Tiempo Argentino | Opinión
El ajuste en la economía puede realizarse mediante dos vías: el achique del gasto público, y la reducción de los ingresos impositivos. Teniendo como horizonte el logro del superávit fiscal, la segunda retroalimenta a la primera. Cuantos más impuestos se eliminen o se reduzcan sus alícuotas, mayor será el gasto a recortar.
Respecto a los ingresos fiscales, esta semana ha habido dos temas en el candelero: el impuesto PAIS y las retenciones sobre las exportaciones, tributos que son el sostén de la recaudación actual. En el acumulado de los primeros siete meses son los únicos que presentan una variación interanual real positiva: los recursos tributarios totales cayeron un 7.0%, y si no fuera por estos dos impuestos, habrían descendido algo más de un 13%.
Siguiendo con esta temática, en la inauguración de la 136ª Exposición Rural, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) planteó: “podríamos centrarnos en la queja y el reclamo (…), en cambio preferimos en este momento apelar a la paciencia del hombre y la mujer del campo, porque creemos útil darle al gobierno un espacio de confianza como se lo dio la ciudadanía en las elecciones de 2023”. Confianza que la SRA no parece haber mostrado hacia gobiernos de otro signo político, también elegidos por las mayorías.
A pesar de los puntos de contacto que existen entre la visión de la SRA y las políticas públicas de la actual gestión, la entidad rural le reclamó al Presidente de la Nación, Javier Milei, quien estaba presente: “los productores necesitamos la certeza de que usted eliminará las retenciones. Si seguimos trabajando así es porque confiamos en su palabra”.
A su turno, el Presidente señaló: “nadie tiene tantas ganas como nosotros, y yo en particular, de salir de este modelo desastroso donde el Estado entre retenciones y cepo le expropia al campo el 70% de lo que produce (…) pero también debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Por eso no nos importa cuánta presión haya y de dónde venga. Nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. Nosotros vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico (…) El programa económico tiene tiempos y condiciones. Hace falta mirar la película y no tanto la foto”.
No hay que perder de vista que pronto se produciría la baja del impuesto PAIS, una promesa del gobierno que beneficiaría, entre otros, a quienes adquieren insumos importados. Fue el propio gobierno el que en diciembre, apenas asumió, elevó al 17,5% la alícuota del mencionado impuesto a las operaciones de importación de bienes y servicios que estaban gravadas al 7,5% y adicionalmente amplió la base impositiva incorporando conceptos como el giro de utilidades y dividendos y la repatriación de inversiones, entre otros que antes no estaban gravados. Tributo que aportó ingresos en el primer semestre del 2024 por 4,2 billones de pesos, mucho más que el superávit financiero, de 3 billones de pesos. Es decir, sin impuesto PAIS hubiese sido muy difícil alcanzar el superávit en las cuentas públicas.
Si finalmente, como manifestó el propio Javier Milei, el impuesto PAIS será “eliminado” para diciembre (fecha en la cual finaliza su vigencia según la ley en curso), muy probablemente las cuentas fiscales empezarían a dar déficit. En este contexto, avanzar con la reducción de las retenciones generaría una gran pérdida de ingresos adicional. Estas decisiones causan profunda preocupación, ya que, de concretarse, generarían un recorte mucho mayor del gasto público para cumplir con el objetivo del gobierno de seguir mostrando equilibrio fiscal.
Recordemos que, como venimos sosteniendo en anteriores columnas, las partidas con mayor peso en la reducción del gasto son aquellas destinadas al pago de jubilaciones y pensiones contributivas, que explican casi un tercio de la caída de las erogaciones del Estado durante el primer semestre. En segundo lugar, se ubica el recorte en la inversión pública con cerca del 22% del ajuste. Cabe mencionar que la obra pública no se puede recortar más, ya que prácticamente se frenó. Similar situación se produce con las transferencias a las provincias, con lo cual, cada vez es más probable que el ajuste se intensifique sobre las prestaciones sociales (jubilaciones incluidas).
Las palabras del Presidente en la Rural habilitan esta senda: “Este gobierno ha hecho una reducción del 30% en términos reales del tamaño del sector público; es el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, sólo comparable con los que se hicieron después de la guerra”.
La lógica de reducir impuestos encaja perfectamente con la idea del topo que destruye al Estado desde adentro, y lleva a achicar hasta el límite el gasto público en hospitales, escuelas, servicios de agua potable, ciencia y tecnología, y muchas actividades esenciales más.
Estamos en presencia de un gobierno que sostiene que el objetivo del superávit fiscal es innegociable, tanto para llegar a la inflación cero o a la deflación (tal como señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, días atrás), aunque ello implique un perjuicio a la calidad de vida de los argentinos/as por la vía del aumento del desempleo, la caída en la actividad económica y la consecuente reducción real de sus ingresos.
Los datos sociales son más que preocupantes. Según la Encuesta Permanente de Hogares recién conocida, en el primer trimestre de 2024 la pobreza aumentó al 54,8%, desde el 38,7% de igual período de 2023, una suba de 16,1 puntos. Y la indigencia subió al 20,3% desde el 8,9%, una suba de 11,4 puntos, es decir, más que se duplicó. Si esos porcentajes se extienden a toda la población (la encuesta se realiza sólo en los centros urbanos), equivale a 25,5 millones de pobres, de los cuales más de 9 millones eran indigentes.
Adicionalmente, la desocupación avanza. Según datos oficiales, en los primeros 6 meses de este gobierno, el número de trabajadores independientes y en relación de dependencia aportantes a los regímenes de la Seguridad Social se redujo en 612.139, cifra que recoge tanto los despidos como otras desvinculaciones laborales o el pase a la informalidad. Esta reducción impacta de pleno en los aportes y contribuciones, desfinanciando al Sistema de Seguridad Social. Del total de la caída informada, casi el 50% corresponde a los trabajadores en relación de dependencia públicos y privados. El resto es de monotributistas y autónomos.
Resulta evidente que el gobierno libertario encuentra complicaciones en el frente interno, con indicadores sociales cada vez más preocupantes y la producción que no se recupera de la gran caída producida desde diciembre, y en el frente externo, dada la escasez de divisas y crédito en moneda extranjera.
En un encuentro con los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), antiguamente denominados “agentes de bolsa”, el ministro Luis Caputo señaló que la velocidad de la recuperación económica “dependerá de la confianza de la gente y del sector privado en el programa económico”.
Pero la “confianza” no es suficiente para mantener los equilibrios macroeconómicos necesarios en una economía de ajuste. El camino es por el otro lado: lograr el bienestar de la población en el marco de una economía en crecimiento y con un Estado presente, eficiente y transparente, garantizando servicios públicos de calidad y una política de redistribución de ingresos tendiente a la equidad social.