meses. El BCRA justificó esta decisión en que “se requiere un sesgo más contractivo”. En el comunicado hay un párrafo que no se puede pasar por alto: “se conoció ayer un aumento en el precio de los combustibles superior al esperado, lo cual requiere que la autoridad monetaria induzca al resto de los precios a aumentar a un ritmo menor para compensar dicho efecto”.
Si se esperan varios aumentos en tarifas, como ya se ha informado, ¿cuánto deberá contraerse entonces la política monetaria para lograr la meta de inflación de entre el 8% al 12% que ha ratificado el BCRA en su reciente comunicado? No me animo a imaginarlo. Toda contracción monetaria impacta negativamente en la actividad general. Es por esta vía que la autoridad monetaria intentará que el resto de los precios (los no regulados) compensen las subas de los regulados (tarifas, transporte, nafta, prepagas, entre otras). Una estrategia que seguramente generará un altísimo costo en términos de actividad económica, sobre un crecimiento de la producción que no se encuentra consolidado, ni mucho menos.
Los datos del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), anticipador del PIB, lo confirman. El número de agosto indica un aumento interanual del 4,3%, que surge al compararlo con un nivel de fuerte caída en el mismo mes del año anterior. En los ocho primeros meses de este año, el EMAE creció un 2,35% interanual, apenas superando a la caída interanual de los ocho primeros meses de 2016 (-2,23%). Es decir, a lo sumo se ha llegado a los valores de partida de este gobierno, pero con fuertes desequilibrios en el sector externo, un endeudamiento significativo y elevados costos sociales. Son dinámicas que irán cincelando los próximos años.
Los datos del comercio exterior, también comunicados esta semana, refuerzan esta tendencia: en los primeros nueve meses se ha producido un déficit comercial (importaciones mayores a las exportaciones) de U$S 5.200 millones (en igual período del año pasado se obtuvo un superávit de U$S 1.865 millones). El principal factor: fortísimo crecimiento de las importaciones (+18%) combinado con exportaciones estancadas.
El gobierno y sus medios amigos se regocijaron con el sobrecumplimiento de la meta de déficit fiscal primario para el tercer trimestre de 2017. No obstante, en los primeros nueve meses de este año, el déficit primario (sin intereses) aumentó el 6%, mientras que los intereses pagados por deuda pública se incrementaron nada menos que un 77% ($ 4.622 millones más), por lo que el déficit total (no considerado en las metas) subió el 26% (creciendo en $ 77.412 millones). No son datos para festejar.
Tanto las reformas que el gobierno intenta implementar lo más rápido posible, aprovechando el impulso que le dieron los resultados eleccionarios, como los desequilibrios propios de la aplicación de las medidas de carácter neoliberal, configuran un futuro que preocupa. Ante esta visión, aquellos que bregamos por un país soberano, con mayor equidad distributiva para lograr un desarrollo inclusivo, tenemos un gran desafío por delante. Puesto que quienes ganan no siempre tienen razón, hoy se abre un nuevo tiempo. Hay que transformar nuestras razones, nuestras ideas, en acciones concretas para frenar el ajuste.
Nota publicada en Contraeditorial el 27/10/2017