Página/12 | Opinión
La exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, en el marco de un acto en el Yacht Club de Olivos, en el que presentó a su equipo de gobierno para el caso en que fuera elegida presidenta, afirmó: “estamos convencidos que la Argentina va a tener que salir con los ahorros de los argentinos, porque no va a venir capital por un tiempo. Luego, con la confianza, vendrá”. No fue la única exfuncionaria o exfuncionario macrista que hizo declaraciones tratando de generar expectativas negativas, buscando interferir el proceso actual de recuperación de la economía. A ellos se sumaron otros integrantes del establishment. Esa serie de intervenciones contribuyó a producir una fuerte baja en la cotización de los bonos de la deuda pública y un incremento en el valor de los dólares financieros e ilegales.
El gobierno, ante los intentos de desestabilización, siguió implementando las medidas que ya venía implementando. Por ejemplo, continúo con la política monetaria que consiste en que las tasas de interés pasivas, las que cobran los depositantes, no sean negativas frente a la evolución del proceso inflacionario. En simultáneo, del lado de las tasas activas, las que afrontan los que toman los créditos, se sigue buscando sostener políticas de subsidios (por ejemplo, las líneas de financiamiento a la inversión productiva y otras que orienta y regula el Banco Central) para que las tasas de esos créditos continúen por debajo de la evolución de la inflación. El objetivo principal de esta política es que los ahorristas o las empresas no busquen salidas alternativas para proteger el valor de su dinero frente a la inflación.
Durante la semana que pasó hubo un vencimiento de un bono por alrededor de 10 mil millones de pesos; a pesar de que se trataba de un pequeño monto, se instaló la versión de que el gobierno no iba a poder cubrirlo. Sin embargo, se presentaron ofertas por aproximadamente 23 mil millones de pesos, de los cuales el Tesoro tomó 21.587 millones de pesos. De ese modo, pudo atender el vencimiento y le quedaron unos 11 mil millones de pesos que pasaron a integrar la masa de recursos disponibles que ayudan a reducir las necesidades de emisión para cubrir el déficit fiscal.
Esta operación es parte de una política a través de la cual el Estado viene construyendo un mercado de deuda en pesos. Al vencer los bonos en moneda nacional con acreedores locales los renueva con otras colocaciones en pesos. Se trata de una política exitosa: en cada una de esas licitaciones obtiene más pesos que los que necesita para cubrir los vencimientos. Ese excedente, como ya dijimos, se utiliza para cubrir parte del déficit fiscal, por lo que también se reduce la emisión monetaria.
En paralelo, se viene poniendo en práctica una política sostenida de refinanciamiento de deudas heredadas. Por un lado, la refinanciación de los 100 mil millones de dólares de endeudamiento del Estado con bonistas privados. Por otro, la refinanciación de cerca de 45 mil millones de dólares de deuda que el Estado contrajo con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Mauricio Macri. Además, se prorrogaron y se encuentran en proceso de renegociación las deudas con el Club de París.
En esta línea, se implementaron una serie de regulaciones para la refinanciación de las deudas del sector privado con el exterior. Según un informe reciente del Banco Central, entre 2016 y 2019, ese endeudamiento se incrementó en 20 mil millones hasta llegar a los 45.045 millones de dólares. El mismo informe señala que, gracias a las regulaciones cambiarias que dispuso el actual gobierno, entre enero de 2020 y abril de 2022, de los 32 mil millones exigibles de cancelar en ese periodo, sólo se pagaron 5.367, el 17% del total. Es decir, se evitaron pagos en dólares del sector privado al exterior por 26.635 millones de dólares.
A las empresas privadas endeudadas en dólares, el Banco Central les dice: si ustedes quieren comprar dólares en el mercado único de cambios al precio oficial para hacer frente a sus obligaciones de pagos en el exterior, lo podrán hacer por el 40% de lo que ustedes tienen que pagar, pero en la medida que obtengan una refinanciación de por lo menos dos años de plazo del 60% restante.
Las actuales políticas vienen ordenando el frente externo, mejorando las cuentas públicas en el marco de una economía que crece, y fortaleciendo el mercado de deuda local. Es decir: están tratando de superar el desastre que heredamos.
El gobierno presentó también una serie de iniciativas orientadas al control de precios, al combate de la inflación, a resolver el faltante de gasoil y a dinamizar las obras del gasoducto Néstor Kirchner, además de la segmentación de las tarifas de servicios públicos. También publicó el DNU de actualización del Presupuesto, ya que en su momento el proyecto de Presupuesto 2022 que el Poder Ejecutivo Nacional remitiera al Congreso fue rechazado por la oposición.
En materia fiscal, se modificó el presupuesto prorrogado, incorporando un nuevo cálculo de recursos y créditos, en un escenario donde crecieron los gastos consecuencia, entre otras cuestiones, del agravamiento del escenario global.
Se crea, además, el Régimen de segmentación de subsidios a las usuarias y los usuarios residenciales de los servicios públicos de la energía eléctrica y gas natural por redes. Para realizar la segmentación se tomará en cuenta la capacidad de pago de los hogares a partir de sus condiciones socioeconómicas. También se emitieron decretos orientados a incrementar la producción de gasoil.
Todo ello se produjo en una semana donde se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, según informó el INDEC: 5,1% mensual. Sigue siendo un índice muy alto, pero lo positivo es que se sostiene la tendencia a la baja: del pico de 6,7% en marzo, hubo una caída a un 6% en abril y, el mes pasado, un nuevo descenso a un 5,1%. La Argentina no ha optado por una política de freno brusco del aumento de los precios porque ello ha tenido siempre un sesgo fuertemente recesivo. Se busca bajar la inflación pero sin enfriar la economía y manteniendo las políticas redistributivas.
El gobierno trabaja en muchos frentes en simultáneo bajo una única estrategia: seguir desplegando un modelo de crecimiento con la gente adentro.