Página/12 | Opinión
El gobierno logra victorias pírricas: cada vez que impone un veto triunfa frente al Parlamento pero pierde ante la inmensa mayoría de la población. Sucedió primero con los jubilados y jubiladas, luego con la comunidad universitaria. Gana pero se encamina a ser un gobierno de minoría. ¿Cuántos de esos miles de jóvenes que reaccionan tomando sus facultades y manifestándose en las calles forman parte de aquellos votantes que apoyaron a Milei en las últimas elecciones?
En simultáneo a que el gobierno pierde apoyos, la oposición construye caminos de acuerdo. Para entender bien el fenómeno: en abril nuestro bloque en la Cámara de Diputados convocó a una sesión extraordinaria para tratar el presupuesto universitario y no tuvimos quórum. Fuimos poco más de 100. En la última votación sobre el mismo proyecto fuimos 159 los diputados y diputadas que nos manifestamos a favor del financiamiento para las universidades.
¿Qué quiere decir lo anterior? Que en la Cámara de Diputados se va consolidando una mayoría con integrantes de distintos bloques que no estamos de acuerdo en todo pero que, frente a las cuestiones puntuales que nos plantea este gobierno, vamos estableciendo acuerdos.
Mientras, la protesta social continúa profundizándose. No hay ninguna sorpresa en lo que está sucediendo: es el resultado de la aplicación sistemática de un fuerte ajuste a través de políticas procíclicas. En este modelo, el ajuste produce necesariamente una profundización del ajuste. La regla básica es que sólo se gasta lo que ingresa. Entonces, a partir de esa regla, se produce un permanente achicamiento de los gastos que trae aparejada la caída de la actividad económica y, por lo tanto, una nueva reducción de los ingresos. Todo ello hace necesario más ajustes como un proceso recurrente e infinito. Lo resumo en lo que dijo el presidente de nuestro Bloque, Germán Martínez: “No solamente estamos discutiendo el financiamiento de las universidades y la educación pública sino que se está dando una discusión sobre el modelo de país. Y es lógico, si el presidente Milei quiere una Argentina con el 80% de excluidos, es absolutamente razonable que quiera hacer añicos la educación pública”.
En este contexto, la mayoría de los indicadores de la economía real no están bien. Ningún sector productivo, excepto ciertas empresas del sector primario, han tenido crecimiento. La mayoría de los argentinos y argentinas han visto deterioradas sus condiciones de vida. Que la macroeconomía ande bien, como sostiene el gobierno, lo que es indudablemente discutible, sólo tendría importancia si ello significara mejoras para la población.
Cuando el gobierno dice que el Estado debe ocuparse de la macroeconomía, de las relaciones exteriores y de la seguridad, y los demás no son temas de su incumbencia, está afirmando que los problemas de la gente no son problemas del gobierno. Nuestra convicción es la contraria: la única política económica que sirve es la que hace que la gente esté mejor.
En el marco de la discusión del proyecto de Presupuesto 2025, Milei ha afirmado que se cambió el orden con el que habitualmente se diseñaba esa herramienta de planificación. Simplificando, la “ley de leyes” era, hasta ahora, la elaboración del listado de lo que la sociedad necesita para vivir en un periodo de tiempo. Una vez establecidas esas necesidades, que incluyen gastos e inversiones, el proyecto de Presupuesto debe especificar cómo se generan los recursos para atenderlas. El Presidente dijo que rediseñó “la forma de escribir el Presupuesto” y que a partir de ahora lo que vale son los ingresos. Y agregó que el superávit primario (es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, sin considerar los intereses) tiene que ser suficiente para pagar el total de los intereses que genera la deuda. Es decir, el proyecto de Presupuesto ya no se elabora sobre la base de las necesidades del funcionamiento del Estado, y los gastos que ello requiere, sino al revés: la evolución de los ingresos determina qué necesidades se cubren y cuáles no.
De allí que este proyecto va mucho más allá del logro del equilibrio fiscal. Los gastos e inversiones pasan a ser la variable de ajuste de cualquier desequilibrio en los ingresos: la obra pública, la salud, la educación. Por supuesto: ello explica los vetos presidenciales a las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación que preveían la mejora de los haberes jubilatorios y el financiamiento universitario, y su ratificación por parte del oficialismo y aliados en la Cámara de Diputados. Cambia la lógica, si faltan ingresos caen los gastos y no al revés: ante gastos necesarios se ve cómo aumentar los ingresos.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en estos primeros nueve meses del año los ingresos de la Administración Nacional, ajustados por el Índice de Precios al Consumidor, se redujeron 4,2% respecto al año anterior. En el mismo periodo, los impuestos vinculados a la actividad tuvieron una caída significativa: IVA bajó 10,2%, Ganancias 11,2%, Débitos y Créditos bancarios 8%, y aportes a la seguridad social 13,4%. Por el lado de los gastos, éstos se contrajeron en los primeros nueve meses un 27,6% en términos interanuales reales. Dentro de este total, en el mismo periodo, hubo un 77,1% de recorte de gastos de capital, es decir, de obra pública; y de un 79,1% en las transferencias corrientes a las provincias.
El proyecto de Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo va a ser muy discutido y desde el bloque de Unión por la Patria estamos trabajando para introducirle numerosos cambios. Estamos en la etapa en que los funcionarios del gobierno vienen a explicar el Presupuesto previsto para sus áreas específicas. Hasta el momento, no se logró que concurra a explicar el conjunto del Presupuesto su principal responsable, el ministro de Economía. Nada se está hablando, hasta ahora, de aumentar los ingresos. Por ejemplo, a partir de la famosa separata presentada durante el gobierno anterior, donde se especificaban alrededor de un 5% del PBI de beneficios fiscales que tienen determinados sectores, algunos de los cuales podrían ser eliminados y transformados en más ingresos.
La salida de la crisis para la Argentina no consiste en profundizar el modelo del ajuste infinito. La solución es tomar medidas que aumenten la actividad productiva para que crezca el empleo, mejoren los salarios, se amplíe el mercado interno y, como consecuencia de este ciclo virtuoso, suban los ingresos y se retroalimente el ciclo de crecimiento. El ajuste infinito sólo seguirá incrementando la resistencia de los ajustados.