Tiempo Argentino | Opinión
En su más reciente conferencia de prensa, la vocera del FMI, Julie Kozack, señaló que “la recuperación en la actividad y en los salarios reales está firmemente en marcha” así como también destacó los “resultados impresionantes” de Argentina en la implementación de su programa de estabilización económica, incluyendo “la reducción de la inflación, el superávit fiscal y una mejora en las reservas internacionales”. Acto seguido adelantó que “las autoridades han formalmente expresado su interés en desarrollar un nuevo programa y las negociaciones se encuentran en marcha”.
Este año estaba pautado que concluyeran las revisiones del acuerdo vigente; según la última renegociación efectuada en 2022, quedarían pendientes las dos últimas que debieran haberse realizado en el segundo semestre de 2024. Recién en el año 2026 Argentina comenzará a afrontar los pagos de capital de la deuda que, recordemos, fue contraída en 2018 durante la gestión macrista. En ese entonces, Argentina superó largamente el límite máximo de endeudamiento, según los estatutos del FMI; a pesar de ello, el gobierno argentino estaría evaluando incrementarlo.
En el mismo sentido, el ministro de Economía, Luis Caputo, habló de un escenario económico altamente favorable: “Fue la recesión más corta en un plan de estabilización, duró dos trimestres y la recuperación, más que en «V», fue en un cohete para arriba”. No obstante, los indicadores que se van conociendo semana a semana no ratifican este entusiasmo.
La evolución del PBI informada por el Indec mostró un avance del 3,9% durante el tercer trimestre de 2024 con respecto al trimestre anterior. Celebrado desde el oficialismo, se omitió mencionar el hecho de que aún nos encontramos un 2,1% por debajo de los niveles registrados en igual periodo de 2023. En este total influye el sector de agricultura y ganadería, que creció un 13,2% interanual, mientras que importantes sectores evidencian fuertes caídas, como la industria manufacturera (-5,9%), el Comercio mayorista y minorista (-6,1%) y la Construcción (-14,9%): estos tres últimos sectores aportan el 40% del PBI total.
No podemos calificar ese desempeño como una “recuperación”. En particular, el consumo privado se redujo un 3,2% interanual en el tercer trimestre del año, mucho más que el total de la actividad económica. Resulta interesante recordar que en todo el 2023, mientras que el PBI cayó un 1,6%, el consumo privado creció un 1%: una diferencia no menor entre los dos modelos.
Otro dato reciente tiene que ver con la Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria, cuyo valor en octubre fue del 63,2%, cuando en igual mes de 2023 fue del 65,3%.
Estas cifras, que a simple vista parecen datos abstractos, no deben ser pasadas por alto ya que afectan el día a día de la ciudadanía. Un importante motor de la inversión es la producción sustentada en el consumo, que se encuentra en muy bajos niveles.
La evolución de la economía también se mide por las variables sociales. Durante el tercer trimestre de este año, se incrementó la tasa de desocupación (6,9%) con respecto a la registrada el mismo periodo de 2023 (5,7%). Pero, además, se observa una mayor precariedad en el mercado laboral: en la comparación interanual, bajó la cantidad de trabajadores registrados y se incrementó la de cuentapropistas. Otra particularidad, relacionada con la caída real del ingreso de los trabajadores, es el aumento del subempleo demandante, que pasó del 6,8% el tercer trimestre del año pasado al 8,1% este año. En definitiva, el incremento de la tasa de desocupación se da, además, en un contexto de trabajadores más pobres, quienes buscan sumar horas laborales y no lo logran, con la consiguiente mayor precariedad laboral.
Si bien el Gobierno celebra la “caída” del riesgo país, o la reducción de la brecha cambiaria, cabría prestar atención al resto de las variables económicas que afectan sobremanera la calidad de vida de los argentinos/as.
Este deterioro en la situación del país no es casual sino, en gran parte, consecuencia del modelo que lleva adelante la actual gestión, que desde un comienzo tuvo como eje el ajuste del gasto fiscal.
Al comparar el acumulado del gasto público de 2024 hasta noviembre, con igual período del año anterior, se observa que, en términos reales, cayó un 29%, casi un tercio de lo erogado en 2023.
Del total del recorte, el 37% corresponde a las prestaciones sociales (jubilaciones -contributivas y no contributivas-, la AUH, las asignaciones familiares, el PAMI, y programas como Potenciar Trabajo, Progresar y alimentarios, entre otros) con un impacto negativo en los más vulnerables. Le sigue en importancia la práctica paralización de la inversión pública, con una participación en la merma del 23,7%, que afecta significativamente a gran cantidad de empresas de la construcción, y a sus trabajadoras y trabajadores. Por su parte, la reducción de los subsidios económicos (cuya contrapartida son los aumentos de las tarifas de servicios públicos) colabora con un 12,8% del total del ajuste, más los gastos de funcionamiento del Estado Nacional con 12,6% (recorte en el cual más de dos tercios corresponden a salarios).
De hecho, en el reciente DNU 1104/24, el Tesoro Nacional reasignó partidas de ingresos y gastos, en las cuales se recortan las correspondientes al pago de jubilaciones y pensiones regulares en $492.814 millones: el Gobierno alega que se achican porque en la anterior asignación del mes de julio “se consideraron supuestos de inflación mayores a los efectivos”.
Este enfoque nos da un claro panorama acerca de sobre quién recae la mayor parte del ajuste. Pero hay otra forma de analizar la merma en el gasto, que es ver cuánto cayó cada partida. Un ejemplo muy claro son las transferencias corrientes a las provincias (que no significan un porcentaje importante del gasto estatal, pero sí es muy significativo para los gobiernos subnacionales), que han caído un 68% en términos reales respecto a lo transferido en los once primeros meses de 2023.
Adicionalmente, las transferencias de capital a las provincias (para destinar a la inversión pública) cayeron un 97% o, visto desde la otra cara de la moneda, sólo se ejecutó un 3% de lo que se realizó en el mismo período del 2023, en términos constantes: un congelamiento total.
Este desempeño se condice con las reiteradas declaraciones del presidente Javier Milei. Esta semana, en una entrevista al medio estadounidense The Wall Street Journal, dejó en claro una vez más su postura sobre el rol del Estado: “Sigo siendo un anarcocapitalista, creo que el Estado es una organización criminal que se financia a través de una fuente coercitiva llamada impuestos que nadie paga voluntariamente”.
Es importante recordar que es posible un modelo de gestión distinto, en el que el Estado sea el garante del bienestar de la población y en el que una estructura impositiva, lejos de ser subestimada, sea fortalecida, con carácter progresivo, y constituya la base de la redistribución del ingreso y de la provisión de bienes y servicios necesarios para el desarrollo con equidad.