Página/12 | Opinión
Ajuste, tarifazo, endeudamiento y déficit fiscal y comercial
Al proyecto de Presupuesto 2018 se lo definió como “políticamente correcto”, incluso desde las plumas del “círculo rojo”: el gasto en servicios sociales crece mucho más que el gasto promedio, mientras que se reducen los subsidios a las tarifas energéticas. Una diagramación que choca con los pedidos de profundización del ajuste. Ante esta situación, la advertencia no tardó en llegar: “el Gobierno tiene que encarar estas reformas ya mismo, porque si no el mercado se lo va a facturar a más tardar en un año”, dijo el titular del JP Morgan en Argentina.
¿Qué respuesta da el gobierno a estas presiones? Varios funcionarios ya dejaron trascender que intentarán que el Presupuesto 2018 se trate en extraordinarias, o como mínimo después de las elecciones. Una estrategia de postergación similar a la utilizada con las subas de las tarifas energéticas y de transporte, e incluso con el pago del fútbol por TV, este último generosamente diferido por las empresas privadas hasta noviembre. Despejadas las necesidades electorales, la discusión del Presupuesto podría llevar a modificaciones sustantivas, y así avanzar en el recorte del gasto y otras modificaciones estructurales.
Esta versión “preelectoral” del Presupuesto 2018 viene además con algunas medidas y previsiones que preocupan. Por ejemplo, se dispone la contratación de obras por el sistema de Participación Público Privada (PPP). Según la ley de PPP, votada el pasado año, estas obras están exentas de publicación en el Boletín Oficial, cuestión que vulnera la debida transparencia. Esta ley, aprobada gracias a los legisladores del opo-oficialismo, contiene una lesiva cláusula que permite optar por la prórroga de jurisdicción en la solución de controversias. De esta forma, se abre la puerta a la participación de organismos como el Ciadi, que se destaca por fallar sistemáticamente en contra de los países en desarrollo. La ley de PPP bien podría llamarse de “Pérdida de soberanía y camino a la privatización”.
Otra cuestión de importancia es la reducción del capital social del Banco de la Nación Argentina por 20.000 millones de pesos, para transferirlo al Tesoro Nacional, para lo cual modifican la Carta Orgánica de la institución. Esta decisión contradice la furibunda negativa a transferir utilidades del BCRA que muchos de los actuales funcionarios sostenían antes de ser gobierno.
Los ingresos fiscales crecerían al 19 por ciento, mientras que el gasto primario lo haría en una magnitud menor, el 15,1. Es la fórmula para lograr que el déficit primario encuadre dentro de las promesas oficialistas: el 3,4 por ciento del PIB para 2018. Sin embargo, en esta modalidad de cálculo quedan excluidos los pagos por intereses de la deuda pública, que se incrementarían el 27,6 por ciento. Gran parte de estos intereses corresponden al pago en moneda extranjera (71 por ciento del total) por 1231 millones. Sostengo que el análisis del déficit fiscal debería hacerse sobre el resultado financiero, que incluye los intereses, y que en 2018 llegaría, según el Presupuesto, a un rojo del 5,5 por ciento del PIB.
Muchas de las previsiones del Presupuesto indican la naturaleza del régimen económico que propone aplicar el gobierno. En este sendero, se plantea tomar deuda en moneda extranjera por 17.700 millones de dólares en 2018 (neto de amortizaciones), que se suman a los 25.300 millones que se tomarían este año, siempre según los datos del Presupuesto. Según el endeudamiento previsto, en 2018 la deuda con privados y organismos internacionales se duplicaría respecto a la existente a fines de 2015. Consistente con esta evolución, los pagos por intereses de la deuda se incrementarán en 2018 un 28 por ciento, duplicando a los gastos primarios.
La esencia del Presupuesto consiste en detallar el plan de gobierno para el año por venir y los siguientes, y es esa estrategia la que se sujeta a aprobación en el Congreso. Además de la evolución de la deuda pública, una cuestión que denota claramente la orientación del Gobierno es la evolución prevista de las exportaciones e importaciones, y el saldo de ambas operaciones. Comparados con 2016, los ingresos proyectados por exportaciones en 2021 crecerán un 27 por ciento, mientras que los egresos por importaciones se incrementarán un 46 por ciento en el mismo lapso. Ello significa pasar de un superávit de 2100 millones de dólares en 2016, a déficits de 4500 millones para 2017 que seguirán creciendo hasta totalizar un rojo de nada menos que 30.600 millones de dólares en cinco años (2017 a 2021). Este trayecto indica que la política de liberalización de las importaciones seguirá intensificándose, impactando negativamente en la industria, en las pymes en general y en muchas producciones regionales.
Este déficit comercial, al igual que las ingentes salidas de divisas por turismo y a los pagos de intereses de la deuda, requiere necesariamente de financiamiento en divisas, colocando una pesada carga de la cual no resulta fácil salir. Es una cadena que ata a la economía al endeudamiento externo, una situación que, de no revertirse, llevará a un fuerte deterioro de la soberanía económica de nuestro país.