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El problema de la inflación es histórico en la Argentina. Por ejemplo, recordemos cuando hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner, un grupo de dirigentes opositores solía difundir lo que se denominaba el IPC Congreso, una medición alternativa a la del INDEC, con cifras de alrededor de 27 puntos de inflación anuales. O antes, durante la convertibilidad, cuando se intentó resolver el problema con el establecimiento de la paridad «un peso, un dólar», una ficción que explotó durante la crisis del 2001.
Se solía afirmar que la inflación era una consecuencia de los aumentos salariales: según esta perspectiva, los precios de los productos subían para compensar el aumento previo de los salarios. Una mentira absoluta. Desde que tenemos memoria, son los salarios los que van detrás de los precios tratando de que estos no les saquen una ventaja indescontable.
En la actualidad, en el marco de la reapertura de paritarias, los salarios se recomponen siempre detrás de la inflación. Lo mismo sucede con el tipo de cambio. Incluso la emisión ha estado por debajo del aumento de los precios. El crecimiento de la base monetaria interanual en febrero fue del 45,6%. En el mismo periodo, la inflación fue del 52,3%. Está claro: ni los aumentos salariales, ni el tipo de cambio, ni la emisión monetaria explican la suba inflacionaria. Una de las variables que queda, y que más contribuye a la explicación de la inflación, es la puja distributiva. La misma se produce en un marco donde la ofensiva la tiene el poder real, los grandes grupos económicos concentrados, incluido el poder mediático. Por lo tanto, estamos en una pelea que es desigual en cuanto a las fuerzas que operan en un lado y el otro.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner se sancionaron tres leyes para que el Estado pudiera intervenir en las cadenas de valor: Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo, Ley 26.991; Observatorio de Precios, Ley 26.992; y Sistema de Resolución de Conflictos en Relaciones de Consumo, Ley 26.993. ¿Qué buscaban, entre otras cosas, estas iniciativas? Resolver el problema que hace que el productor se queje de que recibe poca paga por lo que produce y el consumidor se queje de que paga mucho por lo que compra.
Luego de que aquellas leyes fueran sancionadas por el Parlamento se presentaron amparos y la Justicia hizo lugar a ellos. Por lo cual, las leyes nunca pudieron aplicarse. Y posteriormente, en el gobierno de Mauricio Macri, se les incorporaron varias modificaciones licuando su efectividad. Este tipo de herramientas hay que volver a ponerlas en práctica.
El gobierno no está planteando inflación cero. Incluso en el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional se especifica que, para el año 2022, la inflación debería oscilar entre 38% y 48%. Es decir: el objetivo es rebajar un mínimo de 5 puntos la inflación con relación a la del año pasado. Se trata de iniciar un camino de descenso gradual de los precios y de crecimiento de los salarios por encima de estos.
Por supuesto: las dificultades siguen. A las dos pandemias, la generada por las políticas de Macri y la producida por la circulación global del virus, le continúa el enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania.
Algunos dicen: «Qué bueno, a pesar de la guerra, que es una barbaridad, vamos a recibir muchos más ingresos como país por mayores exportaciones y por las retenciones». Sí, pero en simultáneo vamos a pagar más por el mayor costo de las importaciones de gas y de petróleo. ¿Cómo se resuelve este problema? Entre otras iniciativas, avanzando con las inversiones para que podamos explotar una de las mayores reservas de gas que hay en el mundo y construyendo gasoductos para que ese gas se pueda transportar. Eso lleva tiempo.
El Presidente anunció que comenzaba la guerra contra la inflación en la Argentina. Es lógico: con la aprobación del acuerdo con el FMI, el jueves a la noche, comenzó a despejarse el frente externo y, entonces, el gobierno ya puede concentrarse en una nueva agenda. En el primer desembolso se recibirán recursos que permitirán recomponer las reservas. Ello debería tranquilizar el frente externo y el frente cambiario y generar nuevas condiciones para llevar adelante políticas más integrales contra la inflación.
En ese marco, el presidente Alberto Fernández afirmó el viernes que «nuestra batalla hoy es contra los especuladores, contra los codiciosos, contra quienes buscan aún en situaciones complejas sacar una renta extraordinaria». Luego agregó: «Nuestro objetivo debe ser, por un lado, garantizar la provisión de insumos para que la cadena de abastecimiento se cumpla. Y, por otro, asegurar que los precios de los productos de consumo más relevantes sean accesibles para todas las familias argentinas». El Presidente también se refirió a una nueva convocatoria «a los representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil a una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación». En la misma línea, dijo que ha dado indicaciones a sus ministras y ministros «para que construyan acuerdos con los diferentes sectores pero que no duden en aplicar todas las herramientas del Estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias». Entre otros instrumentos, se refería a la Ley de Abastecimiento.
El Presidente también señaló que se necesitan «luchadores contra la especulación y la inflación en cada comercio, en cada mesa, en cada casa».
Es decir: la lucha contra la inflación es también una tarea de toda la sociedad, con participación plena de la ciudadanía. Es el llamado a un gran proceso de movilización social en el marco de un proyecto de crecimiento con distribución e inclusión social.