Ámbito Financiero | Opinión
Con los dos cuerpos normativos producidos recientemente, el presidente Javier Milei dejó claro cuál es el rumbo que pretende dar a su Gobierno. El discurso de asunción, realizado a espaldas del Congreso, fue premonitorio. El mandatario pretende realizar un cambio estructural, no solo en la organización del Estado nacional, sino también en el sistema de leyes que nos ha regido hasta el momento, a partir de dos instrumentos principales: el DNU 70 y el proyecto enviado al Congreso conocido como “ley ómnibus”. El DNU deroga en su totalidad unas 40 leyes y decretos, y modifica parcialmente más de otras 40 normas. El proyecto contiene unos 650 artículos y deroga más de 30 leyes en su totalidad, pero también es preocupante que propone una gran delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo.
Con respecto al DNU, Milei señaló que es “en favor del mercado, no de las empresas”. Una falacia, dado que desregular la economía y dejar las principales decisiones en “manos del mercado” lleva indefectiblemente a que se imponga la voluntad del “más fuerte” en detrimento de la otra parte: los consumidores, los trabajadores, las pymes. “El mercado” no es un espacio de libre juego de la oferta y la demanda. La realidad pasa por otro lado, especialmente en economías como la nuestra, donde los oligopolios imponen sus condiciones.
Algunos ejemplos de lo expuesto son la derogación de la Ley de Góndolas, que estimula el acceso de pymes y empresas familiares a grandes canales de venta, y de la Ley de Abastecimiento, que penaliza la retención de mercadería y la elevación injustificada o desmedida de precios, normas que fueron dictadas debido a la concentración económica que impide “la libertad de empresa” de los más chicos.
El proyecto de “ley ómnibus” define “su objetivo de promoción de la libertad económica bajo una serie de principios que guían la interpretación de su articulado en ese sentido, incluyendo especialmente la protección del derecho de propiedad, base de la producción y el desarrollo”. Los otros derechos estarían subordinados al de propiedad. Con esta orientación se establece una amplísima delegación de las funciones del Poder Legislativo al Ejecutivo: es una propuesta que no solo debilita las funciones del Congreso de la Nación, con una emergencia que podría durar hasta 4 años, sino que, además, establece que “las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa” (art. 3º). Es decir, no se quiere que pueda haber vuelta atrás.
Entre otros aspectos, el proyecto elimina la aprobación del Congreso para superar el monto de endeudamiento público en moneda extranjera establecido en el Presupuesto, y suprime como condición que el PEN debe renegociarlo “en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales”. El Ejecutivo quedaría autorizado a tomar deuda en moneda extranjera sin limitaciones de monto, tasa, y condicionamientos.
También se dispone la privatización de 41 empresas del Estado. Entre ellas Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, Ferrocarriles Argentinos, Arsat, Enarsa, AySA, YPF y hasta los medios de comunicación públicos, en los mismos términos que rigieron durante las privatizaciones iniciadas en 1989. Un retroceso histórico: cesión de recursos estratégicos a capitales privados, muchos de ellos extranjeros, con consecuencias ya conocidas.
Se realiza además una modificación a la Ley de Glaciares a fin de habilitar la actividad económica en la zona periglacial y se abandona el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura, para la protección de la biodiversidad, entre otras. De la misma forma, en la cuestión pesquera, se desregula significativamente la actividad a favor de las empresas extranjeras. En el caso energético, se favorece “la aplicación del principio de subsidiariedad, propiciando la participación de los privados en el sector” (cita textual del proyecto). El DNU deroga la Ley de Tierras, que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural, en especial para los inversores extranjeros.
Estos son algunos ejemplos de la importante pérdida de soberanía que implica la desregulación (sea por el DNU, sea en el proyecto de “ley ómnibus») que impulsa el Gobierno. Podemos decir que estos “digestos” significan un importante desconocimiento del funcionamiento democrático, constitucional y republicano, dado que el Ejecutivo pretende avanzar sobre las facultades del Poder Legislativo y, además, reconfigurar normas históricas de protección a las empresas argentinas y a la ciudadanía, en pos de una supuesta libertad absoluta, que beneficia principalmente a los grandes conglomerados económicos y a las inversiones extranjeras, pero perjudica a la gran mayoría de las argentinas y los argentinos y a sus más diversas formas de organización en la sociedad.