Tiempo Argentino | Opinión
El viernes se confirmó el acuerdo entre las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI. De esa forma, nuestro país tendrá acceso a alrededor de U$S 7500 millones en agosto, luego de que el Directorio trate de forma combinada las revisiones quinta (la actual) y sexta. Se consiguió, así, un puente temporal hasta 2024, y de esa forma poder transitar el período electoral con mayor tranquilidad y menor especulación.
Se convino que el gobierno pueda intervenir en los mercados de títulos públicos, a fin de “garantizar el funcionamiento normal del mercado”, es decir, se avaló una herramienta ya utilizada para evitar las especulaciones con las cotizaciones financieras del dólar. Y se consideraron exitosos los “canjes voluntarios de deuda (del Tesoro) que han reducido significativamente los riesgos de refinanciación”. También se avalaron las recientes medidas económicas, ya que mejorarán los ingresos fiscales.
Estos resultados son producto de la firmeza con la que se negoció, que permitió, por caso, mantener el objetivo de déficit fiscal que figura en el Presupuesto 2023 (1,9% del PIB). No obstante, se menciona que “el cumplimiento de la meta requiere un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre de este año (…) protegiendo los programas sociales y de infraestructura prioritarios”. Esta última mención a los “programas sociales” es una muletilla que utiliza el FMI desde hace unos años cada vez que reclama “ajuste fiscal”. Tal como he venido sosteniendo, no hay acuerdos buenos con el FMI, lo que hay que lograr es el menos malo posible, teniendo en cuenta los márgenes estrechos con que se cuenta y renegociando, como se acaba de hacer, para mantener lo esencial de las políticas del gobierno.
En el comunicado del FMI se expresa que “se espera que la acumulación de reservas sea respaldada por mejoras en el balance energético (resultantes de la finalización de la primera fase del gasoducto) y por la esperada recuperación de la sequía que comienza en la última parte de este año”. No hay que olvidar lo que contó hace poco el ministro de Economía Sergio Massa, respecto de que el FMI no quería que se hiciera la inversión del gasoducto Néstor Kirchner en el primer semestre. El Gobierno no aceptó esa condicionalidad y ahora esa decisión rinde sus frutos, además de que es tácitamente reconocida por el propio Fondo.
Al hacer el anuncio ante la prensa, Massa recordó la pésima decisión del gobierno anterior de tomar la deuda con el FMI, y que no queda más remedio que “administrar” los acuerdos. También señaló que “la oposición intentó trabar el acuerdo (…). ellos lo plantearon en términos de gobierno-oposición sin pensar que arriba de este barco vamos todos los argentinos”.
Las nuevas medidas
Las medidas que se anunciaron el domingo pasado apuntan a reforzar el frente de las Reservas y de la recaudación fiscal.
En cuanto al objetivo de acumular Reservas, se decidió extender el plazo de vigencia del “dólar agro” hasta el 31 de agosto para las economías regionales, a un dólar de $ 340 (antes $ 300), así como incluir en el esquema al maíz y a la cebada cervecera. En la semana del 24 al 28, tras los cambios introducidos en el Programa de Incremento Exportador (PIE), el Banco Central realizó compras por el PIE de U$S 885 millones (que igualan el ritmo de liquidaciones del PIE II y III en los cinco primeros días, exclusivamente liderados por la soja).
En materia fiscal, las medidas que se anunciaron son focalizadas e incluyen modificaciones en el impuesto PAIS para un grupo de bienes y servicios. En el caso de los bienes importados, se generalizó la alícuota al 7,5%, con importantes exenciones. No se verán afectados los medicamentos, combustibles, lubricantes y bienes vinculados a la generación de energía, ni los insumos y los bienes intermedios que impactan en la canasta básica alimentaria, que seguirán sin cambios.
Para fomentar las ventas externas tampoco abonarán la alícuota las importaciones de productos que ingresan al país para luego ser exportados (básicamente el sector automotriz).
En el caso de los servicios, quedaron gravados con una alícuota general del 25%, con excepción de los fletes (7,5%). Este impuesto no alcanza a los servicios vinculados con salud y educación.
Ninguno de los sectores exceptuados debería aumentar sus precios y para ello resulta fundamental que el Estado monitoree activamente los potenciales comportamientos especulativos de los formadores de precios.
Un aspecto a tener en cuenta es que la alícuota no será pagada si se abona con dólares propios, algo que no fue casi mencionado por los medios. Tampoco se comentó demasiado que se estableció el destino específico de los fondos que se recauden con las nuevas alícuotas. El 65% de lo que ingrese irá al financiamiento de programas de la ANSES, el 5% al PAMI, el 9% al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el 19,5% a obras de infraestructura económica y el 1,5% a fomentar el turismo nacional.
Sólo matices dentro de la oposición
Cuanto más nos acercamos a las PASO, y con la urgencia de tener que diferenciarse entre sí, los/as candidatos/as de JxC y libertarios no hacen otra cosa que dejar de manifiesto que sus diferencias sólo radican en matices y en intensidades, no en las cuestiones de fondo.
Un buen ejemplo de ello se dio alrededor del mal denominado “cepo”, en la exposición que brindó Patricia Bullrich en la Sociedad Rural al detallar su estrategia para salir del actual esquema de administración de divisas. Allí señaló: “Vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional. Estamos esperando el fin de las PASO para poder tener esa negociación o el fin de las elecciones (…). Eso lo vamos a hacer en el período intermedio entre el momento que ganemos las elecciones y el momento que asumamos el gobierno”.
La ex funcionaria de la Alianza también anunció que el plan se haría con un “blindaje” del FMI. Pero, además de querer apagar el incendio con nafta, ¿acaso no recuerda que el organismo ya está más que excedido respecto de lo que le puede prestar a la Argentina? Hacer referencia a pedirle más dólares al FMI no entra en ninguna lógica, lo que se impone es salir lo más pronto posible de ahí.
Por su parte, desde el espacio de Horacio Rodríguez Larreta se quisieron mostrar “graduales”: levantarán el “cepo” recién después de tener equilibrio fiscal y de frenar la emisión monetaria, ambos resultados que se proponen conseguir con la mayor inmediatez (más allá de los costos económicos y sociales que implique).
Si bien Javier Milei criticó esta estrategia, no es muy distinta a la que el libertario propuso con la dolarización.
Los y las integrantes de las distintas alternativas neoliberales presentan como novedoso algo que ya hicieron: pues ya privatizaron, ya tuvieron una virtual dolarización (mantuvieron la convertibilidad), ya endeudaron al país e implementaron las políticas de ajuste. Es el recetario completo, con el que tan mal le fue a nuestro país.