Perfil | Opinión
En el marco del tratamiento del proyecto de ley ómnibus en Diputados se produjo una situación contrastante. Por un lado, un debate intenso entre distintos sectores políticos que representan a la sociedad argentina en el Parlamento, la casa de la democracia. Por el otro, las fuerzas de seguridad avanzando contra los manifestantes en las inmediaciones del Congreso y desatando una fuerte represión, con balas de goma, gas pimienta y gases lacrimógenos. Ambos hechos están relacionados: el proyecto contiene un conjunto de medidas antipopulares y contrarias al interés nacional. Ello produce la resistencia y la movilización de diversos sectores de la sociedad. Estamos ante una iniciativa que forma parte de un plan de gobierno que no parece poder implementarse sin represión.
Mientras, en el recinto, la búsqueda de aprobar la ley ómnibus ha llevado a implementar cuartos intermedios para ganar tiempo en las negociaciones y a eliminar varios contenidos de la propuesta inicial intentando llegar a acuerdos. Se trata de cambios que reducen la cantidad de empresas a privatizar y el número de las emergencias donde el Presidente tendría facultades extraordinarias, entre otros temas. Por supuesto: estas modificaciones no cambian el espíritu del proyecto.
En mi intervención en la sesión manifesté que la iniciativa no se debería aprobar y que, en esa línea, nuestro bloque había decidido el rechazo total en general y en particular, porque no hay aspectos rescatables, y porque todo su contenido es contrario al interés de las y los argentinos.
El Gobierno busca un frágil consenso entre variantes liberales y libertarias que constituyen el núcleo de su alianza parlamentaria, con sectores del radicalismo, el bloque Hacemos Coalición Federal y partidos provinciales con los que intenta resolver diferencias importantes.
En esta perspectiva, el proyecto, que al cierre de esta nota continuábamos tratando, podría ser llamado 4 M: Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei. Todos ellos han propuesto (y dos de ellos proponen) políticas similares.
El lema de Martínez de Hoz y la dictadura fue “achicar el Estado es agrandar la Nación”; el de Menem, “nada de lo que deba ser privado seguirá en manos del Estado”; Macri, en la misma línea, consideraba a Menem el gran reconstructor de la Argentina, elogiando su política de privatizaciones; finalmente, el presidente Milei declaró hace unos meses que “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado”. Hay, entre estos gobiernos, una continuidad evidente.
En su discurso en Davos, Milei dejó una vez más en evidencia la ideología de su plan de gobierno. Dijo allí: “El problema es que la justicia social no es justa porque no aporta al bienestar general. Es una idea intrínsecamente injusta porque es violenta, es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva”. El concepto toma aún más relevancia porque la noción de justicia social está incorporada en la Constitución y, por lo tanto, renegar de ella es de alguna manera desconocer el texto constitucional.
El Presidente también elogió a las grandes corporaciones asegurando que “las estructuras concentradas de la economía son las que explicaron el crecimiento económico desde el 1800 hasta hoy”. Es necesario agregar que durante el siglo XIX ya estaba en desarrollo la Revolución Industrial y, junto a esta, nacían las luchas populares que, entre otros logros, establecieron la jornada laboral de ocho horas que sirvió para distribuir mejor los recursos a través de la generación de una gran cantidad de puestos de trabajo. No parece una omisión anecdótica.
El Presidente tampoco hizo referencia a que entre 1800 y la actualidad hubo dos guerras mundiales y la gran depresión de los años 30, a partir de la cual se inició el Estado de Bienestar. Durante su vigencia se desarrollaron políticas que están en las antípodas de lo que propone la ley impulsada por el oficialismo. Milei hace silencio sobre todo este capítulo histórico.
El Gobierno quiere beneficiar a las grandes corporaciones. Ese es el espíritu que atraviesa al DNU 70/23 y al proyecto de ley ómnibus.
Lo dijimos durante la sesión: no es posible apoyar en ningún aspecto el contenido de este proyecto.