Página/12 | Opinión
Durante la semana se conoció el índice de precios al consumidor del mes de marzo: registró una suba del 6,7 por ciento. Si bien se la esperaba, no deja de ser una cifra elevadísima.
Estamos hablando de un fenómeno global: en la actualidad, el ascenso en los indicadores de inflación se produce en la mayoría de los países del mundo. Son los más altos en los últimos cuarenta años. Se originan mayoritariamente en el aumento de los precios de los commodities y de los combustibles.
En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación de marzo fue del 8,5 por ciento interanual, la más alta en 40 años. En España, en el mismo mes, la inflación alcanzó un 3 por ciento, la mayor en 44 años. Alemania registró un 2,5 por ciento mensual en marzo, una cifra inusual para ese país.
Por supuesto, el fenómeno global no alcanza para explicar la inflación de la Argentina. Tampoco lo hacen en este momento las variables tradicionales: ni la emisión monetaria, ni la variación del tipo de cambio, ni las reservas —ya que éstas crecieron con los desembolsos del Fondo Monetario Internacional—, ni el resultado de la balanza comercial.
Según informa el BCRA, en marzo la Base Monetaria registró una caída mensual de 2,4 por ciento (-$90.677 millones) a precios corrientes. Como ratio del PIB la Base Monetaria se ubicaría en 6,1 por ciento, cifra similar a la de principios del 2020 y en torno a los mínimos valores desde 2003. Podemos decir que esta evolución ratifica el financiamiento que el Tesoro recibe del sector privado principalmente con bonos emitidos en pesos, una buena parte de ellos ajustados por el índice de precios al consumidor. En el mismo sentido, la brecha entre los distintos tipos de cambio con relación al oficial ha bajado considerablemente luego de la firma del entendimiento con el FMI.
Otras variables, con las que se intenta argumentar el incremento de precios, son insostenibles. Por ejemplo, las que consideran que la inflación es un producto coyuntural de los rumores de cambios en el Gabinete o de las declaraciones del Presidente, cuando dijo que iba a poner en marcha la guerra contra la inflación.
Despejadas la mayoría de las causas, la principal explicación de la suba de la inflación a nuestro juicio es la puja distributiva, es decir, la disputa por la apropiación de la riqueza que produce la expansión económica.
Según el informe del cuarto trimestre de la “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra” del INDEC, durante 2021 la masa salarial en el país se redujo del 48 al 43,1 por ciento sobre el total del PBI. Las empresas ganaron más y los asalariados percibieron menos en términos porcentuales. La proporción de las remuneraciones del trabajo asalariado retrocedió más de un 4,8 por ciento y la proporción de los ingresos del sector empresario mejoró en alrededor de un 3,8 por ciento. El mayor crecimiento de la economía fue apropiado mayoritariamente por un sector en detrimento del otro, acentuando la desigualdad.
Hoy está instalada la discusión sobre si la recomposición salarial debe hacerse a través de un bono o de paritarias. Si bien ambos instrumentos son válidos, porque buscan reparar el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, no son suficientes. Porque, si no hay contención de los precios, esas subas en los ingresos terminan rápidamente apropiadas por las grandes compañías productoras y distribuidoras de bienes y servicios de consumo masivo. Se produce una especie de círculo vicioso: suben los precios, las mejoras en los ingresos se evaporan y, entonces, se hace necesario recurrir nuevamente a la recomposición salarial para recuperar lo perdido; pero, otra vez, esas mejoras son reapropiadas por nuevos aumentos de los precios. Por eso, no alcanza con recomponer los salarios: junto con ello es imprescindible implementar un conjunto de políticas que impidan que las mejoras en los ingresos sean esterilizadas por la suba inmediata del valor de los bienes de consumo masivo.
Este círculo vicioso que describimos muestra el accionar constante de la puja distributiva: en ésta participan, por un lado, los grandes conglomerados de la economía tratando de captar rentabilidad adicional y, por otro, el resto de los sectores de la economía que, yendo por detrás, a través de los diversos instrumentos de redistribución intentan recuperar lo perdido. Para intervenir integralmente sobre la complejidad de este fenómeno se requiere de un Estado fuerte que despliegue una serie de iniciativas. Entre ellas, una política que logre que los aumentos de las remuneraciones se conviertan en mejora de las condiciones de vida de las mayorías.
A ello se refirió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la Asamblea Eurolat, que congregó a más de 100 legisladores de Europa y de Latinoamérica, cuando sostuvo este miércoles que “las desigualdades no nacen por un orden natural sino que son producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas”. En el mismo discurso, aseguró que “la gran discusión” a nivel planetario es “si a este proceso capitalista que se da en todo el mundo lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los Estados”. Luego agregó: “Es la clave para abordar seriamente el problema de la desigualdad”.
En otro tramo de su intervención afirmó: “Hablamos de poder cuando alguien toma, adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad, eso es el poder”. Sostuvo además que no significa que te den el poder “que te pongan una banda y te den el bastón”. Y agregó: “Lo digo por experiencia. Y ni te cuento si, además, no se hacen las cosas que hay que hacer”. La Vicepresidenta se refería a lo que muchos venimos diciendo: que no hay que confundir tener el gobierno con tener el poder. Porque hay otros poderes, por ejemplo el de los mercados, los monopolios, los oligopolios, el poder financiero internacional y los grandes medios de comunicación concentrados. La clave consiste en cómo se les pone límites desde el Estado.
La discusión de fondo, como siempre, es si regula el Estado o regula el mercado. Por supuesto, uno y otro actúan con sus propias reglas. El Estado lo hace con el objetivo de lograr la mayor justicia y equidad distributiva y el mercado intentando alcanzar la maximización de las ganancias empresarias.
Un Estado activo es aquel que interviene para que, en lugar de la concentración de los ingresos y de la riqueza que crea el mercado, haya distribución de los ingresos y de la riqueza en beneficio de las mayorías.