Tiempo Argentino | Opinión
Las noticias de estos días están inevitablemente atravesadas por la renegociación de la insostenible deuda con el FMI que dejó la gestión de Juntos por el Cambio y un foco de las discusiones está puesto en la celeridad con la que se llegue a la convergencia fiscal.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, lo dejó en claro en una reciente entrevista: “Prácticamente hay acuerdo sobre hacia dónde hay que converger, cuál es el resultado fiscal primario. La diferencia está en las velocidades y eso tiene que ver con que se están mirando objetivos diferentes”. Es decir, según los tiempos que plantea el organismo habría dos problemas: el primero –explicó Guzmán– es que “detendría la recuperación económica en el corto plazo. El segundo es que el punto en el cual se enfocaría la más rápida consolidación fiscal sería en una expansión menor de la inversión en infraestructura pública (…). Para nosotros eso es crítico, porque esa inversión es la que más necesita Argentina (…). Es ahí donde está la tensión”.
Para dar una idea del marco en el que se negocia, funcionarios del Fondo acaban de publicar en un blog del organismo que “algunas economías emergentes ya han empezado a modificar su política monetaria y están preparándose para replegar el apoyo fiscal a fin de abordar la deuda e inflación crecientes (…). Los (países) que soportan presiones inflacionarias más fuertes o tienen instituciones menos sólidas deben actuar más rápido y con medidas de mayor alcance”. Y por si faltaba rigor, se aclara que los bancos centrales que cuentan con suficientes reservas pueden intervenir, siempre que tal intervención “no suplante el debido ajuste macroeconómico”. Nada nuevo bajo el sol, es el mismo Fondo de siempre.
Por su parte, en el mismo blog del organismo, en el texto titulado “El FMI continúa su adaptación para afrontar los retos globales” se dice: “para que el FMI continúe cumpliendo su mandato, establecido hace más de 75 años en su Convenio Constitutivo, son necesarios cambios de dirección; en particular, el mandato de brindar asistencia a sus países miembros para superar los problemas de balanza de pagos sin recurrir a medidas que pongan en peligro la prosperidad nacional o internacional”. Sin ser optimistas respecto de las habituales autocríticas del FMI, es una mención que refuerza la posición de las autoridades argentinas, que no quieren poner en peligro la recuperación económica.
Mientras tanto, los apoyos del exterior siguen apareciendo. Un análisis de Karina Patrício Ferreira Lima y Chris Marsh, especialistas en leyes y miembros del Centro de Investigación Social, dependiente de la prestigiosa London School of Economics, sostiene que el acuerdo con el FMI debería considerarse nulo. Se señala que el mayor programa en la historia del Fondo “fracasó en todos sus objetivos centrales, viola los fines fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo y, por tanto, constituye un acto «ultra vires»”. Este es un principio jurídico internacional que considera inválidos los actos de las entidades públicas o privadas que rebasan el límite de la ley.
Asimismo, concluye que era previsible que el diseño del programa llevara a una ampliación de la duración y del desequilibrio de la balanza de pagos por la falta de pedidos de controles para evitar la fuga de capitales, que el Fondo estaba legalmente facultado a solicitar. Esta afirmación está en la misma línea de lo señalado por el ministro Guzmán, acerca de que el problema de balanza de pagos que enfrenta la Argentina es justamente la propia deuda con el FMI.
No deja de ser importante la noticia que difundió el Fondo respecto de que su Directorio discutiría en los próximos meses la forma de operacionalizar el Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad, que se constituirá con los DEG de los países que no los utilicen, y que fueran emitidos en agosto. Según el FMI, “de forma consistente con la naturaleza de largo plazo de los problemas de balance pagos que el Fondo de Resiliencia busca tratar, los préstamos deberían tener una duración mucho más larga que el tradicional financiamiento del FMI. Específicamente, los equipos técnicos proponen 20 años de extensión y un período de gracia de 10 años”. Si bien el monto que se podría recibir es poco (a lo sumo 1.400 millones de dólares) y recién a fin de año, la frase marca un camino a tener en cuenta en la negociación principal que hoy se tiene con el organismo. Para muestra de lo que habría que hacer, aunque en otras proporciones, sólo basta un botón.
Otros apoyos importantes recientes tuvieron que ver con el tema de las sobretasas. Legisladores/as del Partido Demócrata norteamericano le enviaron una carta a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, para apoyar la iniciativa sobre la reducción de tasas que cobra el Fondo a los países más endeudados. En ella se menciona que “según el Banco Mundial (…) más del 80% de los nuevos pobres viven en los países de ingreso medio como Argentina, Egipto y Pakistán, muchos de los cuales están sujetos a las sobretasas del FMI”. “A nivel nacional el Congreso y el Presidente Biden persiguen una fuerte agenda contracíclica que ha salvado al país del colapso. Los Estados Unidos deberían permitir hacer lo mismo al resto de los países del mundo”, finaliza la misiva, criticando el doble estándar que suelen utilizar las grandes potencias.
Desigualdades que matan
Según el último informe de Oxfam, “Las desigualdades matan”, tal es la concentración de la riqueza que sólo con las ganancias que Jeff Bezos ha amasado desde que comenzara la pandemia se podría vacunar a toda la población mundial. El ejemplo de las vacunas da pie para reflexionar sobre los temas más estructurales.
Desde el inicio de la pandemia, según los datos que brinda Oxfam, “ha surgido un nuevo milmillonario cada 26 horas”, mientras que se estima que 160 millones de personas han caído en la pobreza. En este marco, con un impuesto excepcional del 99% sobre los ingresos extraordinarios que las 10 personas más ricas del mundo han obtenido durante la pandemia de Covid-19, señala Oxfam, “se podría movilizar dinero suficiente para fabricar suficientes vacunas para toda la población mundial y cubrir el déficit de financiación de las medidas climáticas, financiar unos servicios de salud y protección social universales y apoyar los esfuerzos para abordar la violencia de género en más de 80 países. Y aun así, estos hombres seguirían teniendo 8.000 millones de dólares más que antes de la pandemia”.
Todo ello deja expuesto el difícil contexto que atraviesa el mundo producto de las políticas neoliberales que prevalecieron desde la década del ochenta y que, como he mencionado en muchas oportunidades, se exacerbó con la llegada del Covid-19. La humanidad no puede llegar a buen puerto si se sigue por el mismo rumbo.
En el caso argentino, pasamos de ser un país de bajo endeudamiento en 2015 a tener en tiempo récord una deuda imposible de afrontar y que condiciona los márgenes de soberanía. No obstante, en 2021 la Argentina tuvo una recuperación notable del PIB, de alrededor del 10%, revirtiendo casi todo lo perdido durante el 2020. En las actuales circunstancias hay dos claros escenarios en disputa. Uno, inviable por donde se lo mire, incluye ajuste y recesión, y no hace sostenible el frente financiero externo. El otro, el que persigue el gobierno, busca afianzar el crecimiento, que se puedan pagar las deudas e ir revirtiendo el deterioro social. El sendero a transitar está más que claro.