Página/12 | Opinión
El despliegue de la antipolítica, expresada por parte de la oposición política, mediática y económica, convive con el fuerte dinamismo y la efectividad del accionar gubernamental. La crítica a “la casta”, cerrada sobre sí misma y sobre sus propios intereses, es permanentemente confrontada por un gobierno que, tanto en el desempeño del Ejecutivo como en el del Legislativo, impulsa constantes iniciativas, protegiendo y defendiendo los intereses de la mayoría de los argentinos/as.
Durante la semana que pasó, una serie de proyectos que tenían dictamen de comisión llegaron al recinto de Diputados y fueron aprobados. Entre otros: las modificaciones a la Ley de Alquileres, el programa de devolución del IVA en las compras de artículos de la canasta básica, la creación de tres nuevas universidades nacionales y el marco regulatorio para el desarrollo del gas natural licuado. Para lograr su aprobación en Diputados hubo que sumar a los 116 votos propios otros de distintos sectores. No se trató siempre de la misma mayoría: los diputados/as no oficialistas que nos acompañaron en la aprobación y giro al Senado del proyecto de creación de nuevas universidades no fueron los mismos que se sumaron cuando tratamos los proyectos de Ley de Alquileres, de devolución del IVA o el del régimen de promoción del gas natural licuado. Es decir, se fueron construyendo mayorías específicas para cada una de las iniciativas tratadas que llevaron un arduo trabajo de negociación y diseño de acuerdos. Hubo muchos e intensos debates, los cuales son siempre bienvenidos: éstos tienden a dotar de información diversa y a exponer las distintas perspectivas ante la ciudadanía y, por lo tanto, contribuyen a la ampliación de la democracia.
Al final de la sesión se aprobó una declaración de la Cámara de Diputados que condena el ataque en Israel y se solidariza con las víctimas y, al mismo tiempo, recomienda resolver el conflicto en el marco de los lineamientos propuestos por las Naciones Unidas y el reconocimiento de la existencia de dos Estados en la región, entre otras cuestiones.
En paralelo, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, tomó la iniciativa para neutralizar a sectores minoritarios de las finanzas que promueven la suba descontrolada y artificial del dólar ilegal, perjudicando a la mayoría de los argentinos y las argentinas. En una actividad en la Facultad de Medicina de la UBA, Massa afirmó: “Prepárense para ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de otros argentinos. Prefiero perder las elecciones, pero quiero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos”.
En ese escenario de desestabilización, el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó que el peso argentino era un “excremento”. Ante la pregunta sobre si era conveniente renovar los plazos fijos bancarios en moneda nacional, el mismo candidato respondió: “Jamás”. En el mismo sentido, el postulante libertario a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, declaró: “Hoy más que nunca: no ahorres en pesos. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo”.
No hay otro modo de analizar la situación: la maniobra tiene fines políticos y al mismo tiempo especulativos. El candidato al que las PASO dieron como ganador y muchas encuestas señalan como ingresante al ballotage integra esa maniobra desestabilizadora y ha contribuido a amplificarla. Para muestra basta un botón: inmediatamente después de sus declaraciones, el dólar ilegal subió 60 pesos. Es imposible no vincular ambos sucesos. No se trata de un candidato testimonial: sus palabras tienen efectos directos en momentos de incertidumbre como lo son los electorales y más aún en el marco de una acción desestabilizadora.
Todo ello contribuye a configurar un escenario nítido: por un lado, Milei interviniendo junto a minorías ilegales que producen la suba artificial del dólar mal llamado “libre” y estimulan nuevas alzas de precios; por el otro, el Gobierno tratando de neutralizar esas maniobras para que no sigan deteriorando los ingresos de la mayoría de los argentinos/as.
En tanto, Patricia Bullrich culpabilizó de las tensiones sobre el tipo de cambio al Gobierno y, de ese modo, le sacó toda responsabilidad a la minoría ilegal que lideró la acción desestabilizadora.
Sin embargo, más allá de la sensación de inestabilidad instalada por una parte del sistema político, económico y mediático, estamos muy lejos de lo que sucedió durante la crisis del 2001. No se puede comparar un sistema financiero virtualmente dolarizado, como era el de ese momento, con el actual que tiene un 87% de sus depósitos en pesos. Además, hay otros signos de fortaleza: por ejemplo, esta semana el Tesoro renovó los vencimientos de bonos superando largamente los montos que necesitaba y con colocaciones que en un 90% fueron generadas por el sector privado, entre otros hechos.
El Gobierno está a la ofensiva: los operativos que está llevando adelante son contra esos sectores financieros minoritarios e ilegales. Así como hay sótanos de la democracia, como una rémora de la Argentina de la dictadura, también hay cuevas de la democracia: células activas de las finanzas ilegales que activan el miedo de una parte de la sociedad a perder sus ahorros y los impulsan a correr hacia el dólar. Sobre esos sectores ilegales está yendo Sergio Massa. Los allanamientos en la Capital Federal ya produjeron seis detenciones y la Dirección General de Aduanas, la AFIP, la Policía Federal Argentina y otras fuerzas de seguridad continúan con los operativos.
El candidato de Unión por la Patria también anunció que para el ballotage le pedirá a tres universidades que hagan una evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos. Agregó que el equilibrio mental es indispensable para poder gobernar porque se toman decisiones que involucran el destino de 47 millones de personas. Es lógico: si para sacar el registro de conducir es necesario atravesar un examen psicotécnico, ¿por qué no aplicar la misma norma para quienes aspiran a ocupar un cargo de tanta relevancia como la Presidencia de la Nación?
A una semana de las elecciones, el Gobierno continúa dando pelea en todos los frentes, impulsando diversas iniciativas y defendiendo a los argentinos/as de las maniobras desestabilizadoras que, entre otros objetivos, atentan contra la capacidad adquisitiva y los ahorros de la ciudadanía.