Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El senador Miguel Ángel Pichetto describió –con una precisión envidiable– el rol que un sector de la “oposición” desempeñó en la aprobación de leyes estratégicas para el gobierno de Mauricio Macri. Dijo que “el peronismo y los gobernadores hicieron un aporte importante en las medidas económicas que el Gobierno impulsó. Todas las medidas han sido votadas”, concluyó. Además, anticipó el rol que estos mismos sectores tendrán en el futuro como sostén legislativo de las reformas que el macrismo se propone llevar adelante luego de las elecciones de octubre: Pichetto remarcó la necesidad de crear grandes acuerdos de gobernabilidad para las reformas estructurales. “Hace falta incorporar más masa crítica, sentando al sector empresario y al sector del trabajo, y empezar a resolver las cuestiones”, dijo al diario La Nación.
Está claro: se trata de sectores de la “oposición” que se ofrecen como futuro sostén legislativo de la batería de medidas neoliberales que el gobierno de Macri enviará al Parlamento luego de octubre. Desde la flexibilización laboral, hasta las reformas en el sistema previsional y en la estructura impositiva, entre muchas otras iniciativas que ya anticiparon.
Más que la expresión de la oposición al actual gobierno en el Parlamento, este punto de vista parece el de quienes expresan las posiciones del gobierno en el Parlamento. Es una inversión de la representación. Muchos de los que son votados como oposición, actúan luego como quienes apoyan las leyes del oficialismo.
El mismo senador Pichetto se encargó de anticipar una fractura del futuro bloque de senadores nacionales, sugiriéndole a Cristina que arme un espacio legislativo propio, el de Unidad Ciudadana. En línea con ello, un funcionario del macrismo dijo, según el diario Clarín, que “nosotros estamos trabajando para ello (refiriéndose a la división del bloque), pero la verdad es que hay que verlo para creerlo”, dejando en evidencia la confluencia de intereses con este sector “opositor”.
Parecen configurarse dos grandes actores entre las fuerzas no gubernamentales: uno llama a constituir una única oposición con capacidad de poner freno al ajuste y al conjunto de reformas estructurales que el macrismo impulsará luego de las elecciones; el otro, se prepara para actuar como soporte legislativo de ese ajuste y de esas reformas estructurales.
Es decir, los diputados y senadores que se incorporan a ambas cámaras como expresión del voto opositor, no tendrán el mismo comportamiento: unos se opondrán a las reformas del macrismo, otros las apoyarán, unos serán coherentes con su rol opositor, otros invertirán el sentido del voto, y acompañarán las iniciativas del oficialismo.
Un dato muy preciso: la candidata a diputada en segundo lugar en la lista de Martín Lousteau, Carla Carrizo, actualmente integra el interbloque de Cambiemos como legisladora nacional. Supuestamente se presenta por una lista opositora, pero es actualmente oficialista y no hay ninguna razón para que no siga siéndolo. Esta posición de la candidata no tiene contradicciones con Lousteau, quien al volver de EEUU, luego de haber sido embajador de ese país en representación del gobierno de Cambiemos, armó una lista que es opositora a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, pero oficialista a nivel nacional.
Hay un sector de supuestos críticos a Cambiemos que practican una rara oposición al gobierno de Mauricio Macri: su desempeño cotidiano consiste en diferenciarse obsesivamente de la candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner.
Por eso, son una oposición al gobierno cuanto menos dudosa: deben recordarnos todo el tiempo que lo son. O, por lo menos, son una oposición intermitente: se oponen, luego apoyan, luego se oponen de nuevo, y luego vuelven a apoyar.
Por supuesto, lo más probable es que su postura opositora sea una variable sujeta a negociación, porque no es constitutiva de su identidad. Más bien es un objeto de transacción. Las leyes pueden terminar siendo bienes intercambiables en las mesas de negociaciones entre el gobierno, algunos gobernadores y legisladores.
En esta misma línea, en simultáneo a que la ex presidenta Cristina Kirchner convoca a la unidad y a un acuerdo para enfrentar el ajuste, estos sectores llaman con urgencia a mantener la división del espacio opositor. Actúan como si estuvieran en el vacío, como si sus comportamientos no influyeran sobre los resultados de octubre en términos de fortalecimiento o debilitamiento del gobierno de Macri y su plan neoliberal.
En síntesis: una parte de los diputados y senadores elegidos como opositores tenderían a desempeñarse en la práctica como oficialistas. Ello configura una anomalía republicana: una inversión del sentido del voto.
Por eso, estamos elaborando lo que llamamos un compromiso republicano. Una especie de pacto público que le otorgue al votante garantías de que mantendremos el vínculo, sin alteraciones, entre el discurso preelectoral y el desempeño posterior como representantes en las Cámaras de Senadores y de Diputados.
Un compromiso sobre lo que en ningún caso vamos a votar en favor de las políticas que el macrismo necesita impulsar para consolidar el modelo neoliberal, en acuerdo con los organismos internacionales y los factores de poder local.
Un compromiso público por el que acordamos, en caso de ser electos, no votar leyes que signifiquen una pérdida de derechos para los trabajadores, ni para los jubilados.
Un compromiso público por el que acordamos no acompañar leyes que cambien las reglas de juego en el sistema previsional, que propongan desarmar el sector estatal de la economía, o que impulsen el despido de empleados públicos, entre muchos otros aspectos.
En síntesis: un compromiso por el que garantizamos que no votaremos leyes que deroguen o limiten los derechos ciudadanos conseguidos desde el 2003 hasta el 2015.
Los votantes que eligen oposición, deberían contar en el Parlamento con diputados y senadores opositores. No al revés: que voten una cosa y consigan otra, o que voten opositores y que luego estos actúen como oficialistas.
Por lo tanto, debería quedar claro quiénes son los candidatos que ofrecen garantías a los votantes de que van a respetar su voto opositor. Y quienes los que no.
Por eso el compromiso republicano. Un instrumento para darles garantías a los votantes de que su voluntad y su punto de vista serán respetados.
Sin respeto por la voluntad popular no hay república.