Página/12 | Opinión
Creo indispensable comenzar expresando mi solidaridad con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tras conocerse los fundamentos de un fallo político que apunta a su proscripción de cara a las elecciones, y que también tiene un profundo rol disciplinador. Tal cual se comentó desde el FdT, el fallo, carente de pruebas, dejó en evidencia la falta de garantías, el incumplimiento del debido proceso y la violación de derechos humanos fundamentales establecidos en la Constitución.
Entre los hechos económicos más relevantes de la semana, se llevó a cabo un canje de deuda pública en pesos con la finalidad de postergar los vencimientos que operan hasta junio, y así terminar con esa falsa idea, aviesamente instalada, de que “cada dos o tres meses está algo por explotar”.
Juntos por el Cambio (JxC) afirmó con tono de denuncia que ésta era una nueva maniobra que “sólo traerá más inestabilidad” y que “podría desembocar en un salto inflacionario”. El objetivo del comunicado fue idéntico al de un mes atrás, cuando desde ese sector se hizo alusión a una “bomba” de la deuda que estaría a punto de estallar, una actitud absolutamente irresponsable.
No obstante, el porcentaje de aceptación fue importante: se consiguió canjear el 64% de los títulos elegibles y se redujo el monto de vencimientos en unos 4,34 billones de pesos, desde los 7,5 billones iniciales.
La extensión de plazos (durante 2024 y hasta febrero 2025) tiene gran trascendencia, si se considera que los vencimientos serán en fechas posteriores a las elecciones, un límite que el gobierno, hasta el momento, no había podido cruzar en la magnitud que lo hizo con el reciente canje.
Para el país en su conjunto, con el canje se despejan futuras tensiones que suelen ser alimentadas artificialmente por ciertos sectores para sacar rédito en un año electoral. A su vez, la mejora en las expectativas que genera el despeje de los vencimientos colabora en el frente de la batalla antiinflacionaria, uno de los principales problemas que hay que seguir tratando de resolver. Para la oposición no deja de ser una frustración, ya que acaba de perder uno de sus principales argumentos de campaña: el de la “bomba que está a punto de estallar”.
Este miércoles, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) emitió un nuevo comunicado criticando, entre otras cuestiones, “los controles de precios y las múltiples restricciones vinculadas al comercio exterior”. También solicitaron “alcanzar la normalidad”. Pareciera que esa idea de normalidad es la de siempre, que apunta a disponer de total desregulación económica para obtener la máxima ganancia a costa del bienestar del resto de la población. El contraste entre los dos modelos está absolutamente claro.
Además, uno de los principales medios locales tituló: “Expoagro: sorpresa de expositores por el buen ritmo de negocios”, bien lejos de la idea de que todo “está mal”. Esto no implica desconocer en absoluto los impactos negativos de la sequía que afectan al sector agropecuario y agroindustrial y al país en general. Pero indica que hay actores en el sector que ya están pensando en la próxima campaña, y tienen espalda para seguir invirtiendo, una consecuencia de las elevadas rentabilidades de estos años.
En la semana, se conoció el indicador del empleo registrado, que observó un incremento, sin efecto estacional, de 28 mil puestos de trabajo, alcanzando los mayores valores de la serie, es decir, la mayor cantidad de empleados registrados desde 2012. A su vez, se publicaron datos de la producción industrial difundidos por el INDEC, con un alza mensual del 0,7 por ciento (sin estacionalidad) y del 6,3 en el contraste interanual para enero. La Construcción registró en el mismo mes una suba desestacionalizada del 4,3 por ciento (2,6 interanual), más que compensando la caída del 3,5 del mes anterior.
El gobierno busca, mediante toda una serie de políticas, que la economía crezca, genere empleo y que continúe la mejora de las cuentas públicas. Es lo opuesto a lo que ocurrió con la gestión de Mauricio Macri, que, además de endeudarse de manera exponencial —y en dólares—, aplicó políticas que derivaron en una fuerte recesión (con elevadísimos costos sociales) y lesionaron la capacidad de repago del país.
En lo internacional, el presidente estadounidense, Joe Biden, presentó un proyecto de presupuesto previendo una reducción del déficit fiscal de 3 billones de dólares en 10 años, con una suba de los impuestos a multimillonarios y grandes empresas. Según se informó, Biden plantea un impuesto de 25 por ciento sobre el 0,01 de los estadounidenses más ricos, en tanto el gravamen a las empresas aumentaría de menos del 10 al 28 por ciento, lo que implica revertir el gran recorte de impuestos que llevó a cabo Donald Trump en 2017. Inmediatamente, el Partido Republicano se negó a aprobar el paquete de medidas, dado que se juramentaron no votar nunca un aumento de impuestos. Una actitud similar a la que ha venido tomando JxC en nuestro país, y que es el eje de su política fiscal (junto con la reducción del gasto social que conlleva esta orientación).
En este contexto, el gobierno acordó con el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina – un desembolso de 840 millones de dólares, de los cuales unos 540 millones serán utilizados para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que permitirá llevar gas al norte argentino garantizando el suministro a hogares e industrias. Los 300 millones de dólares restantes se destinarán a un Programa para la Promoción del Modelo Social de la Discapacidad y el Acceso a Derechos de las Personas con Discapacidad, y contarán con un desembolso inmediato.
Para cerrar, el 8 de marzo se llevó a cabo una nueva jornada del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En la declaración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se sostiene que se trata de una fecha determinante, que “no deja de crecer en su trascendencia simbólica, por el notable desarrollo del movimiento de mujeres, que logró sostener y profundizar las luchas en todos los ámbitos de la vida”. Agrega que estas discusiones que “están en pleno crecimiento, no sin tensiones, ponen de manifiesto la crisis civilizatoria contemporánea del sistema capitalista, con su secuela de crecimiento de desigualdades y violencias, en mayor medida, hacia las mujeres y diversidades sexuales”. Se trata de una batalla vital para la construcción de un modelo de país justo, solidario y democrático.