Tiempo Argentino | Opinión
La inflación de septiembre fue del 1,9% a nivel nacional, y la núcleo fue del 1,6%, más alta que los guarismos de enero, junio y agosto. Con estos datos no parece que se esté avanzando hacia un proceso de desinflación. No obstante, estos valores auguran la continuación de las políticas del Banco Central de altas tasas de interés de Lebacs, que se trasladan a las tasas que deben pagar las empresas y los consumidores por los créditos, con el consiguiente perjuicio sobre la producción y el bolsillo familiar.
La pregunta se revela urgente: si alguno de nosotros hubiera vaticinado tal incremento de precios para septiembre, ¿Marcos Peña nos hubiera tomado como ejemplo para justificar su reciente definición: «el kirchnerismo desea el apocalipsis porque si no, no vuelve al poder»? Una frase que puede asimilarse a la supuesta «campaña del miedo» utilizada en las elecciones de 2015. No fue campaña del miedo ni hay alusión al apocalipsis: son los lógicos resultados de una política de ajuste y de total liberalización de los precios. Les propongo analizar el tema más en detalle.
Lo que más preocupa es el incremento de precios de los alimentos. Alcanzó el 1,8% a nivel nacional y el 1,9% para GBA. Es uno de los indicadores más preocupantes porque impacta directamente sobre el nivel de consumo de los estratos de menores ingresos. No obstante, según las cifras oficiales, la pobreza desciende: una evidente contradicción.
Pero también inquietan otros ítems: mientras que el acumulado en los primeros nueve meses del año para el nivel general arrojó un aumento del 17,6%, los gastos en salud se incrementaron un 21,9% y los de educación el 30%, siempre a nivel nacional. Preocupante.
La inflación de septiembre, con las perspectivas de aumento de las tarifas, abre una gran preocupación sobre el ritmo de los precios en los próximos meses. Y sirve como demoledor ejemplo del intento de Marcos Peña por restar importancia al tema, al sostener que «el tarifazo es una percepción subjetiva».
Este comportamiento de los precios, que se empecina en contrariar las medidas antiinflacionarias del gobierno, nos lleva a la necesidad de comprender las características de la inflación en Argentina. En principio, hay una inflación de costos, debido a que los aumentos de las tarifas y de otros bienes regulados se trasladan a los precios de la mayoría de las mercancías.
Pero en esencia, la inflación en nuestro país es una cuestión de puja distributiva. Una tesis que aplica el gobierno, aunque sin reconocerlo, y que se enfoca exclusivamente en una de las fuerzas que pujan: intenta bajar los salarios, o hacerlos crecer menos que la inflación pasada. Esta estrategia actúa como herramienta antiinflacionaria por dos ejes: 1. reduciendo los costos salariales y mermando el poder de compra de los trabajadores, y 2. actuando sobre los precios vía la recesión que se genera. De hecho, a partir de octubre y hasta fin de año ya no habrá aumentos en casi ningún convenio colectivo, y muy pocos actualizarán algún porcentaje menor en los primeros meses de 2018.
Pero, desde nuestro punto de vista, el comportamiento actual de los precios se relaciona con la otra fuerza que puja con el objetivo de incrementar la ganancia: los grandes grupos empresariales. Estos son y han sido históricamente los principales impulsores del aumento de los precios. Hasta que esta cuestión no se encare, no sólo no va a bajar significativamente la inflación, sino que los esfuerzos deflacionarios generarán menor poder adquisitivo y menor crecimiento productivo, afectando a un importante sector de la población.
De no modificarse las políticas aplicadas, sólo se puede esperar mayor contracción monetaria y la persistencia de altas tasas de interés, como viene adelantando el BCRA en sus comunicados oficiales. Un gran costo para las empresas, que ven encarecido su financiamiento, y con un dudoso efecto sobre la desinflación, en especial en un período de aumentos de tarifas como el que se avecina. Creer que el problema de la inflación se resuelve sólo con aumentar las tasas de interés es parte del problema.
La IDEA fija de flexibilizar
En IDEA hay una muestra de adhesión que no se veía desde los tiempos de Carlos Menem, sentenció Marcelo Bonelli en su columna habitual. Marcos Peña, por su parte, dio una definición precisa: «valoramos al empresariado como actor central de nuestro desarrollo económico».
El Congreso de IDEA, con una inusual elevada participación de líderes gremiales, se centró en las características de la reforma laboral que se espera. Así, confirmó la estrategia del gobierno de realizarla por acuerdo entre los diversos sectores, al estilo del rubricado para Vaca Muerta. Tomando la iniciativa, los empresarios convocaron a los sindicalistas para conformar una mesa de diálogo permanente (Ámbito, 13.10.17), una estrategia para avanzar en esta «reforma laboral sector por sector», que llevaría a una mayor flexibilización laboral. Paolo Rocca, CEO de Techint, fue terminante: «Si queremos salir del 30% de pobreza es imposible hacerlo con el marco laboral que tenemos». La verdadera pregunta es: ¿a cuánto subiría la pobreza si esa flexibilización se aplica?
Las encuestas realizadas muestran que el 86% de los empresarios cree que la economía mejorará el próximo semestre, pero sólo la mitad de los encuestados dice que aumentará el empleo: de tal forma, hay un 36% que piensa que la economía mejorará sin que se incremente el empleo. Toda una definición.
Otro de los temas presentes que entusiasmó a los empresarios y funcionarios fue la supuesta recuperación de la economía, a partir de una nota publicada en La Nación (12.10.17) que titula: «El «brote verde» más esperado: la reactivación llegó al consumo masivo». La nota indica que por primera vez, en más de un año y medio, el consumo registró datos positivos en septiembre (un insignificante 0,4% interanual), según datos de la consultora Scentia. Pero en medio del texto, casi perdido, se aclara que «el optimismo debe ser tamizado, si se tiene en cuenta que la leve suba de septiembre toma como punto de comparación el mal desempeño que había tenido la actividad en el mismo mes del año pasado, es decir, en medio de una de las más profundas recesiones de los últimos años». O los empresarios sólo leyeron el título, o sólo les interesa resaltar una recuperación que los números aún no confirman. Pareciera que es la segunda opción.
Quizá los hombres de negocios presentes en IDEA tampoco leyeron un informe publicado en Ámbito (09.10.17) que revela que las jubilaciones, el salario mínimo y la Asignación Universal por Hijo (AUH) perdieron al menos 7% de poder adquisitivo en los 12 meses previos a septiembre.
Se vienen meses arduos, con las subas de tarifas y su impacto en la suba de precios que van a comprimir la capacidad de compra de la población. Un empresario de una multinacional ligada al petróleo fue contundente: «Deberíamos revisar las tarifas, pero no lo haremos hasta después de las elecciones, porque queremos que a todos nos vaya bien» (La Nación, 13.10.17). Aparentemente ese «todos» que menciona el empresario multinacional es bastante restringido. En verdad, la mayoría la pasará peor con los seguros aumentos a los que llevará la «revisión tarifaria».
De allí que en estas próximas elecciones se necesita un «voto útil», es decir, elegir a aquellos que han demostrado que se han enfrentado a este modelo, y que son los únicos que pueden y desean poner frenos al ajuste que ya está en curso y a su aceleración a partir de noviembre. «