Ámbito Financiero | Opinión
En el último tiempo amplios sectores de la sociedad argentina han venido manifestando su disconformidad con las políticas de ajuste que lleva a cabo el gobierno nacional.
Las movilizaciones de los jubilados, las marchas de los universitarios, los reclamos de las provincias, y las protestas varias de los usuarios por los aumentos de las tarifas de transporte y servicios públicos, entre otros, parten de los efectos negativos que tiene el ajuste en la economía y en la vida de las personas. En tanto, el Congreso de la Nación sancionó leyes para mejorar el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios y financiar a las universidades públicas, evidenciando en estos casos su responsabilidad de atender las demandas de la sociedad. Sin embargo, estas leyes recibieron el veto presidencial.
El Decreto 879/24 de veto a la Ley de financiamiento universitario presenta una serie de argumentos que revelan una forma, a mi juicio, equivocada de ver la economía y la política fiscal. Dice: “la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”. Esta sentencia no es más que un concepto neoliberal (y libertario) que reduce el análisis a una ecuación contable de ingresos y gastos. La economía no funciona así, mucho menos las economías capitalistas.
Como una forma de impulsar el crecimiento, y no limitarlo a los estrechos límites del “libre mercado”, las economías modernas se basan en el fomento a diversos sectores de la economía (y eventualmente a la protección aduanera, un tema muy presente en las discusiones en Estados Unidos y Canadá sobre los autos eléctricos de manufactura china, por ejemplo).
Pero, además, el sector público posee prerrogativas que no tiene el sector privado: fuentes de financiamiento como los impuestos y eventualmente la emisión de dinero y endeudamiento, este último prioritariamente para financiar proyectos de inversión o desarrollo. Por otro lado, la obligación constitucional de responder a las lógicas políticas en el ejercicio de su gestión, entre ellas respetar las decisiones de los otros dos poderes (Legislativo y Judicial).
El otro argumento al que hace referencia el Decreto 879/24 es: “las disposiciones citadas tienen por fin limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo Nacional, que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
En principio, el decreto debió haberse referido al “proyecto” de Presupuesto, dado que el mismo debe pasar por la aprobación de ambas cámaras del Parlamento. Por otro lado, el razonamiento expuesto en el DNU se desarma con sólo decir que, según precisa la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de la Ley de financiamiento universitario es de 0,14 puntos del PBI en este año. Por tanto, no se trata de una erogación desestabilizadora ni nada que se le parezca. En todo caso, se puede compensar fácilmente, por ejemplo, implica una tercera parte de lo que el Estado dejará de recaudar anualmente por la reforma que impulsó en Bienes Personales.
Pero el gobierno eligió beneficiar a los que más tienen, a pesar de los niveles de pobreza y desigualdad conocidos estas semanas: la pobreza en 52,9% en el primer semestre de 2024, y el coeficiente de Gini en 0,436 en el segundo trimestre. El Indec fue claro respecto al valor de este último coeficiente y lo que representa: “muestra un importante aumento de la desigualdad en la comparación interanual”.
El Poder Legislativo no está para funcionar como un órgano dependiente del Poder Ejecutivo. Su deber es sancionar leyes para responder a las demandas del pueblo y las provincias. El Poder Ejecutivo es el que tendría que llevar a cabo y ejecutar de forma concreta ese mandato, y plantear, ante el Congreso, su Plan de Gobierno, expresado en el proyecto de ley de Presupuesto.
Cabe resaltar que el presidente Javier Milei no recibió un cheque en blanco, debe estar abierto a las demandas dinámicas que van emergiendo en la coyuntura. El Parlamento cuenta con esa receptividad por la variedad de fuerzas políticas que lo componen, y por la diversidad que deviene de su representación territorial y sectorial. En ese aspecto, es el poder más democrático de los tres que forman el sistema republicano.
Aunque los vetos presidenciales están previstos en nuestra Constitución Nacional, si se convierten en habituales no le hacen bien a nuestra democracia.