Tiempo Argentino | Opinión
Fue un conciso tuit de 140 caracteres, pero pegó en los medios como si fuera una declaración de principios de los representantes del «círculo rojo». «Viendo la reforma laboral brasileña, Argentina puede 1) imitarla 2) salirse del Mercosur 3) resignarse a perder millones de empleos a Brasil»: es lo que escribió Marcos Galperin, el CEO de Mercado Libre y amigo personal del presidente de la Nación, según se comenta.
Las tres opciones pareciera que no dan otra posibilidad que implementar una reforma similar a la de Brasil, que anticipa una virulenta reducción de derechos laborales.
José Del Rio, en La Nación (12.09.17), complementa el tuit mencionando que Brasil tiene un 30% menos de impuestos al trabajo y en Chile esa cifra sube al 40 por ciento. Así, continúa el periodista, mientras que en nuestro país el salario promedio de un trabajador industrial está en U$S 1150, cuando en Brasil baja a U$S 750 y en Chile a U$S 650.
El panorama resulta sumamente adverso para los trabajadores. Un reciente estudio del FMI (WP17169) documenta la declinación de la participación de los salarios en la renta total entre 1991 y 2014, tanto en los países avanzados como en los emergentes. Sostiene que en los mercados emergentes esa caída se explica principalmente por la integración global, particularmente por la expansión de las cadenas globales de valor (CGV). Puede sostenerse que estas CGV son las que explican la ubicación de las actividades con mayor intensidad de mano de obra en los países con menores salarios.
De esta forma, la baja salarial debe ser vista en gran parte como el resultante de una integración irrestricta a la economía mundial, que favorece a las multinacionales.
El presidente del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Alejandro Oberst, fue claro: «Ojalá se apruebe la reforma laboral, cruzamos los dedos para que salga. Esa reforma va a ayudar a las empresas, en particular a las pymes, que constituyen el sector que más empleo genera en todo el país. Lo que no dice, como sucedió en España y seguramente sucederá en Brasil, es que se crearán empleos degradados, sin seguridad social, inestables, precarios y de bajos salarios.
El problema es que el gobierno todavía no ha pisado el acelerador con sus reformas y ya se ven los perjuicios del modelo que desea profundizar, entre los cuales figura la cuestión del empleo.
Un estudio del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala demuestra que si bien el empleo registrado total creció en mayo de 2017 un 0,5% anual, el 68% de este escaso crecimiento se produjo gracias al aumento de los monotributistas (modalidades de muy bajos ingresos), un 24% de los asalariados públicos y sólo un 18% de ese 0,5% de crecimiento corresponde a los asalariados privados. El ITE sostiene que «al analizar lo que ocurre dentro del sector privado se observa que los sectores en los cuales se generó empleo son aquellos de menor salario relativo». Analizando los datos desagregados, también se observa una caída significativa del empleo en el grupo con salarios superiores a la media.
El Centro de Estudios Atenea confirmó que los sectores del mercado de trabajo perdieron poder adquisitivo en 2016. Su director, Damián Ledesma, comentó: «Las paritarias del año no lograron revertir la pérdida de poder adquisitivo de 2016. Incluso principales sindicatos sellaron acuerdos por encima de la inflación oficial pronosticada (17%) pero ninguno recompuso la capacidad de compra deteriorada desde el 2015» (BAE Negocios, 14.06.17).
Con los elementos brindados, podemos decir que la flexibilización ya se viene instalando. Lo confirma La Nación (15.09.17) en su web: «La reforma laboral que impulsa el gobierno será por sectores y por ahora no se prevé un proyecto de ley».
En tanto, se conocieron los datos de desempleo para el segundo trimestre de este año. La desocupación se ubicó en el 8,7% para todo el país, levemente por debajo del 9,3% de igual período del año anterior, caracterizado por una aguda contracción de la producción. La mayor explicación de la baja de la desocupación viene por el lado de la caída de la población económicamente activa (que está en condiciones de trabajar y además lo desea).
Las grandes urbes continúan con elevadas tasas de desempleo: 10,9% en los partidos del Gran Buenos Aires, 10,8% en Rosario, 10,2% en La Plata y 11,9% en Mar del Plata, entre las más comprometidas.
Este gobierno va resolviendo todos los problemas ajustando. El déficit energético se resuelve con menor consumo. El desempleo baja porque la gente busca menos trabajo. Así, el desahucio que se siente ante la imposibilidad de resolver un problema, se vende como parte de la solución.
Ajuste más allá del Presupuesto
En la semana abundaron los «gurúes» que presionan al gobierno para acelerar el ajuste tras las elecciones. Ricardo López Murphy, exministro de Economía de la Alianza, dijo en la Fundación Libertad y Progreso: «lo dramático de esto es que desde que Cambiemos ganó las elecciones, Argentina no está ajustando, yo voté a este gobierno y quiero que le vaya bien, pero este gobierno no ajustó, sólo está financiando la herencia». Luego se definió como «enemigo del déficit fiscal porque coloca al país en una situación vulnerable». La angustia de López Murphy va más allá: «si seguimos con la política de los planes que son un incentivo gigante a no buscar trabajo, no vamos a corregir esto». Finalmente, para que no queden dudas se despachó con la reforma previsional: «quizás lo viable sea aumentar la edad jubilatoria en forma gradual, para en 20 años apuntar a que la jubilación sea a los 68 años para hombres y mujeres».
Orlando Ferreres, por su parte, fue muy contundente en el enfoque del ajuste: «para poder bajar impuestos, aunque sea gradualmente, primero hay que considerar la reducción de los gastos a los cuales financian». Para el economista, «la gran pregunta es cuánto podremos reducir los gastos, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal: en esta pregunta se nos va la vida».
Infaltable en estas lides, José Luis Espert fue invitado a exponer en la Convención del IAEF en el Hotel Llao Llao. El economista no ahorró críticas: «la decadencia comienza con el populismo extremadamente bizarro que introdujo Perón y luego siguieron otros presidentes, incluso radicales y, en cierta medida, hasta Macri». Entonces Espert reclamó que el gobierno debe hacer un «gran ajuste».
Falta poco para las elecciones y los gurúes arremeten con esta clase de opiniones, con la firme idea de inclinar la balanza hacia el lado del ajuste.
El presupuesto 2018 (que se estaba presentando al cierre de esta nota) debería develar la magnitud del ajuste por venir, pero las previsiones pueden ser vulneradas. El editorial de El Cronista (13.09.17) es contundente: «de hecho, el mensaje que llegó a las segundas líneas es que la asignación de gastos será similar a la de 2017, con un incremento alineado con la proyección de inflación, o sea 15% promedio. La realidad promete ser bien distinta: los números del Presupuesto serán «políticamente correctos», pero hacia adelante la ejecución será más restringida. La herramienta para atacar el rojo fiscal será la autorización trimestral, mecanismo que ya funcionó este año». El editorial ya está anticipando que el ajuste será superior al enunciado en el Presupuesto.
De cumplirse dicha previsión, será otro desvío respecto de la promesa de mejorar la mentada calidad institucional. «