Perfil | Opinión
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado por el presidente Javier Milei originó cuestionamientos generalizados en tiempo récord. La velocidad de la reacción es directamente proporcional a la diversidad de sectores a los que el decreto perjudica, derogando leyes que protegen derechos históricos de la mayoría de los argentinos y argentinas, y afectando gravemente la soberanía nacional. Además, la mayor parte de las críticas apuntan a su carácter anticonstitucional y antirrepublicano.
Los pronunciamientos se extienden federalmente tanto por parte de referentes y organizaciones como de manifestantes espontáneos en las calles.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó: “A espaldas de la división de poderes, anuncia un decreto que sin necesidad ni urgencia pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo. Así, se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso, que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir ‘democracia: ¡afuera!’”. En términos similares se manifestaron el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; su par de La Rioja, Ricardo Quintela; el de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, entre otros.
También se expresaron organizaciones sindicales y sociales como la CGT; la CTA de los Trabajadores; la CTA Autónoma; la UTEP; la Asociación Bancaria; la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba); las asociaciones de inquilinos y las que agrupan a las pymes como Industriales Pymes Argentinos (IPA) o Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), para citar solo algunas.
En particular, con respecto a los trabajadores y trabajadoras, el DNU anunciado tiene, entre otros objetivos, aumentar la flexibilización laboral, limitar el ejercicio del derecho de huelga, reducir la indemnización por despido y reemplazarla por fondos de cese, eliminar multas y penalizaciones por la no registración de la relación de trabajo y ampliar el período de prueba de tres a ocho meses, entre otros perjuicios.
Una reforma de esta magnitud sólo tiene un antecedente: la implementada por Martínez de Hoz en 1976. No se trata de una medida que afecta a “la casta” sino a la mayoría de los argentinos y las argentinas.
Otras iniciativas anunciadas son la habilitación de la privatización de empresas públicas, la derogación de la Ley de Promoción Industrial, la supresión de la Ley de Alquileres, el establecimiento libre por parte de las prepagas de los valores de las prestaciones y de las cuotas y la derogación de la Ley de Abastecimiento y de la Ley de Góndolas. El DNU, además, promueve la abolición de la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, una herramienta para canalizar el poder de compra del Estado, entre otras muchas medidas.
En el Congreso está en proceso de gestación una oposición amplia al DNU presidencial. Luego de una reunión con la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Corriente Federal de Trabajadores, desde el bloque de diputados y diputadas de Unión por la Patria difundimos un comunicado en el que insistimos con la inconstitucionalidad del decreto: “Junto a los representantes de los trabajadores tenemos en claro que la situación es dramática: desde ayer (por el miércoles) a la noche el decreto se encuentra vigente, y los argentinos y argentinas de carne y hueso empezarán a sufrir sus nefastas consecuencias (…) En ese sentido, reafirmamos que el mega DNU es inconstitucional porque invade competencias del Congreso Nacional y afecta la división de poderes, así como también el funcionamiento de la República y la democracia argentina”.
¿Quiénes apoyaron total o parcialmente el DNU del Gobierno? La Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), entre otras. A ellos se sumaron Mauricio Macri y una porción significativa del PRO.
No hay ninguna sorpresa: en las reacciones al DNU se expresan los dos modelos de país, con los sectores que, a grandes trazos, toman partido por uno o por el otro.