Página/12 | Opinión
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló este jueves en el estadio Diego Maradona de La Plata colmado de funcionarios, legisladores, dirigentes y militantes e hizo un llamado a “todas las fuerzas políticas” a “reconstruir el acuerdo democrático”. En simultáneo, recordó que, en ese mismo lugar, dos años atrás había afirmado que “no tenía dudas de que íbamos a crecer mucho pero que era necesario alinear precios, salarios y tarifas para que ese crecimiento no se lo llevaran cuatro vivos”.
Se trata de dos temas interrelacionados. Por un lado: restablecer el pacto democrático en términos de reglas de convivencia, tolerancia y supresión de la violencia. Por otro: seguir trabajando para mejorar la distribución del ingreso, los salarios tanto formales como informales, la inclusión y la igualdad, entre otros indicadores. Y para el retroceso sostenido de los índices de pobreza e indigencia. Son dos de las agendas que la Vicepresidenta propone discutir con las oposiciones políticas, económicas y mediáticas. A ellas agrega la reforma judicial y las políticas de seguridad, entre otros temas.
Respecto de la Justicia, consideró: “donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y puestos en sus cargos, el sistema funciona”. Y agregó: “no es bueno para la democracia, para el pueblo, que sean jueces los que deciden sobre las políticas económicas de un país”. Además, puso como ejemplo: “la inflación que tenemos del 6,3 este mes, uno ve que las telecomunicaciones, la internet, subió 12 puntos. ¿Saben por qué? Porque hay jueces que dijeron que la regulación no se debe aplicar. No crean que esto no influye en la vida de los argentinos”.
Estos temas no se despliegan en el vacío. Están condenados a encontrar resistencias, oposiciones y condicionamientos de todo tipo. Su discusión pública y la implementación de políticas alrededor de ellos plantean niveles de dificultad crecientes y hacen necesaria una posición sustentada en una suficiente acumulación de fuerzas para imponerlas. En este sentido, la Vicepresidenta señaló que es momento de “acordar políticas, porque las elecciones se pueden ganar, pero los condicionamientos son tan graves que los argentinos necesitamos tirar todos para el mismo lado. Si no es así, será difícil para cualquiera”. En su discurso también aseguró que “el gran punto de quiebre fue volver a un brutal endeudamiento del país, que condiciona absolutamente nuestras políticas, porque tenemos que destinar recursos, no para agregar valor, sino para pagar deudas”.
Se trata de un punto de vista que reivindica la necesidad de avanzar con distintas transformaciones pero que, al mismo tiempo, es consciente de las dificultades que ello supone. No nos sobra nada. Más aún: es probable que aun reuniendo todas las fuerzas que tenemos no nos alcance. Por lo cual, no sólo es necesario lograr la unidad: también es necesario ampliarla.
El desafío es el de siempre: intentar sumar a todos los parecidos. Alfonsín buscó avanzar con el tercer movimiento histórico. Néstor Kirchner intentó la transversalidad. Cristina ha sostenido y sostiene la necesidad de la amplitud. Sin la reunión de toda la fuerza política posible las transformaciones son testimoniales: están en los discursos, pero es muy difícil hacerlas realidad.
La estrategia del neoliberalismo en la Argentina, y en toda América Latina, consiste en debilitar o directamente neutralizar la discusión pública: intenta transformar la mayor parte de los debates en agravios y descalificaciones personales, en oportunidades para incentivar el ejercicio de la violencia y la negación del otro. En lugar de profundizar la democracia, lo que busca es debilitarla.
La primera tarea del Frente de Todos es proteger la democracia y, por lo tanto, defender la política y la discusión pública. Se trata de reponer permanentemente los ejes del debate: donde hay ruido y desorden, insistir con las agendas pendientes que nos permitan avanzar hacia una sociedad más democrática, solidaria, libre, inclusiva e igualitaria. Mientras ellos tratan de desordenar los debates, nosotros debemos clarificarlos y conducirlos.
En otro orden de cosas, en la semana el Senado aprobó el Presupuesto 2023. Entre sus postulados, sobresale que la Argentina tendrá un plan de desaceleración de la inflación sin caer en políticas de shock. El objetivo inflacionario para el año 2023 es 60%. Es decir, 4% mensual. El resto de las variables están alineadas con estos números. ¿Por qué esto es relevante? Porque las políticas de shock siempre contienen fuertes ajustes. Detrás de una gran devaluación hay un reacomodamiento de todos los precios de la economía a esa devaluación. En esos casos, el costo siempre lo paga la ciudadanía, sobre todo los sectores populares. En cambio, tratar de transitar gradualmente la escalera descendente de la inflación es buscar que no caigan nuevos costos sociales sobre quienes ya han sido suficientemente castigados por diferentes crisis o políticas antipopulares.
Hay un plan serio y cumplible contemplado en el Presupuesto. Por supuesto, hay una gran inestabilidad global y los presupuestos están insertos en ese mundo lleno de incertidumbres.
También en la semana la Argentina ha tenido un gran éxito diplomático logrando que el G20 se expida en su declaración final de manera contundente con relación al tema de los sobrecargos en los créditos del FMI. Luego, en el encuentro bilateral con la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, el presidente Alberto Fernández insistió, entre otros temas, con la reducción de estas sobretasas que cobra el organismo y solicitó que se compensen los costos de la Guerra en Ucrania. El Presidente declaró a un portal de noticias que Georgieva “nos dijo que está dispuesta a llevar el planteo al directorio del FMI. También hablamos de un segundo problema que llamamos «el precio de la guerra», que a la Argentina ya le ha costado hasta 5.000 millones de dólares”. Si el tema de los sobrecargos se resolviera favorablemente, la tasa de interés que la Argentina paga por la deuda con el FMI bajaría prácticamente a la mitad. Eso significaría un ahorro fiscal muy importante que facilitaría el cumplimiento de las metas con el organismo o la utilización de esos recursos para hacer frente a otras necesidades.
El gobierno trabaja con intensidad tanto en la gestión cotidiana como en la fijación de los grandes temas estratégicos. Trabaja en el corto y en el mediano plazo. En un marco de dificultades crecientes tiene un plan y propone un futuro.