Perfil | Opinión
En una sesión en la Cámara de Diputados que se extendió por alrededor de cuatro horas, el Gobierno logró ratificar el veto a la ley de financiamiento universitario. Para ello reunió 85 votos contra 159 que sumó el rechazo. Hubo además cinco abstenciones y ocho ausencias.
Los números son elocuentes: el oficialismo ganó la votación siendo una minoría. Mientras, el arco opositor perdió siendo una mayoría. El Gobierno gana perdiendo, porque logra vetar la ley de financiamiento universitario mientras tiende a quedarse aislado. Logró un triunfo pírrico: gana pero pierde.
El mismo miércoles, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) distribuyó un comunicado en el que “repudia la postura de diputadas y diputados nacionales que les dieron la espalda a nuestras universidades públicas al apoyar su desfinanciamiento”. “Por supuesto, agradecemos el profundo compromiso de esos diputados y diputadas que comprendieron el enorme desafío y la responsabilidad de defender la educación pública universitaria de nuestro país. Esas mujeres y hombres votaron con el convencimiento de resguardar el futuro de Argentina. No alcanzó, pero no bajaremos los brazos”, añade el texto.
En paralelo, se produjeron tomas de universidades por parte de alumnos, alumnas, docentes y no docentes en oposición al veto. Los sindicatos universitarios realizaron al día siguiente, el jueves, un paro general. Es decir: el Gobierno ganó la votación pero, en simultáneo, queda aislado dentro de la comunidad universitaria en todo el país.
La ratificación legislativa del veto al financiamiento universitario se produjo junto al inicio del debate sobre el Presupuesto 2025. En este también hay novedades sobre las partidas para educación.
En el artículo 27 se dejan sin efecto los mínimos de financiamiento de diversas partidas que se encuentran establecidas por ley. Se suspende, por ejemplo, el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional. El mismo establece que “el Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional”. De este modo, el conocido 6% del PBI para dicha función deja de ser un objetivo de las políticas públicas.
También se suspenden los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los artículos suspendidos establecen que el presupuesto destinado a la función Ciencia y Técnica se incrementará progresivamente hasta alcanzar en el año 2032 una participación del 1% del PBI de cada año.
Además, se suspende el artículo 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional que crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, que se dispone que sea financiado con un monto anual que no podrá ser inferior al 0,2% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público.
Finalmente, más allá del área educativa, se propone eliminar el inciso 1 del artículo 4° de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de Defensa. El mismo determina que se integrará el fondo con un 0,8% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público. Son todas leyes votadas por el Congreso.
Más en general, en la lógica del proyecto de Presupuesto 2025 hay un cambio profundo: no fue elaborado sobre la base de las necesidades del funcionamiento del país, las necesidades de sus habitantes y los gastos que ello requiere, sino que estos quedan librados a la evolución de los ingresos y de la economía en general.
De allí que este proyecto de Presupuesto va mucho más allá que el logro del equilibrio fiscal. La variable de ajuste de cualquier desequilibrio en los ingresos serán los gastos: la obra pública, la salud, la educación. Y hacia allí apuntan los vetos presidenciales de las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación que preveían la mejora de los haberes jubilatorios y el financiamiento universitario, y la lamentable ratificación por parte de la Cámara de Diputados.
El modelo que impulsa el Gobierno es procíclico, en el que el ajuste es infinito: promueve una economía recesiva que requiere de más y más ajuste para llegar al promocionado “déficit cero”.