Tiempo Argentino | Opinión
El Indec publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para el mes de septiembre y, cerrado el tercer trimestre del año, se registró un ascenso interanual del 5,8%, un valor que está muy lejos del panorama recesivo que preveían ciertos pronosticadores. Todo parece indicar que el 2022 cerrará con un crecimiento superior al presupuestado (4%) y me animo a decir que podría estar cerca del 5%.
Se destaca la continuidad de la recuperación de algunos de los sectores más perjudicados por la pandemia. En particular, el sector de comercio mayorista y minorista fue el de mayor incidencia en el crecimiento interanual, seguido por la industria.
Si bien en septiembre la variación mensual en términos desestacionalizados fue levemente negativa (-0,3%), el nivel de actividad se mantiene en valores muy altos, cercanos al máximo de la serie (noviembre de 2017).
Son datos que no hay que dejar de valorar, más aún en un contexto como el que atraviesa la economía global, producto de una crisis energética de una envergadura que no se registraba desde los años setenta, según indicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A ello hay que sumarle la suba de las tasas de interés de referencia de los principales bancos centrales.
En este marco, en Estados Unidos el crecimiento económico pasaría del 1,8% en 2022 al 0,5% en 2023 y en la Eurozona del 3,3% al 0,5%, con una caída del PIB del 0,3% en Alemania, muy afectada por los cortes de suministro del gas ruso. En el caso de Brasil, pasaría del 2,8% en 2022 al 1,2% en 2023.
Si bien el conflicto bélico y la suba de tasas afectan a todo el mundo, las debilidades de balanza de pagos que se arrastraban en nuestro caso, a raíz de todo lo ocurrido durante la gestión macrista, nos sitúan en una posición distinta.
Según cálculos del Gobierno argentino, el costo de la guerra implica para nuestro país una pérdida de U$S 5000 millones, producto fundamentalmente de la suba del precio de la energía, aunque también impacta el mayor costo de los fletes.
En este contexto, resulta vital seguir fortaleciendo las Reservas Internacionales, de forma tal de ir despejando las expectativas de devaluación, que terminan impactando en la inflación. Pero también para contar con un mayor caudal de dólares para garantizar las importaciones que el aparato productivo precisa y así evitar que la actividad se vea castigada.
El Gobierno nacional anunció que a partir de mañana (y hasta el 31 de diciembre) se va a restablecer el programa de promoción de las exportaciones de soja y sus derivados, a un valor del tipo de cambio de 230 pesos. El complejo agroindustrial ya garantizó un piso de liquidaciones de U$S 3000 millones. Vale recordar que en la versión anterior el compromiso fue de U$S 5000 millones y se terminaron liquidando U$S 8123 millones. Si bien los detalles del decreto se conocerán este lunes, el ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que lo recaudado por las mayores retenciones tendrá distintos destinos, entre ellos, un premio a la industrialización de soja para aumentar la incidencia de aceites y harinas en las exportaciones del complejo agroindustrial, así como un sistema de asistencias a las cadenas de valor láctea, porcina y avícola.
Sostenibilidad de las cuentas públicas
El Gobierno sigue apuntando a la mejora de las cuentas públicas, y lo hace por la vía de los mayores ingresos que genera la actividad económica, lo opuesto a la lógica del ajuste.
Sirve ver los datos fiscales del mes de octubre, que reflejaron un incremento interanual de los ingresos del 97% en términos nominales, motorizado principalmente por el aumento de los recursos de la seguridad social y de los directamente asociados a la actividad económica. También se registró un impulso proveniente de los impuestos ligados al comercio exterior, producto del mayor cobro de retenciones en el marco del Decreto 576/2022 (Programa de Incremento Exportador).
Uno de los tributos que tuvo un significativo impacto en la recaudación de este mes, junto con el IVA y el impuesto a los créditos y débitos, fue el proveniente de la primera cuota del pago a cuenta extraordinario de Ganancias realizado por las sociedades. Cuando se puso en marcha esta iniciativa el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, fue muy claro: «le pedimos a las empresas que sean solidarias en este momento de crisis mundial. Es una colaboración para incrementar las arcas del Estado, que debe recaudar para hacer una mejor redistribución del ingreso». El gravamen se aplicó especialmente sobre aquellas sociedades que se vieron muy beneficiadas por la actual coyuntura internacional.
Otro de los ejes en materia tributaria está puesto en el control de la evasión. Al respecto, el ministro de Economía destacó la importancia que tendrá la firma del IGA, el régimen de intercambio de información automática de personas y beneficiarios finales de sociedades con Estados Unidos, que está muy cerca de firmarse.
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs, sugirió adoptar políticas como la de negociar pactos fiscales y aprobar algunos impuestos, en lo posible progresivos, como por ejemplo un tributo a las rentas extraordinarias obtenidas por ciertos sectores beneficiados por la bonanza de los productos primarios. Pero también señaló que «una política clave es la reactivación económica porque, aun sin una reforma tributaria, si un país, en vez de crecer al 0,2%, crece al 2% o al 3%, ya eso le da muchos más ingresos tributarios y abre un poco de espacios fiscales».
Por el lado del gasto social, en estos días se incrementaron en un 40% los montos que reciben los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. Se trata de un programa que alcanza a un total de 4.046.899 niños y niñas, de los cuales 3.906.024 son hijos e hijas de hasta 14 años; 67.353 hijos o hijas con discapacidad y 73.522 bebés. Con esta suba, el beneficio ya acumula una variación del 90% en lo que va del año.
También se acordó un aumento escalonado del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) en cuatro tramos entre diciembre 2022 y marzo 2023, llegando a un valor de $ 69.500, lo que representa una variación del 110%, por encima de la inflación estimada para ese lapso. Cabe también destacar que el SMVM tiene impacto en varios programas sociales que lo utilizan como referencia para sus actualizaciones. Tal es el caso del Potenciar Trabajo, que se calcula en un 50% de lo establecido en el SMVM. Asimismo, también se ajustan en base a este salario mínimo las prestaciones de Anses por desempleo, a la vez que se utiliza como mecanismo de cálculo de las becas del Programa Progresar, para estudiantes de bajos recursos.
A través de las distintas políticas, el Gobierno busca que no se vea lastimada la recuperación y proteger a la vez el poder adquisitivo de los hogares, en particular el de los segmentos más vulnerables.