Perfil | Opinión
El Gobierno enfrenta un escenario de una enorme complejidad. Las oposiciones neoliberales, en la versión de Juntos por el Cambio y en la de los sectores libertarios, disputan entre sí quién presenta la propuesta política más extrema: intentan convencer a la sociedad de que, si se eliminan las leyes que protegen a los más vulnerables y se recortan sus derechos, estos mágicamente van a vivir mejor. Es al revés de lo que ha sucedido siempre. Esas leyes que proponen eliminar han sido creadas para cuidar a los más débiles: los más poderosos no las necesitan porque imponen sus intereses por la fuerza de su peso específico.
En las sociedades capitalistas resulta imprescindible aplicar regulaciones a las inmensas corporaciones económicas porque, de lo contrario, la acumulación de riquezas en pocas manos y la generación de desigualdades tienden a ser infinitas. ¿Qué fue el Estado de Bienestar? La aplicación sistemática de políticas de regulación y de oferta de servicios públicos para aquellos que no accedían a las prestaciones privadas de educación, salud, electricidad, gas y agua, entre otras necesidades básicas. Es decir, el Estado de Bienestar fue un instrumento contracíclico: intervenía para limitar las desigualdades que producía el mercado en el marco de un mundo bipolar donde dos sistemas, el capitalista y el socialista, se disputaban la hegemonía mundial.
La manera en que se resolvió esa confrontación hizo que ya no fuera necesario ese Estado compensador para evitar que muchos se tentaran con un cambio de sistema. En ese escenario, los ganadores impulsaron el recorte de los beneficios instaurados en los años de la Guerra Fría. Este proceso no ha operado en el vacío: ha sido sustentado por una ideología que ha intentado –y continúa intentando– convencer a la ciudadanía de que las políticas neoliberales les mejorarían la vida. Dicen: “si liberamos los precios, estos van a bajar por sí mismos; si, por el contrario, los controlamos, van a aumentar”. De allí que ante la pregunta ¿por qué suben los precios?, muchos opositores responden: “porque hay controles de precios”.
Para que esos argumentos disparatados prosperen, interviene otro poder concentrado: el de los grandes medios de comunicación. El resultado es el corrimiento de una parte del sistema político y de la opinión pública hacia un paradigma antipopular. Se trata de un fenómeno global: en Francia, por ejemplo, la opción en la última elección fue entre votar a la centroderecha o a la ultraderecha.
Es un riesgo que también tenemos en la Argentina. ¿Cómo reducirlo? Estableciendo nuestras propias prioridades como Frente de Todos, resolviendo nuestras contradicciones y entendiendo que por más diferencias que tengamos entre nosotros, las principales diferencias siempre son con los otros.
La experiencia del macrismo está muy cerca. En esa noche oscura de nuestra historia reciente se cerraron 25 mil empresas PyME, cayeron los salarios y las jubilaciones, se perdieron miles de puestos de trabajo y aumentaron significativamente la pobreza y la indigencia, entre muchas otras calamidades.
Macri y Juntos por el Cambio no cambiaron: tanto cuando han gobernado la Nación como cuando gobiernan la Ciudad, sus ideas son las mismas. Sus políticas favorecen a los grupos económicos concentrados, a las minorías que hacen fabulosos negocios y a quienes aumentan su riqueza fugando capitales y evadiendo impuestos. En 2015 ganaron engañando a la gente: prometiendo pobreza cero, terminar con la inflación, eliminar el Impuesto a las Ganancias, entre otras medidas. En la actualidad, por el contrario, Juntos por el Cambio y los libertarios no ocultan lo que son. Si volvieran al Gobierno lo harían con sus ideas explicitadas e intentarían imponer a toda velocidad su plan de devastación.
Siempre es posible volver atrás.
Impedirlo depende, entre otras cosas, de que el Frente de Todos unido profundice su proyecto de crecimiento con distribución e inclusión social.