Contraeditorial | Opinión
Si se parece a un perro, ladra como un perro, y recupera el palo lanzado por su dueño, con seguridad es un perro. Si se crea una sociedad anónima (y no sociedad estatal o mixta), si ésta no se rige por las leyes administrativas del Estado, si la sociedad mantendrá con sus trabajadores una vinculación laboral de derecho privado, y si la Dirección Nacional de Vialidad trasferirá sus trabajadores a la nueva empresa, entonces, es sin duda una privatización.
Es lo que sucede con la recientemente creada empresa “Corredores Viales S.A.”. Ni siquiera se puede sostener que es una privatización encubierta. Por el propio peso de las definiciones expresadas, se convierte en una privatización hecha y derecha, aunque el gobierno lo niegue.
El decreto 794/2017, firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña y Guillermo Dietrich, no deja lugar a dudas. Los objetivos de la nueva sociedad serán idénticos en su esencia a los que tiene hoy la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Su artículo 4º establece expresamente que no resultan aplicables a “Corredores Viales S.A.”, las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, ni la Ley de Obras Públicas. Es decir, ninguna obligación de hacer licitaciones, más que la que pudiera surgir de la Ley General de Sociedades Nº 19.550.
También se establece en el artículo 5º “que la sociedad mantendrá con su personal una vinculación laboral de Derecho Privado”. Esta cláusula cobra mayor importancia cuando se la vincula con el artículo 8º, que faculta a la DNV, para que en conjunto con el MTESS “establezcan con las organizaciones gremiales representativas de los trabajadores, en caso de corresponder, la transferencia de los mismos a la sociedad concesionaria”. ¿No se parece acaso a un vaciamiento deliberado de la DNV?
Si bien en el punto de partida el Ministerio de Transporte tendrá el 51% del capital social inicial y la DNV el 49%, al estar comprendida por la Ley 19.550, en cualquier momento podrá abrir su capital a los inversores privados. Más aún cuando el decreto 794/2017 posibilita que la Asamblea de Socios apruebe modificaciones posteriores de los documentos societarios, incluido el Estatuto.
¿Cómo se conecta esta decisión con el entramado de negocios privados que se fomenta desde el Gobierno nacional? En este sentido, no es menor la fuerte concentración en los principales proyectos de inversión en infraestructura que se encuentran en el Presupuesto 2018 enviado por el Gobierno al Parlamento. Según un informe de ASAP, 35 proyectos acumulan el 50% del total de financiamiento previsto: en este grupo, el 65% de los fondos serían ejecutados por la DNV, además de la participación en el resto de las obras. Una más que envidiable masa de fondos que tendría en sus manos la empresa Corredores Viales.
Es altamente probable que esta nueva empresa vial termine realizando las obras con otras empresas privadas bajo el paraguas de la Ley Nº 27.328 de Contratos de Participación Público Privada (PPP). Una de las principales críticas que he venido haciendo sobre la PPP es que los contratos firmados a través de ella no están sujetos a publicarse en el Boletín Oficial, con el negativo impacto en la transparencia de los actos de gobierno que ello significa. Paradójicamente, el decreto de la semana pasada ha avanzado aún más en esta cuestión tan opaca.
Cabe citar, además, que la PPP tiene sus aristas preocupantes debido a la lesiva cláusula de resolución de litigios en tribunales extranjeros de la Ley 27.328, una definición que atenta contra la soberanía de nuestro país. Normativa que podría llevar a resolver potenciales conflictos contractuales bajo la órbita del CIADI, un organismo ampliamente conocido por fallar a favor de los inversores privados y en contra de los Estados.
Reformas estructurales y gradualismo
La verdadera opción es ajuste o no ajuste. Hablar de gradualismo o shock es sólo una forma de discutir la forma en la que se aplica y se seguirá aplicando el ajuste, partiendo de una supuesta “inevitabilidad” del mismo.
