Página/12 | Opinión
El viernes se confirmó el acuerdo técnico entre las autoridades argentinas y el staff del FMI. Se obtendrán los desembolsos para el segundo semestre del año, con un ingreso de 7500 millones de dólares en agosto. Además, tal como solicitó el gobierno argentino, el acuerdo mantiene el déficit fiscal previsto en el Presupuesto aprobado a fines del año pasado.
De esta forma, el FMI reconoce los efectos de la sequía y permite correr del escenario electoral el ruido que generan las negociaciones y la incertidumbre con la que sacan rédito quienes especulan y algunos/as candidatos/as.
En este marco, el gobierno implementó varias medidas tendientes a reforzar los ingresos fiscales y a fortalecer las Reservas Internacionales. Cabe recordar que en los días previos se llegó a hablar intencionadamente en los medios de que el FMI estaba pidiendo una importante devaluación del peso. Lejos de ello, se anunciaron medidas focalizadas, que incluyeron modificaciones en el impuesto PAIS para un grupo de bienes y servicios importados, a la vez que se implementaron beneficios para las exportaciones de economías regionales y para productos como el maíz.
Medidas localizadas
La mayoría de los bienes importados estarán sujetos al impuesto PAIS con una alícuota del 7,5 por ciento, pero con importantes excepciones. No se verán afectados: medicamentos, combustibles, lubricantes y bienes vinculados a la generación de energía; tampoco insumos y bienes intermedios que impactan en la canasta básica alimentaria, ni los utilizados para la lucha contra el fuego.
En tanto, las importaciones de servicios quedaron gravadas con una alícuota general del 25 por ciento, con excepción de los fletes (7,5 por ciento), mientras que se exceptúa a las relacionadas con la salud y la educación.
Casi no se mencionó en los medios que en la normativa se establece el destino específico de los fondos que se recauden con las nuevas alícuotas. El 65 por ciento de lo que ingrese irá al financiamiento de programas de la ANSES; el 5 por ciento, al PAMI; el 9 por ciento, al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU); el 19,5 por ciento, a obras de infraestructura económica y el 1,5 por ciento a fomentar el turismo nacional. Además de mejorar los ingresos, las nuevas medidas son directrices concretas que apuntan a mejorar las condiciones de vida de la población.
Uno de los aspectos omitidos es que la alícuota no recae sobre las importaciones, sino sobre la compra de moneda extranjera para realizarlas. Ello significa que las nuevas disposiciones tributarias podrán ser evitadas si se abonan las compras al exterior con dólares propios.
No hay razones objetivas para que se verifiquen aumentos en la canasta básica alimentaria y en los demás bienes no alcanzados por el impuesto. El Estado tiene, no obstante, un papel crucial para evitar comportamientos de tipo especulativo que impactan en los precios.
En ese sentido, el Director General de Aduanas, Guillermo Michel, señaló que en el caso de los combustibles, los principales importadores son “cinco CUIT, están identificadas las partidas arancelarias y hay acuerdos de precios, con lo cual no van a poder trasladar nada a precio; automotriz es lo mismo (…), medicamentos también”, en estos rubros –explicó– hay una “trazabilidad perfecta” y sobre otros habrá que “trabajar más fuerte” y “caso a caso”.
Las compras del dólar solidario (ahorro) tendrán que realizar el pago a cuenta del impuesto a Ganancias y Bienes Personales (45 por ciento), además del 30 por ciento del impuesto PAIS que ya se aplicaba. Por el lado del incentivo a las liquidaciones de divisas por las ventas externas, bajo el Programa de Incremento Exportador, se decidió llevar a 340 pesos el precio del dólar (antes en 300 pesos) y extender los plazos hasta el 31 de agosto, para las economías regionales y se incorporaron el maíz y la cebada cervecera.
No al ajuste
Durante décadas, las recetas y políticas neoliberales se han centrado en el ajuste y el achicamiento del gasto como indispensables para la reducción del déficit fiscal: es el camino más doloroso, pero no el único. Si la reducción del déficit fiscal se produce vía de mayores ingresos, se debería generar una dinámica virtuosa y mucho más justa. En este último sentido se orientan las medidas relatadas.
A pesar de los impactos de la sequía, el país está llegando al momento electoral en una situación muy diferente a la que esperaban ciertos sectores. Si bien hay dificultades y el horizonte es complejo, el camino parece más despejado y está claro que es por acá, por el modelo que se está aplicando, y no por el sendero inviable que proponen Juntos por el Cambio y los libertarios.