Tiempo Argentino | Opinión
Resulta difícil encontrar en la historia democrática de nuestro país un momento como el actual, con un gobierno que le cuesta respetar el funcionamiento de las instituciones republicanas y que con sus diferentes decisiones afecta las condiciones de vida de los argentinos y de las argentinas.
Como vengo sosteniendo, la primera gran señal ocurrió el mismo día en que el presidente Milei asumió y habló de espaldas al Congreso. Siguió con el mega DNU de desregulación, al que desde el bloque de Unión por la Patria señalamos como inconstitucional «porque invade competencias del Congreso Nacional, afecta la división de poderes como así también el funcionamiento de la República y la democracia argentina».
Para el actual gobierno, el mecanismo parlamentario que prevé la Constitución es –en el mejor de los casos— un trámite a cumplir, tal como quedó de manifiesto con el tratamiento del proyecto de Ley ómnibus. La gran extensión de ese proyecto, y la variedad de temas alcanzados, ya definen la imposibilidad de tratarlo adecuadamente.
No hay a su vez antecedentes de un gobierno que en tan poco tiempo tenga el nivel de desaprobación que ha generado esta gestión, que ha motivado una amplia convocatoria a la movilización social. El paro y manifestación del 24 de enero, y las protestas durante el tratamiento del proyecto de Ley ómnibus dan cuenta de la insatisfacción y preocupación de importantes segmentos de la población ante las medidas que pretende imponer este gobierno. Marcan un camino a seguir, y sin duda incidieron en el derrotero que terminó teniendo el proyecto de ley. No hay que perder de vista tampoco la intervención en comisión de diferentes entidades, que mostraron su preocupación por el contenido del proyecto.
Una parte importante de la sociedad está expresando que no está de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo. No son sólo los movimientos sociales y los sindicatos, también están alzando su voz las clases medias, que se están viendo sumamente afectadas por la suba del transporte, de los alimentos, de las prepagas y de la educación. No es posible que la economía se ajuste y que la gente no sufra las consecuencias. Una política sólo es buena cuando va en beneficio de la ciudadanía.
Luego de solicitar que vuelva a comisión el proyecto de Ley ómnibus (lo cual significa que debe comenzar de cero nuevamente el trámite parlamentario), y de prometer, por ello, más ajuste, el gobierno nacional eliminó el Fondo Compensador del Interior, que se encargaba de subsidiar al transporte público de pasajeros del interior del país a través de transferencias realizadas desde el Estado nacional. El subsidio a los usuarios de colectivos de corta y media distancia queda entonces supeditado a la posibilidad presupuestaria de las provincias y municipios. También se decidió que se desregulen las tarifas.
A partir de ahora los subsidios de trenes y colectivos serán sólo para aquellos usuarios de la tarjeta SUBE que puedan acceder a la tarifa social con un descuento del 55%. Se comentó que los usuarios de las distintas provincias accederían a este beneficio. Sin embargo, en la página de Casa Rosada se especifica que «el Gobierno nacional mantiene una Tarifa Social Federal para los boletos de colectivos y trenes de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires que podrá alcanzar a 6 millones de personas». Si bien tiene el adjetivo federal sólo estaría restringido al AMBA. Además, entre los beneficiarios no se encuentran los asalariados y asalariadas (salvo el personal de casas particulares), lo cual implicará un grave costo para este segmento de la población.
Cuando se recortan las transferencias a las provincias no se está sancionando a los gobernadores sino a la gente que vive en las distintas jurisdicciones: cuando no se transfieren fondos para la salud, para la educación, o para hacer una obra pública, a quienes se afecta es a los ciudadanos y a las ciudadanas.
El ministro Luis Caputo señaló que «en enero ya estamos en equilibrio financiero sin ley, no somos improvisados. Los números están viniendo mejor porque todo lo que hemos planeado está pasando y mejor de lo que la mayoría esperaba». Si no hubo déficit es fundamentalmente por la licuación real del gasto que generó el salto inflacionario, y por el corte de las transferencias a las provincias. Recortar los gastos resulta una tarea fácil, si no se miden las consecuencias que esta decisión puede acarrear.
En diciembre ya se vieron las primeras consecuencias sobre la producción: la industria registró una caída interanual del 12,8% y la construcción una baja del 12,2%, esta última muy afectada por la evolución de la obra pública. Es muy clara la encuesta cualitativa del ISAC (Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción), que muestra que las expectativas de la actividad para los próximos meses se ubican en los niveles más bajos desde la pandemia, tanto de la obra pública como privada. En enero, la mayoría de los indicadores adelantados (producción automotriz, de cemento, etc.) indican mermas importantes en la producción.
Por su parte, las remuneraciones promedio de los trabajadores estables (RIPTE) cayeron en diciembre un 13,7% mensual en términos reales, alcanzando su menor nivel en casi 19 años. En el caso de los salarios del sector público, calculados por el Indec, éstos cayeron en el mes un 15,9%.
El gobierno, no obstante, tiene el respaldo de las grandes corporaciones que apoyan y promueven este proyecto. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), en un comunicado del 3 de febrero, sostiene que la aprobación en general de la Ley ómnibus «representa un paso muy importante» y agrega: «esta decisión adoptada en el marco de las instituciones que integran nuestra Constitución Nacional contribuye a despejar la incertidumbre ya que, como lo hemos afirmado reiteradamente, es el sistema representativo republicano y federal de gobierno el fundamento central de nuestra vida política y social y el factor crucial para el desempeño del sector privado».
En tanto, luego de la vuelta a fojas cero del proyecto, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) mostró su preocupación y señaló: «es un momento de inflexión donde necesitamos de líderes políticos que promuevan la transformación profunda de la Argentina hacia un modelo de país viable. Instamos a que estos liderazgos están a la altura de las circunstancias (…). Las disputas partidistas y los intereses individuales desvían la atención de las verdaderas necesidades de la sociedad argentina». Habrá que ver cuáles son esas «verdaderas necesidades», y de quiénes. Además, hablar de «necesidades» en general indica desconocer la distribución inequitativa del ingreso que agobia a amplios sectores de la ciudadanía.
Una última reflexión: cuando se utiliza el argumento de que es necesario corregir los atrasos relativos de los precios, algunas personas pueden creer que finalmente el salario también se va a acomodar. Pero hay que tener en claro que esto último no va a ocurrir con estas políticas. El «éxito» de las mismas radica en que se incrementen las ganancias de las grandes corporaciones en desmedro de los ingresos de gran parte de la sociedad, en especial de los/as trabajadores/as, los/as jubilados/as y de aquellos que se quedarán directamente sin ingresos debido al muy probable incremento de la desocupación.