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Es un enorme avance que hoy en la Argentina discutamos qué hacer con la inflación asumiendo que se trata de un fenómeno multicausal. Hasta el FMI ha terminado aceptando ese punto de vista. La definición de multicausalidad habilita a buscar respuestas integrales para el problema. Ello quiere decir que, además de tener en cuenta lo monetario, es necesario analizar otras dimensiones del fenómeno y aplicar diversos instrumentos, entre ellos, las políticas de control y de acuerdo de precios y el desacople entre los precios internacionales y locales para los productos exportables.
Una de las variables de esa multicausalidad es la concentración económica y la capacidad de las grandes corporaciones de obstruir las regulaciones estatales. Por ejemplo, en el desagregado de los precios de enero, el rubro que más creció fue Comunicaciones: un 7,5%, muy por encima del 3,9% del crecimiento promedio de los precios. Hace un tiempo, en agosto de 2020, el presidente Alberto Fernández dictó un decreto que definía a las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, como servicios públicos esenciales y, por lo tanto, sus precios quedaban regulados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Inmediatamente, las corporaciones del rubro presentaron amparos ante el sistema judicial y este falló a favor de esas empresas dejando sin efecto la aplicación de la resolución dictada por el gobierno nacional. Desde entonces, esa situación se ha mantenido.
¿Cuál fue la consecuencia? A partir de que los fallos inhibieron la acción regulatoria del Estado, los precios de estos servicios terminaron subiendo muy por encima de la media. Es un buen ejemplo de porqué son necesarias las regulaciones y de porqué algunos sectores políticos vinculados a la economía concentrada se oponen a ellas.
Pero, ¿qué es lo que hace el gobierno ante los aumentos? Ha puesto en práctica una serie de iniciativas entre las que se encuentran: la renovación del acuerdo con frigoríficos y supermercados para la comercialización de siete cortes de carne vacuna a precios acordados y la prolongación, en enero pasado, del programa “Precios Cuidados” para más de 1.300 productos de consumo masivo, entre otras medidas. Como consecuencia de ello los precios de los productos alcanzados por los acuerdos tendieron a subir por debajo del promedio.
La gestión actual intenta aplicar más regulaciones pero las grandes empresas concentradas responden con acciones destinadas a dejar sin efecto tales medidas. Para ellas hay que eliminar todas las intervenciones del Estado y que sea sólo el mercado el que determine los precios. La Argentina tiene un grave problema de concentración económica y su consecuencia es una dura disputa entre esos sectores concentrados y el Estado tratando de regularlas.
En los últimos días, se comenzó a hablar de una nueva iniciativa: la creación de una Empresa Estatal de Alimentos a través de la cual pequeños y medianos productores de todo el país, en principio de verduras y hortalizas, puedan acceder a los grandes centros urbanos, distribuir allí sus mercaderías y, de ese modo, diversificar la oferta y establecer precios de referencia.
Pero mientras el Gobierno intenta desplegar nuevas medidas como las que estamos describiendo, hace pocos días la cámara que agrupa a las empresas de origen estadounidense que operan en nuestro país (AmCham Argentina) se reunió con el Embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley. Por supuesto, estas compañías sostuvieron la necesidad de eliminar todo tipo de regulaciones, por ejemplo, los límites al giro de divisas hacia el exterior o las restricciones cambiarias.
Encontrar las soluciones no es fácil. Pero menos fácil aún es llevar a la práctica esas soluciones. Enfrente están las enormes corporaciones de la economía concentrada. La tarea es titánica: encontrar modos de reducir la concentración económica que es uno de los factores de la multicausalidad que genera la inflación en la Argentina.
Mientras tanto, lo que ha logrado amortiguar el efecto de la suba de los precios –aunque no resolverla- es la actualización permanente de los salarios que se viene produciendo a través de los convenios colectivos de trabajo. Los datos oficiales muestran que entre agosto y diciembre, pese a la aceleración inflacionaria, los salarios de los trabajadores y trabajadoras registrados/as no perdieron valor porque hubo recomposiciones en el marco de la reapertura de paritarias. Algo similar ha ocurrido con las jubilaciones: las actualizaciones a partir de la aplicación de la nueva fórmula han permitido amortiguar el aumento de los precios. Además, a pesar de las limitaciones presupuestarias post pandemia macrista, durante 2021, los sectores más vulnerables recibieron beneficios tales como la ampliación del universo alcanzado y de los montos de la Tarjeta Alimentar, y bonos extraordinarios para jubilados y beneficiarios de planes sociales.
Por supuesto: el atraso de los salarios y de las jubilaciones, producto de las dos pandemias, es enorme y, más allá de las recomposiciones, esos ingresos son muy bajos y hay que continuar trabajando mucho para mejorarlos. Además, hay sectores como los trabajadores y trabajadoras no registrados/as que son las víctimas principales del movimiento inflacionario porque no tienen la posibilidad de participar en paritarias ni en ningún mecanismo institucionalizado de reactualización salarial.
Mientras se avanza en la búsqueda de respuestas más estructurales a la inflación, hay un Estado presente y activo que pelea para tratar de que los sectores populares, incluidos los sectores medios, no vean afectados el valor de sus ingresos.