Perfil | Opinión
El 20 de diciembre de 2023, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional la “modificación del marco de regulación de la medicina prepaga y las obras sociales” y la “eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga”. A partir de allí, las empresas quedaron liberadas para aumentar el precio de sus servicios sin límites y sin ningún tipo de control.
¿Qué sucedió? Lo obvio: las empresas produjeron aumentos significativos. Es decir: sin la intervención regulatoria del Estado las grandes corporaciones del sector aprovecharon para llevar sus rentabilidades a niveles elevadísimos. Recordemos: antes de la desregulación presidencial, las prepagas aumentaban cuando lo estipulaba el Ministerio o la Superintendencia de Servicios de Salud.
Ante las fuertes subas, el ministro Luis Caputo cuestionó esta semana a las prepagas: “le están declarando la guerra a la clase media”, sostuvo. Y agregó: “desde el Gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”. En la misma línea, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que “se están evaluando todas las alternativas para que no haya cartelización y la gente pague lo que es justo, a valores de mercado y ante un mercado de competencia”. Finalmente, el presidente Milei, a través del “retuiteo” de una publicación de otra cuenta, señaló al dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud, Claudio Belocopitt, como el responsable de los aumentos.
Como ya lo dijo el hipnotizador Tusam: “puede fallar”. Y aquí lo que está fallando no es algo menor: lo que falla es la columna vertebral de la argumentación libertaria. Fracasa la idea de que los mercados se autorregulan y que, por lo tanto, el Estado debe ser retirado de la escena. Es la idea de que los mercados no tienen fallas y se bastan por sí solos.
En el caso de la medicina privada, cuando el Gobierno dejó al “mercado” sin regulación estatal, las empresas del sector produjeron aumentos de precios de tal magnitud que el mismo gobierno ahora habla de la necesidad de intervenir. Lo que falla, entonces, es su propia teoría. Ellos, que se oponen a toda intervención, terminan declarando la necesidad de reponer cierta forma de intervención. Reconocer la necesidad de regular es aceptar que uno de los conceptos más importantes de su filosofía económica no se sostiene.
No pasa sólo con las empresas de medicina prepaga: la mayoría de los precios de los productos y servicios vienen subiendo de modo sostenido. Los liberales afirman que la inflación es un fenómeno monetario y que si se frena la emisión se termina con las subas de los precios. Pero los precios continúan subiendo. Parafraseando una de sus publicidades y a poco más de cuatro meses de gestión: “afuera” el argumento.
Por el contrario, nosotros sostenemos que la inflación es multicausal y que entre esas causas la puja distributiva es una de las más relevantes. En este marco, cuando un servicio sube significativamente es porque las ganancias del sector están creciendo también de un modo significativo: hay un cambio de los precios relativos con el que estas empresas se benefician.
¿El Gobierno promueve estos cambios de precios relativos? Por supuesto que sí. Es uno de los objetivos centrales de su política económica. Pero hay un problema de magnitudes: la administración Milei ha comenzado a percibir que el cambio pronunciado de los precios relativos, que favoreció, por ejemplo, a las prepagas, tiene crecientes efectos negativos en el humor social. Porque, cuando hablamos de cambio de precios relativos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Relativos a qué? Relativos a los salarios, a las jubilaciones y pensiones. Estos terminan valiendo menos en términos reales. De esto hablamos cuando hablamos de licuadora: de licuar los ingresos de la ciudadanía. Dentro de la licuadora están también los ahorros de la clase media.
Podía fallar y falló. Eliminar la intervención del Estado supone dejar a los ciudadanos indefensos frente a las grandes corporaciones económicas que van más allá de los límites que hasta el mismo Gobierno considera razonables. El plan gubernamental consiste en que los ciudadanos pierdan ingresos reales, pero de un modo un poco –un poquito– más gradual.