Perfil | Opinión
El Gobierno intenta presentar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 13,2% de febrero como un éxito. Sin embargo, la inflación acumulada en el primer trimestre de la administración del presidente Javier Milei es del 71,3%. Anualizada alcanza el 762%. La inflación interanual de noviembre de 2023 (es decir, la acumulada entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023) fue del 161%. El éxito que presentan es, por lo menos, extraño.
La gestión actual afirma que la inflación en la administración anterior estaba contenida con políticas públicas destinadas justamente a limitar el aumento de los precios. Es verdad y estaba bien. En todo caso, se trataba de políticas públicas insuficientes. Pero no de políticas que había que suprimir. Es cierto que no lograban revertir procesos inflacionarios de origen multicausal con una fuerte incidencia de la puja distributiva. Pero esos procesos inflacionarios tampoco se resuelven liberando todos los precios. Ni abriendo los mercados a los productos importados: estos terminan compitiendo con los productos nacionales en desigualdad de condiciones y las empresas que producen en Argentina se ven obligadas a ajustar y a despedir personal que, sin trabajo, retrae sus niveles de consumo. En esa espiral descendente se reduce la recaudación impositiva, lo que conduce a nuevos ajustes que hacen caer aún más la actividad y el consumo.
Este modelo recesivo sostenido en un ajuste infinito no es el único camino posible ni el que predomina en el mundo.
El gobierno del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva logró en diciembre pasado aprobar su reforma fiscal. Esta eliminó gravámenes para los alimentos de la canasta básica y estableció un impuesto a los fondos de inversión de los superricos de Brasil que permitió un importante aumento de la recaudación tributaria. En el encuentro de autoridades económicas del G20 en San Pablo el ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, sostuvo: “A pesar de los avances recientes, es un hecho incuestionable que los multimillonarios del mundo continúan evadiendo nuestros sistemas fiscales mediante una serie de estrategias”. Y agregó que Brasil “buscará elaborar una Declaración del G20 sobre tributación internacional” para la próxima reunión ministerial en julio de este año.
En la eurozona, el comisario responsable de economía de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni, dijo: “Este nuevo año marca un nuevo punto de partida de la fiscalidad de las grandes multinacionales. La entrada en vigor en Europa, y en territorios de todo el mundo, de esta histórica reforma constituye un paso importante hacia un sistema de imposición de las empresas más equitativo. Al reducir los incentivos para que las empresas trasladen beneficios a territorios con bajos impuestos, las nuevas normas contribuirán a frenar la llamada «competición a la baja» de los tipos de impuestos de sociedades en la Unión Europea y a escala mundial. Animo a todos los signatarios del acuerdo fiscal mundial a que avancen en las conversaciones y a que también adopten con rapidez esta reforma fundamental que puede generar 220 mil millones de dólares adicionales al año para ayudar a los países de todo el mundo a financiar inversiones cruciales y unos servicios públicos de alta calidad”.
En su mensaje al Estado de la Unión, el presidente estadounidense Joe Biden afirmó que está enviando al Congreso un proyecto de ley con un piso mínimo de impuestos a las grandes fortunas. Allí afirmó: “Debido a la ley que redacté y firmé las grandes empresas ahora tienen que pagar un mínimo de un 15%. (…) Es hora de aumentar el impuesto mínimo empresarial al menos hasta el 21% para que toda gran corporación finalmente comience a pagar lo que le corresponde (…) Hay 1.000 multimillonarios en Estados Unidos. ¿Saben cuál es el promedio de tasa tributaria federal para estos multimillonarios? ¡Es 8,2%! Esto es bastante menos de lo que la gran mayoría de los estadounidenses paga. He propuesto un impuesto mínimo para multimillonarios del 25%, solo el 25%”.
América del Sur, Europa y Estados Unidos, tres realidades distintas y una búsqueda común para que los que más tienen y más ganan sean los que más aporten. Una búsqueda en la dirección contraria de la que propone el gobierno argentino.