Nodal | Opinión
El resultado de la reciente cumbre del G20 en Roma fue auspicioso para nuestro país. Algunas de las ideas desplegadas por los funcionarios argentinos junto con los de otras naciones en torno a la asimétrica estructura financiera internacional fueron plasmadas en el documento final del encuentro. Una estructura en la que la Argentina se encuentra inmersa, pues destaca la importante renegociación de la deuda en dólares con acreedores privados y, también, la negociación actual con el FMI por la deuda de 45.000 millones de dólares que posee con el organismo. Un monto que en la actualidad equivale a más de un tercio del total de los fondos otorgados por el FMI a sus países miembros.
En una de sus intervenciones en el encuentro, el presidente Alberto Fernández señaló: “estamos ante un problema para la pospandemia, hay un mundo sufriente que vive una crisis económica que requiere financiamiento porque hay una enorme desigualdad que debe ser advertida”. En relación con la situación local en particular dejó bien en claro que Argentina no va a pagar el año próximo 19 mil millones de dólares. “Queremos un acuerdo que Argentina pueda cumplir y el que firmó Mauricio Macri era incumplible”. Alberto Fernández también agregó que para que nuestro país pueda afrontar la deuda el organismo de crédito debe cambiar sus reglas para devolver los préstamos.
En este marco, la postura argentina hace foco, además, en dos cuestiones: la eliminación de sobretasas y la redistribución de los Derechos Especiales de Giro (DEGs).
En la reunión de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20 de abril pasado, Argentina y México lanzaron una declaración conjunta. Allí manifestaron que en el escenario económico que se dio en el marco de la pandemia, los países de ingresos medios fueron los más expuestos a sufrir un empeoramiento en sus niveles de deuda. Para las economías avanzadas “la situación no ha sido especialmente desafiante” dadas sus bajas o negativas tasas de interés, mientras que las más pobres “obtuvieron el apoyo de la comunidad internacional, a través de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda”. Por su parte, los países de ingresos medios que poseen “el 62% de las personas en situación de pobreza del mundo” no acceden a los mismos beneficios. Se plantea entonces la posibilidad de crear nuevos mecanismos que logren una redistribución de los recientemente asignados DEGs y puedan beneficiar también a los países de ingresos medios que los necesitan. Alberto Fernández lo reiteró en la cumbre del G20: “sería trágico que los DEGs engrosaran reservas de países que no lo necesitan, mientras aumenta el atraso de países que necesitan financiamiento como el agua”.
Es alentador que en la elaboración del reciente documento final de la cumbre del G20 en Roma, se manifiesta la voluntad de que “los miembros con fuertes posiciones externas amplíen su impacto a través de la canalización voluntaria de parte de los DEGs asignados para ayudar a los países vulnerables”.
En cuanto a la eliminación de las sobretasas, son 2 puntos porcentuales que establece el Fondo cuando el monto prestado excede el 187,5% de la cuota que posee cada país en el organismo, y si el crédito permanece por encima de ese porcentaje por un período prolongado, se agrega un 1% adicional.
Para Argentina, que se encuentra actualmente afrontando una sobretasa del 2% por el excesivo monto adeudado (1.001% de la cuota), los pagos de sobretasas implican unos 1.000 millones de dólares al año.
El G20 también se expresó sobre este tema en su declaración final: “nuestros ministros de Finanzas esperan con interés que se siga debatiendo la política de sobrecargos en el Directorio del FMI en el contexto de la revisión intermedia de los saldos precautorios”. Otro fuerte apoyo a las posturas del Gobierno argentino.
En el caso argentino, como bien lo señaló el presidente Fernández: “son tan responsables los que se endeudaron sin atender las ruinosas consecuencias sobrevinientes, como los que dieron esos recursos para financiar la fuga de divisas en una economía desquiciada”. Cuando la Argentina tomó la significativa deuda con el FMI a mediados de 2018, los acreedores privados ya no le otorgaban fondos frescos, porque eran conscientes de que el país no tenía capacidad de repago luego del enorme endeudamiento macrista.
El gobierno del Frente de Todos está dando pasos importantes para resolver esta compleja situación, es valioso el apoyo obtenido por parte de los países del G20 ya que, en su conjunto, poseen alrededor del 78% de los votos en la toma de decisiones del Fondo. Muy cerca del porcentaje requerido para aprobar cambios en las condiciones de endeudamiento de los países, que es del 85%. Cabe resaltar que el apoyo de Estados Unidos es indispensable, dado el poder de veto que tiene ese país por poseer el 16,5% de los votos.
Entre los objetivos que el propio FMI describe como fundamentales, se encuentra el de “poner recursos a disposición de los países miembros que experimentan desequilibrios en su balanza de pagos”. Paradójicamente, como lo describió el ministro de Economía Martín Guzmán, en el caso argentino “se invierte la lógica”: el problema de la balanza de pagos hoy existe por el endeudamiento con el FMI. Incluso, con el actual superávit comercial.
Los equilibrios macroeconómicos, conservados y en crecimiento
La balanza comercial continúa siendo superavitaria, habiéndose acumulado durante los primeros nueve meses del año el mayor saldo positivo para dicho período de los últimos 12 años. Además, la actividad económica local continúa en recuperación, y ya alcanzó los valores prepandemia sanitaria (febrero 2020). El sector industrial muestra un alza del 5% acumulada hasta agosto de 2021 con respecto a igual periodo de 2019. Los indicadores privados indican una continuación de la mejora en septiembre.
En lo monetario, la emisión registró una caída real del 8,1% en lo que va del año 2021, luego del aumento del año anterior para ayudar a financiar los gastos para enfrentar la pandemia. Hay una menor demanda de asistencia financiera al BCRA por parte del Tesoro Nacional, producto de la positiva política de obtención de financiamiento en pesos en el mercado de títulos públicos. Las obligaciones de deuda del tercer trimestre de 2021 fueron superadas en un 17%.
La evolución de los precios internos sería la excepción con respecto a los datos expuestos. La variación acumulada hasta septiembre 2021 fue del 47,1%. Ante esta situación, el gobierno argentino ha intensificado las medidas contra la inflación.
La Secretaría de Comercio Interior de la Nación Argentina estableció, a mediados de octubre, el congelamiento de precios de unos 1.400 productos de consumo masivo (alimentos, productos de higiene, etc.) por noventa días. A pesar de la reticencia de algunos sectores empresarios concentrados, la medida logró un freno en los precios a partir de su entrada en vigencia. A lo anterior se sumó el acuerdo al que se llegó con las tres cámaras de laboratorios, nacionales y multinacionales, para retrotraer el precio de los medicamentos de prescripción al 1 de noviembre y mantenerlos hasta el 7 de enero próximo. Un rubro de gran importancia que viene sufriendo incrementos que se encuentran por encima de la inflación. Se impulsará además la prescripción de medicamentos por nombre genérico, una normativa vigente desde 2002, pero que no tuvo buenos niveles de cumplimiento en los últimos años. Una vez más, el gobierno argentino actuó en consonancia con las prioridades que estableció desde el comienzo de su gestión: cuidar el poder adquisitivo de la población, entre ellas. No sin dificultades, continúa en el proceso de poner límite a la acumulación de riqueza en pocas manos. El congelamiento de precios y las acciones que se lleven a cabo en los siguientes días para ir reduciendo los niveles de inflación constituyen un desafiante objetivo.