Nodal | Opinión
“Exigen reformas políticas para dejar de ser mercado de frontera”: se trata de una noticia ubicada en una página del interior de un diario especializado, que parece estar llamada a pasar desapercibida. Sin embargo, tiene una importancia superlativa.
Esta es una más de las tantas presiones que se ejercen desde distintas instancias externas para generar una advertencia: para que el país sea aceptado en el mundo al cual desea volver el presidente Mauricio Macri(1), la sociedad argentina tiene que dar fe de su adscripción al modelo neoliberal que encara el actual gobierno. Así de descarnado.
¿Cuál es ese mundo? El de los países más desarrollados y el de los grandes bancos internacionales. Los políticas encaminadas a fortalecer estos vínculos pueden ilustrarse en la voluntad del actual gobierno argentino de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). O en el fuerte endeudamiento con el exterior, siguiendo muchas veces las recomendaciones de un tríada de grandes bancos internacionales.
Cabe recordar que el gobierno del presidente Macri sufrió un shock en junio de 2017 cuando el Morgan Stanley Capital Investments (MSCI) decidió no mover a Argentina de la clasificación de “mercado de frontera”. Los mercados ya habían dado por descontado que el MSCI promocionaría a la economía argentina al nivel de “mercado emergente”, una calificación que beneficiaría casi exclusivamente a los capitales especulativos.
Las razones del MSCI para su decisión fueron contundentes: “Para ser mercado emergente aún debe evaluarse la irreversibilidad de los cambios recientes.” Esto es, se debe probar que se puede garantizar la gobernabilidad necesaria para sostener los planes neoliberales en marcha y que los inversores externos exigen profundizar a rajatabla. La política, en primer lugar.
Una vuelta más de tuerca se produce en el mes de agosto: el MSCI sostiene que para recalificar al país en el 2018 se necesita testear la capacidad de Macri para negociar con el resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria. El objetivo es impulsar las reformas estructurales pendientes como la impositiva, la previsional y la laboral, así como profundizar la reducción de subsidios energéticos, es decir, aumentar las tarifas. Si bien no ha habido un comunicado oficial del MSCI sobre esta cuestión, se conoce a través del lobby de los principales agentes financieros que indirectamente intentan incidir en el resultado de las elecciones.
Estas conocidas reformas estructurales son “sugeridas” por distintos organismos internacionales. Es el caso del informe de la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económicos (OCDE) que, por ejemplo, sostiene que las “normativas rígidas del mercado laboral obstaculizan la creación de empleo, aumentan el costo laboral y frenan el aumento de la productividad”, es decir, se requiere flexibilización laboral.
En el tema fiscal, se solicita una reforma tributaria que aumente la cantidad de personas que tributan sobre sus ganancias (en especial los trabajadores), pero reduzca la tasa a las grandes empresas. También se recomienda ampliar la base imponible del impuesto al valor agregado, un tributo que presenta una de las tasas más altas del mundo (21%). medidas que intensificarán la ya alta regresividad del sistema tributario argentino.
Además se indica la aplicación de una “regla del gasto público”, lo cual lleva a recordar el congelamiento en términos reales que aplicó Brasil. Propone “racionalizar (léase reducir) el empleo público, especialmente en las provincias”.
Se afirma que “el gasto en pensiones es alto y el envejecimiento demográfico amenaza la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones”. Otro llamado a incrementar la desigualdad, en este caso en contra de los ingresos de los adultos mayores.
La OCDE pretende una intensificación de la apertura externa que perjudicará aún más a las pymes argentinas. Las recomendaciones resultan impactantes: “bajar las tarifas a la importación” y “reducir aún más la aplicación de licencias no automáticas de importación”. El siempre reclamado librecomercio, que los grandes países desarrollados evitan aplicar, en especial con sus productos agrícolas.
Por su parte, en su última revisión del Art. IV de Argentina, el FMI destaca entre las iniciativas para lograr una mayor “eficiencia del gasto público”, un apartado titulado “Opciones de reforma del Sistema Previsional” que incluye las siguientes propuestas:
• Cambiar la fórmula de indexación, de tal forma que se reduzca el aumento en el gasto previsional. Esto llevará a que los haberes mínimos sean inferiores, al tiempo que los sucesivos aumentos previsionales sean menores a los que se vinieron aplicando hasta ahora.
• Disminuir la tasa de reemplazo (porcentaje del salario que recibe un trabajador retirado) del 72% actual al 60% del salario promedio.
• Aumento gradual de la edad de jubilación de las mujeres.
Como no podía faltar, otra de las “propuestas” es reducir el gasto en salarios públicos. Se plantea un achique de hasta el 2,75% del PIB en el gasto total en salarios, lo que implica un recorte de un cuarto de los salarios totales pagados en términos reales.
El organismo acaba de indicar que el crecimiento de Argentina se moderaría en 2018, “ya que la mayor consolidación fiscal y la continua aplicación de una política monetaria restrictiva moderarán la demanda interna”. Hasta desde el propio FMI indican el efecto negativo del ajuste sobre la producción, que a su vez deteriorará aún más las finanzas públicas, en un círculo vicioso.
No obstante, el FMI y otros organismos internacionales insisten con sus políticas de consolidación fiscal (léase ajuste), que luego son tomadas por los agentes financieros para desplegar presión sobre el país. Un avance sobre la autonomía nacional que no sólo se ejerce mediante instrumentos financieros (disponibilidad de crédito, tasas de interés, valor de los bonos públicos) sino también a través de los intentos para influir en las decisiones electorales de la población. Presiones políticas que no son nuevas en la región latinoamericana, las han sufrido la mayoría de los países. La soberanía, entonces, está cada vez más en riesgo.
(1) Una de las propuestas de Mauricio Macri es “volver al mundo”. Una proposición que intenta desconocer la fuerte vinculación internacional que tuvo el gobierno anterior, en especial con los países latinoamericanos y las naciones en desarrollo.