Página/12 | Opinión
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la implementación desde el pasado miércoles de un proceso de recompra de deuda pública externa por más de 1000 millones de dólares. El objetivo de la medida es, según comentó el ministro, avanzar con la reducción observada en el denominado riesgo país, y ampliar las posibilidades para las empresas y el Estado de acceder al mercado de capitales.
La decisión va en línea con lo realizado durante 2022 en materia de gestión de la deuda, que permitió una mejora de la curva de vencimientos en pesos. En la licitación de esta semana, la primera del año, el Tesoro consiguió un financiamiento neto positivo de 64.132 millones de pesos, lo que implica una tasa de refinanciamiento que rondó el 118 por ciento.
El anuncio de Massa no puede disociarse del sendero de recuperación que han venido mostrando las principales variables de la economía. Por caso, a raíz del Programa de Incremento Exportador, más las distintas regulaciones del comercio exterior, el Banco Central pudo incrementar las Reservas Internacionales en más de 4900 millones de dólares en 2022.
Qué pasa con el dólar blue
No obstante, a pesar del fortalecimiento que se ha venido logrando en el sector externo, el año arrancó con importantes oscilaciones en torno a la cotización del dólar ilegal. En algo más de dos semanas los valores se incrementaron cerca de un 7 por ciento y la denominada brecha con el dólar oficial pasó del 86 al 96 por ciento, lejos, sin embargo, de los valores pico de julio pasado.
Las variaciones obedecen principalmente a las presiones que ejercen ciertos sectores que tratan de incidir en las expectativas y pretenden sacar provecho de una eventual devaluación. No hay razones objetivas que expliquen los vaivenes del mercado ilegal, un mercado que no concentra grandes volúmenes y que se mueve al compás de la especulación.
En materia inflacionaria, a pesar de los desafíos complejos que existen, el Estado también ha venido logrando avances importantes. En diciembre de 2022 la inflación mensual se ubicó en el 5,1 por ciento, en sintonía con el 4,9 por ciento de noviembre, y bien lejos de los peores pronósticos del mercado, que afirmaban que se marchaba indefectiblemente hacia un proceso hiperinflacionario. Ello no significa que haya algo para festejar: lo que se valora es una tendencia de reducción gradual que está rindiendo sus frutos y que abona los objetivos planteados en el Presupuesto que aprobó el Parlamento, que para 2023 establece una pauta del 60 por ciento anual (un 4 por ciento mensual), para 2024 del 44 por ciento y para 2025 del 33 por ciento.
Fortalecer los controles
Para que este sendero sea posible hace falta que las políticas tengan continuidad y que los acuerdos de precios se cumplan. Recientemente las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires habilitaron la línea 911 para que los/as ciudadanos/as porteños/as vayan en contra de sus propios intereses y denuncien “controles ilegales de precios realizados por patotas sindicales o piqueteros”, según afirmó un alto funcionario en un tuit.
Estas expresiones atrasan y distorsionan la realidad. Los sindicatos podrán tener a lo sumo un papel de proveedores de información pero no suplantan al organismo público que tiene la tarea de fiscalizar, que es la Secretaría de Comercio. Brindar información respecto de la mercadería que se transporta de un lugar a otro, para ver dónde se producen los acaparamientos que generan desabastecimientos, es parte de un mecanismo virtuoso. El Gobierno nacional tiene todo el derecho a identificar cuáles son los factores que impiden que los acuerdos se cumplan.
Cabe preguntarse por qué algunos sectores se molestan, si lo que se firmó fue un acuerdo voluntario entre partes, donde las empresas se comprometieron a abastecer y a hacerlo a determinados precios.
La cuestión de fondo no son los controles del Estado, sino las maniobras de algunos sectores concentrados que pretenden maximizar sus ganancias a costa de los ingresos del conjunto de la población y que cuentan con el apoyo de una oposición que aspira a reeditar los tiempos del “Estado canchero”: el que preparaba el terreno para que los privados hicieran sus negocios.