Este gradualismo sirve para muchos objetivos: tratar de encubrir el ajuste y como una estrategia para obtener mayores votos en las elecciones, entre otros.
Un elogio al gradualismo se encuentra en el reportaje a Pablo Gerchunoff, actualmente profesor emérito e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella. Para el docente, “lo que Cambiemos hizo en materia de transformación económica desde noviembre de 2015 hasta este octubre de 2017 es manejarse con una extrema prudencia para no poner en peligro el triunfo electoral el 22 de octubre” y resalta: el “elogio a la prudencia, que me parece que hace falta hoy en la Argentina para que no estalle todo”.
Preguntado sobre las posibilidades de continuidad política del modelo, Gerchunoff responde: “Ahí es donde yo veo el riesgo de que Cambiemos pierda esa batalla. Porque si la perdió un gobierno militar con todo el poder en el 76 – 83 y la perdió un poder democrático con mayorías parlamentarias como fue Carlos Menem en los años 90, mi pregunta es ¿vale la pena volver a intentar el camino revolucionario? ¿No será mejor intentar el camino lento y prudente del consenso para que sea irreversible?”. Una evaluación para tener en cuenta, que, a mi entender, denota preocupación por el impacto político de los problemas en la economía y en la población que generan los modelos de ajuste.
La proposición de continuar con el “gradualismo” es indispensable, según el investigador, pues “si se hace una apertura económica hoy, en un día Argentina tiene 500.000 desocupados nuevos y 60.000 piqueteros más”. ¿Qué es lo que este análisis implica? ¿Que con la gradualidad los 500.000 desocupados nuevos se generarían en un plazo más prolongado, dando tiempo al gobierno para intentar aplacar la protesta social? Un tema inquietante. Y además propuesto por un profesional que explicita que vota a Cambiemos, y que sostiene que “esa mejora (de la economía) nos está devolviendo al punto de partida, el día que Macri llegó a la presidencia, en 2015”.
Hablando de desocupación, resulta interesante lo dicho por Domingo Cavallo en una nota en El País (09.10.17). No es ninguna novedad que el exministro diga que “hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los noventa”: más bien es una obviedad. Desde varias columnas y entrevistas he repetido tal concepto. Aunque para Cavallo tal frase funciona como una reivindicación de sus políticas, algo que el Gobierno se empecina en negar. En la citada nota, en la cual esgrime su autodefensa, expresó otra frase reveladora: “todos los que están en el Gobierno trabajaron en algún momento conmigo, salvo los que son muy jóvenes”.
En verdad toda la discusión discurre por los canales políticos. Por ejemplo, la necesidad de un resultado positivo de Cambiemos en las elecciones de medio término está presente en gran cantidad de analistas. Para Juan Luis Bour, director de FIEL, es necesario “que las industrias ganen productividad” y explica que “para ello hace falta inversiones y eso depende del clima político”.
La cuestión del apoyo político para consolidar las reformas que se avecinan se puede ejemplificar en la nota editorial del Cronista (09.10.17) que lleva por título “Para mantener el gradualismo, la Casa Rosada necesita conseguir un shock de votos pro-reformas”. Una proposición que pareciera contradictoria, puesto que las reformas que piensa implementar el Gobierno (la laboral, la previsional, la tributaria) acelerarán aún más el ajuste. Pero no existe tal discordancia: en definitiva, ratifica lo enunciado al principio de esta nota: el “gradualismo” no es más que un fuerte ajuste aplicado en un tiempo más prolongado.
Está entonces por verse si después de octubre continuará la “gradualidad” o el Gobierno apurará las reformas estructurales. Una respuesta a este dilema puede encontrarse en la expresión del CEO local del JP Morgan: “el Gobierno tiene que encarar estas reformas ya mismo, porque si no el mercado se lo va a facturar a más tardar en un año”. Una vez más, queda en evidencia la imperiosa necesidad de ponerle un freno a este modelo en las próximas elecciones.
Nota publicada en Contraeditorial el 13/10/2017