Tiempo Argentino | Opinión
El proyecto que propone la creación de un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” obtuvo esta semana dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados. La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, tiene por objetivo hacerle frente a la deuda heredada sin que se afecten las posibilidades que el país tiene de utilizar sus recursos para mejorar la calidad de vida de la población. Se plantea realizarlo a partir de gravar a aquellas personas residentes que no cumplieron con las leyes impositivas de nuestro país. Quienes evadieron el pago de impuestos que les correspondía efectuar, al haber obtenido importantes ganancias en nuestro territorio y que además las enviaron al exterior.
Es un proyecto que está fuertemente vinculado con la abultada cantidad de divisas fugadas al exterior durante la gestión de gobierno de Mauricio Macri, proceso que fue facilitado gracias a la enorme deuda de U$S 45.000 millones contraída con el FMI durante ese periodo.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner definió claramente una de las consecuencias de este endeudamiento el pasado 20 de junio: “Este proceso ultra inflacionario que estamos viviendo hoy en Argentina es el producto del endeudamiento criminal de los 4 años del macrismo. Esto tenemos que tenerlo muy claro (…). Por eso ahora intentan decir que es el déficit fiscal o es la oferta y la demanda y además que los empresarios no tienen nada que ver. ¿Tiene sentido común, compañeros, compañeras, compatriotas?”.
Un informe del BCRA señala que “durante la fase de ingreso de capitales comprendida entre diciembre de 2015 y principios de 2018, aproximadamente 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos (…) En 2018, a partir del cierre de los mercados voluntarios de crédito, se inició una fuerte reversión en los flujos de capitales. A lo largo de todo el período, la formación de activos externos (FAE) de los residentes (coloquialmente llamada «fuga de capitales») se triplicó. En la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, la FAE alcanzó los USD 45.100 millones”. Una cifra muy similar a la efectivamente desembolsada por el FMI en 2018. Una deuda que, además de históricamente alta, se acordó con una estructura de pagos y vencimientos imposibles de afrontar. Un esquema que, hace pocos meses, el actual gobierno logró renegociar obteniendo un amplio plazo que permitirá que hasta el segundo semestre de 2026 no se generen erogaciones.
Fueron tiempos en los que los capitales especulativos aprovecharon la eliminación de las regulaciones monetarias y cambiarias dispuesta por los funcionarios del macrismo, y el ya conocido circuito del “carry trade”, adquiriendo principalmente Lebacs, letras del Banco Central en pesos, cuyo rendimiento pasó del 32% a fines de 2015 a tocar un pico del 57%, además de permitirse que fueran compradas por privados (al 2015 eran exclusivas para bancos). Luego, ante la posibilidad de devaluación, los inversionistas convertían los pesos en dólares y terminaban yéndose con elevadísimas ganancias en divisas.
Hasta el propio FMI, en su informe ex post de diciembre de 2021 sobre el préstamo otorgado en 2018, señala que “el programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas. El aumento de los reembolsos, junto con la fuga de capitales de los residentes, ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio”, para agregar: “el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los pobres”.
A esta altura, no caben dudas de que la evasión y la elusión fiscal son unos de los flagelos que existen en el mundo, ya que exacerban las inequidades preexistentes al generar una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Sólo para citar un ejemplo a nivel regional, en un informe de este mes, la CEPAL sostuvo que la evasión tributaria en América Latina representó un 6,1% del PIB en 2018, equivalente a 325.000 millones de dólares.
Volviendo al proyecto de ley, los recursos del Fondo para cancelar la deuda con el FMI provendrán de lo recaudado, con una alícuota sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que no hayan sido declarados ante la AFIP.
Se establece una alícuota general del 20% sobre el valor de las tenencias ocultas para quienes las declaren voluntariamente. Además hay beneficios fiscales para el pago voluntario, que son los de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina (Nº 27.613). Si se declaran los bienes con 6 meses de retraso (posteriores a la entrada en vigencia de la norma), la tasa a aplicar será del 35%. Pero si no hay declaración voluntaria y la AFIP inicia la fiscalización, y el deudor la acepta dentro de los 15 días, el pago será del 50%.
También debe quedar claro que en este proyecto de ley no se exime a los sujetos alcanzados de las investigaciones de delitos de contrabando, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, trata de personas u otros.
Para reforzar las fundamentaciones del proyecto, vale la pena recordar las palabras de Alberto Fernández en su primer discurso ante el Parlamento en marzo de 2020: “Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda. Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso”.
En resumen, no debe ser el pueblo el que pague el crédito con el FMI, sino quienes se beneficiaron con éste, puesto que permitió una gran fuga de divisas. La situación actual del mundo y de nuestro país demuestra lo esenciales que son esos dólares para poder seguir creciendo y mejorar la distribución del ingreso.
Datos macroeconómicos
Esta semana se conocieron los datos de empleo del Indec correspondientes al primer trimestre 2022. La tasa de desocupación se mantuvo, al igual que el trimestre pasado, en el 7%. El menor nivel desde 2015. Pero más allá de eso, un dato interesante es el de la tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, la cual llegó al 43,3%. Este resultó ser el valor más alto desde el 2011 y 1,7 puntos porcentuales por encima del mismo trimestre del año pasado.
En cuanto a la actividad económica, el organismo oficial publicó los datos del PBI también del primer trimestre de este año. Si bien el Indec publica mensualmente el EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica) los datos de las cuentas nacionales nos permiten tener una idea más acabada de los factores que impulsaron el crecimiento económico, que fue del 6,0% en el primer trimestre de 2022 respecto a igual período de 2021. Se destacan, desde la demanda, la formación bruta de capital fijo (Inversión) que creció 12,7% y el consumo privado que aumentó 9,3%. Con estos valores del PBI, estamos en un nivel de actividad que no se registraba desde comienzos del año 2018.
Más allá del difícil contexto post pandemia, agravado por el conflicto bélico, y si bien aún quedan algunos sectores productivos que no han logrado recuperarse del todo, es evidente que la mejora en la actividad económica junto con las medidas de gobierno que se han tomado desde el inicio de la pandemia sanitaria van dando resultados positivos.