Página/12 | Opinión
Hubo dos pandemias recientes en la Argentina. La primera, la neoliberal, producto de las políticas implementadas por Mauricio Macri. La segunda, la sanitaria, generada por la circulación global del virus. Pero una de ellas fue económicamente más costosa que la otra. A esto se refirió la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuando sostuvo esta semana que la pandemia macrista le costó al Estado nacional un 1,1% del PBI y la pandemia sanitaria el 0,9%. Es decir: los recursos que el país destinó a comprar vacunas, a crear más lugares de atención sanitaria, a habilitar más camas de terapia y a ayudar a pagar los sueldos de muchas empresas que de lo contrario hubieran cerrado, entre otras medidas, fueron menores a los fondos destinados a atender las deudas que dejó la gestión anterior.
Por eso, llama la atención la actitud de la oposición de Juntos por el Cambio. Son los responsables de contraer una deuda externa enorme, entre otras tantas calamidades, pero, lejos de ayudar a quienes ahora gobiernan y tratan de resolver los problemas que ellos generaron, hacen todo lo contrario: por ejemplo, parecen estar más cerca de las posiciones de los acreedores que de los planteos que defiende la Argentina.
En febrero de 2021 el Congreso aprobó por amplia mayoría la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. La norma establece que tanto el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera y con prórroga de jurisdicción, como los acuerdos futuros con el FMI requieren aprobación del Parlamento de la Nación.
En aquella oportunidad, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo: “Esta Ley cuida a nuestra Argentina. Desde hoy, todo acuerdo con el FMI o endeudamiento externo con títulos públicos deberá ser aprobado por el Congreso y debatido de frente a la sociedad. Evitar las crisis de deuda que condicionan el futuro de nuestra gente es política de Estado”.
En mi intervención como uno de los miembros informantes del proyecto, afirmé que la norma “es un gran paso para ir consolidando y afianzando la institucionalidad. Va a marcar un hito en la historia legislativa de nuestro país, en lo que tiene que ver con el endeudamiento”.
A su turno, el diputado Luciano Laspina dijo: “nosotros no podemos avalar o no un determinado programa con el Fondo Monetario Internacional ―que incluye de por sí una estrategia de política económica― porque no formamos parte del Poder Ejecutivo y porque además somos la oposición, que tenemos otras ideas en materia de política económica”.
Está claro: a partir de esta definición, tienden a oponerse a todas las iniciativas del gobierno, incluso a aquellas que intentan resolver problemas que generaron ellos cuando gestionaban.
Mientras tanto, la Argentina, con firmeza y dignidad, le dice una y otra vez al organismo multilateral de crédito: “Sí, nosotros queremos acordar, queremos pagar, pero queremos hacerlo en condiciones tales que no signifiquen ajustar las condiciones de vida de los argentinos y las argentinas”.
Ante la demanda de ajuste, la Argentina responde: “No es que no queremos un arreglo rápido, es que estamos convencidos de que un mal arreglo es peor que un no arreglo”. Este es el escenario en el que estamos.
En este marco hay que analizar las reuniones del canciller argentino con el secretario de Estado de los EE.UU., entre otros funcionarios norteamericanos. Lo que la Argentina les dice a los países que, por su participación accionaria en el Fondo, tienen peso crucial sobre las decisiones que se toman en ese organismo es: “la Argentina tiene que tener un plan de crecimiento, no tiene que tener un plan de ajuste”.
En el año que pasó, nuestro país creció alrededor de un 10%. El plan expresado en el Presupuesto que el Ejecutivo envió al Parlamento, que no se pudo aprobar por la actitud obstruccionista de la oposición, prevé que la Argentina siga creciendo en 2022 y sigan aumentando sus ingresos fiscales. De ese modo, es posible hacer frente a un plan de pagos de la deuda en la medida que ésta sea reordenada a través de, entre otros cambios, un período de gracia inicial suficientemente prolongado, que permita volcar todos los recursos al crecimiento. El gobierno no trabaja con la alternativa de no pagar, trabaja con la alternativa de no ajustar.
De allí que las discusiones con el FMI estén concentradas principalmente en dos temas. El primero tiene que ver con los distintos tiempos que el gobierno y los acreedores proponen para alcanzar en el país el déficit cero. Argentina plantea un periodo de siete años para conseguirlo. El FMI reduciría ese tiempo a dos años. Esta segunda alternativa pondría al país ante la necesidad de un ajuste muy fuerte durante 2022 y 2023. Sería prácticamente un suicidio. Por lo tanto, esa propuesta a mi juicio no es aceptable.
El segundo tema en discusión es el de las sobretasas. El monto que el FMI puede prestar es una cantidad de veces el patrimonio que cada país miembro tiene en el organismo. Para el caso de Argentina, es una suma mucho menor al crédito de 57 mil millones de dólares aprobado durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, para poder conceder ese préstamo, el FMI debió actuar por fuera de su propio estatuto y, para ello, necesitó de una mayoría especial que sólo pudo alcanzar con EE.UU. votando a favor. Cuando se conceden estos créditos por fuera de las normas, el estatuto del Fondo establece una tasa de interés más alta dado el mayor riesgo de la operación. En consecuencia, el crédito que obtuvo la Argentina fue a una tasa de interés de 1% pero con una sobretasa adicional del 3%. Es esta sobretasa la que el gobierno argentino propone eliminar. Por lo cual, el Fondo nos cobra ese 3% adicional pero fue ese mismo organismo el que le concedió al gobierno de Macri un crédito mucho mayor del que le podía dar. Además, ahora pretende que se lo devolvamos en un plazo en el que no es posible devolverlo. Y nos dice: “no hay más plazos, tienen que hacer un ajuste”. Esa es la herencia que nos dejaron. Esa es una de las consecuencias de la pandemia macrista.
La Argentina continúa negociando con firmeza y con dignidad.
Porque la clave no es arreglar rápido: la clave es arreglar bien.