Página/12 | Opinión
El gobierno de Javier Milei viene demostrando su intolerancia hacia el funcionamiento de las instituciones de la República establecidas en la Constitución Nacional. Ello se manifestó claramente durante el tratamiento del proyecto de ley “ómnibus” que finalmente volvió a foja cero tras su intento de consideración en particular. Pero es necesario remontarse más atrás: en su asunción, el Presidente habló de espaldas al Congreso haciendo evidente la contrariedad que le produce ese otro poder del Estado. Luego, el proyecto de ley “ómnibus” fue enviado a sólo tres comisiones, contradiciendo todas las buenas prácticas institucionales. Está claro, el Poder Ejecutivo no aparece especialmente interesado en la deliberación parlamentaria: más bien la concibe como una instancia que no puede evitar, pero intenta reducirla a una práctica formal y lo más breve posible. Ello explica el envío al Congreso de ese paquete de iniciativas imposible de tratar con la seriedad que corresponde.
No es un dato menor esa falta de consideración por el Poder Legislativo. La composición de este último representa las diversidades territoriales y sectoriales. La representación territorial tiene que ver con los Estados federales que componen la Nación y con sus habitantes. La representación sectorial, en cambio, expresa a los sectores gremiales, sociales, políticos, culturales, intelectuales, empresariales y científicos, entre otros. Esa diversidad es la que enriquece el análisis y el accionar parlamentario.
La estrategia del oficialismo no ha sido exitosa. Pero no sólo por lo que sucedió en el Parlamento durante el debate entre los legisladores y las legisladoras. No lo fue, además, entre otras razones, por la incidencia política que tuvo el paro y movilización del 24 de enero y por las cerca de doscientas organizaciones que se expresaron en la Cámara de Diputados, una gran mayoría de ellas planteando su desacuerdo con diversos aspectos del proyecto de ley. La estrategia oficialista chocó contra una sociedad civil que se movilizó para decir que no está de acuerdo con los contenidos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Al gobierno no le está yendo bien. Pero, ¿ello qué quiere decir? Que a una gestión le va bien cuando le va bien a la gente. No hay políticas buenas que, a la vez, son malas para la gente. En la semana, por ejemplo, hubo anuncios de aumento de las tarifas del transporte de pasajeros, de suba generalizada de los servicios públicos y de retiro de subsidios. A partir de ahora los subsidios de trenes y colectivos serán sólo para aquellos usuarios de la tarjeta SUBE que puedan acceder a la tarifa social con un descuento del 55%. En principio, se suponía que los usuarios de las distintas provincias accederían a este beneficio. Pero parece que no es así: en la página de Casa Rosada se afirma que “el Gobierno nacional mantiene una Tarifa Social Federal para los boletos de colectivos y trenes de la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires que podrá alcanzar a 6 millones de personas”. Más allá del adjetivo “federal”, la medida sólo estaría restringida al AMBA.
Los principales indicadores comienzan a mostrar las consecuencias del programa económico en marcha: en diciembre la industria registró una caída interanual del 12,8% y la construcción una baja del 12,2%, muy afectada por la evolución de la obra pública. En la misma línea, las remuneraciones promedio de las/os trabajadoras/es estables (RIPTE) cayeron en diciembre un 13,7% mensual en términos reales, alcanzando su menor nivel en casi 19 años. En el caso de los salarios del sector público, calculados por el Indec, éstos cayeron en el mes un 15,9%.
En ese escenario, el gobierno dice que es necesario corregir los atrasos relativos de los precios de ciertos bienes y servicios. Eliminar ese supuesto atraso significa dejar que se consolide un brutal deterioro del poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones. Es decir: el objetivo buscado es que suban los precios de los productos y servicios más que los ingresos de las/os asalariadas/os y jubiladas/os y que, por lo tanto, éstos caigan en términos reales. Como el propio gobierno lo dice, esto significa ajuste. Y este tipo de ajuste nunca resuelve los problemas. Por el contrario, los agrava. El ajuste que se promueve trae aparejada la caída de la actividad económica y, cuando cae la actividad económica, también caen los ingresos tributarios y cuando caen los ingresos tributarios la búsqueda del equilibrio fiscal requiere de nuevos ajustes. Por lo cual, la opción por este modelo es la opción por un ajuste infinito. No va por ahí. Ese proyecto ya demostró su inviabilidad con las tres M anteriores: Martínez de Hoz, Menem y Macri.
En ese marco, el gobierno recibe el apoyo de las grandes corporaciones. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) en un comunicado del 3 de febrero, sostiene que la aprobación en general de la ley “representa un paso muy importante” y agrega: “esta decisión adoptada en el marco de las instituciones que integran nuestra Constitución Nacional contribuye a despejar la incertidumbre ya que, como lo hemos afirmado reiteradamente, es el sistema representativo republicano y federal de gobierno el fundamento central de nuestra vida política y social y el factor crucial para el desempeño del sector privado”.
Luego de la vuelta a foja cero del proyecto, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) mostró su preocupación y señaló: “es un momento de inflexión donde necesitamos de líderes políticos que promuevan la transformación profunda de la Argentina hacia un modelo de país viable. Instamos a que estos liderazgos estén a la altura de las circunstancias (…). Las disputas partidistas y los intereses individuales desvían la atención de las verdaderas necesidades de la sociedad argentina”.
Nosotros pensamos que es desde la construcción de coincidencias en el amplio campo nacional y popular que se irá delineando una alternativa amplia, plural y diversa que exprese un modelo de país diferente.
El camino que intenta imponer el gobierno y apoyan las grandes corporaciones, el del ajuste infinito, no es el único ni el mejor. Hay otro modelo de país: con crecimiento y distribución equitativa del ingreso, con un Estado activo, con la defensa de los derechos conseguidos y con la promoción de otros nuevos, con inversión en salud y en educación, con desarrollo científico, con inclusión social y con equidad, entre muchos otros y trascendentes aspectos.